El Gobierno nacional lanzó 250 proyectos para la puesta en valor y equipamiento de los 847 Centros Integradores Comunitarios (CIC) del país, creados en barrios vulnerables para el desarrollo social de esas comunidades con el trabajo de los propios vecinos en articulación con municipios y organizaciones, informó el Ministerio de Desarrollo Social.

Unos 3 mil millones de pesos serán destinados a ese objetivo, a través del programa Participar en Comunidad, que materializará también otras 240 iniciativas para que los vecinos pongan en marcha proyectos laborales, sociales y culturales, en un período que abarca el último trimestre de este año y todo el 2021, explicó en una entrevista con Télam la subsecretaria de Desarrollo Humano, Laura Berardo.

Los CIC, construidos en su mayoría entre el 2004 y el 2015 en todos los distritos, son espacios de integración vecinal, con la impronta de cada barrio. Su principal objetivo es el reencuentro y la organización de la comunidad por sí misma para llevar adelante actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas.

La orquesta popular de Villa Palito, La Matanza, conformada por niños, jóvenes y adultos, es una prueba de ello, al igual que la radio comunitaria que funciona en Cañuelas, organizada por los jóvenes que viven en las inmediaciones del centro integrador.

La pandemia de coronavirus paralizó mucho de lo que había empezado a reactivarse este año, luego de la gestión de Mauricio Macri, que «se desentendió de los centros y dejó todo en manos de las comunidades e intendencias, que debieron hacer enormes esfuerzos para mantener los CIC en pie con sus propios medios», explicó Berardo.

La irrupción de la Covid-19 en el país también obligó, en algunas regiones, a utilizar los centros como dispositivos al servicio de las necesidades de cada barrio frente a la emergencia sanitaria.

Ahora, la idea es poner en valor esos espacios, reconstruir el tejido social de cada localidad, «empobrecido por el macrismo y la pandemia» y diseñar esquemas de trabajo para que los actores de la comunidad sean «protagonistas» en el camino de «garantizar los derechos de la primera infancia y la soberanía alimentaria», explicó Berardo.

Por otra parte, además, algunos de los CIC ya empezaron a actuar en los primeros pasos hacia la urbanización de los barrios populares, algo que, según la funcionaria, responde a la «alta valoración que el ministro Daniel Arroyo tiene de las redes comunitarias».

Es que los CIC cuentan con una Mesa de Gestión conformada por la propia comunidad para discutir, planificar y evaluar políticas sociales, en el marco de una gestión nacional, provincial y municipal que entiende que los ciudadanos no pueden ser meros receptores de programas, sino parte fundamental del armado y sostén de esos emprendimientos, explicaron desde Desarrollo Social.

En lugares alejados de los grandes centros urbanos, incluso, los CIC se convierten en «los principales referentes del Estado».
Como un camino más hacia la salida de la crisis causada por la pandemia, el Gobierno llevará a las mesas de gestión propuestas con perspectiva de derechos y la idea de realizar trabajos para mejorar la infraestructura de los CIC y así reactivar sus funciones.