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Las sospechosas compras directas por 10 millones de pesos durante la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia. El juicio contra exfuncionarios y empresarios por presunta corrupción durante el temporal de 2017 continuaría la próxima semana

El debate por corrupción durante la Emergencia Climática que se realiza en el Retiro Espiritual de Rawson deja datos que llaman la atención. En la última audiencia –previo a la recusación de los fiscales por parte de los acusados- surgió que la empresa la Agrícola Srl, propiedad de Bruno Taurelli Chiribao, le vendió al Estado Provincial 466.000 kilos de leña en el marco de la Emergencia Climática.

“El transporte de casi medio millón de kilos de leña significa el transporte de 17 camiones” graficó el fiscal Omar Rodríguez para dar dimensión de los valores. Pero la leña nunca habría llegado en su totalidad a los productores. “Es parte de la prueba que queremos exhibir y demostrar que la totalidad de la leña no llegó a las personas afectadas”, indicó Rodríguez.

Otro dato. Se facturaron 10.000 fardos de pasto para animales y 11 mil kilos de carne. “Los 11 mil kilos de carne no era una compra lógica dentro de una emergencia climática, ya que –surge claramente de los testimonios rendidos- no había ninguna cámara de frio para resguardarla, recordemos que no había electricidad en Comodoro Rivadavia. Y tampoco el Ministerio de Familia tenía cámaras de frio”.

Tampoco era sensata la compra de 10 mil fardos de pasto para trasladar a una ciudad donde no hay cría de animales. El total de este dinero es superior a los 10 millones de pesos.

La causa Revelación ya tiene varios ex funcionarios de la gestión das Neves que fueron condenados en las últimas horas por haberse quedado con retornos por coimas con empresas de la provincia, en diálogo con FM DEL LAGO el Fiscal Napoli confirmó “en el día de ayer Pagani, Cisterna y Bortagaray quedaron detenidos, los defensores han impugnado esta resolución de prisión preventiva, ahora otro tribunal va a resolver, probablemente tienen chances de recuperar la libertad y pasar lo que resta hasta la impugnación de la cámara en libertad, pero en algún momento van a tener que cumplir la pena, Cisterna tiene una condena de 7 años y 8 meses, Pagani y bortagaray de 4 años y 6 meses, si no se altera este número van a tener que cumplir un buen tiempo privados de libertad, el tiempo pasa y la persona tarde o temprano recupera a libertad, muchas veces vemos cómo se reinventan y están nuevamente en el tapete político de la provincia, esto nos da un panorama alentador con esta pena que va a adosada a la inhabilitación perpetua”.

Respecto al patrimonio recuperado, el fiscal precisó “Carpintero tiene que devolver la casa del Barrio Bonarino en Trelew mas una multa de 12 millones, a Oca se le impuso una multa de 3 millones, después todo el recupero que fueron cuestionadas pero que han aumentado este monto de manera significativa”

Según la fiscalía, quedó probado que Das Neves era el Jefe de la Banda

Napoli dio detalles de la investigación que terminó con varios funcionarios dasnevistas tras las rejas, “ha quedado establecido que Das Neves era el jefe de la asociación ilícita, en un momento de escasez financiera estos empresarios pagaban retornos para adelantarse al cobro antes que otras empresas de menor cuantía, o quienes no tenían la posibilidad de acceder a los funcionarios públicos para realizar esta transacción, quienes tenían la mayor cantidad de obra pública era quienes digitar como cobrar, mucho de ese dinero se repartía en sobresueldos, a Chubut Somos Todos y los gastos de campaña por eso vamos a dar sentencia al Juzgado electoral, financiarse de ese modo va en detrimento de otros partidos políticos, competir con quien detenta la caja pública es desleal”.

Respecto a la participación de empresarios en el armado de la red de corrupción con la obra pública más grande de la historia de Chubut, el fiscal manifestó “había empresas que estaban en estado de quiebre financiero y eso se pudo corroborar, hubo otros que pagaban estas coimas sin reparos, esto o se cobraba en la re determinación de los pagos o se cargaba en la liquidación previa, los empresarios no perdían y hoy ninguno está quebrado”.

Consultado el fiscal sobre su visión del sector político y la corrupción, remarcó “yo creo que se cuidan más, creo que no puede erradicarse de un palmazo toda la actividad de corrupción de los gobiernos, creo que hay que magnificar los mecanismos de control ciudadano y tratar de minimizar la incidencia que esto actos tengan, necesitamos del ciudadano para avanzar en esto, en este caso hemos tenido la satisfacción por los testigos que se presentaron y declararon, mucho tuvo que ver con las segundas y terceras líneas de los ministerios de economía, infraestructura, vivienda, no todo el mundo es igual, hay gente de carrera que ha sido honesta, esto también va dedicado a ellos”.

En los detalles, Napoli contó que quien inició con el tramado de corrupción que lideraba Das Neves fue Cisterna, quien fue ministros de Economía “el primer pedido era a través de Cisterna, era quien había organizado el sistema de cobros, después cuando Cisterna se aleja tomó la posta Diego Correa quien toma la posta de esta asociación ilícita con gente que tenía diseminada en la provincia, el sistema estaba más que aceitado”.

Los fiscales de la Unidad Anticorrupción, presiones ante las investigaciones por corrupción que salpican al poder político

Napoli contó cuán difícil es para el grupo de fiscales que trabajan constantemente con causas que tienen que ver con la corrupción, poder avanzar en las investigaciones y poder llegar a juicio, al respecto admitió “las constantes denuncias en el consejo de la magistratura, a mí se me abrió un sumario durante el juicio Revelación con un juicio de 8 horas, me abrieron un sumario por juicio abreviado para dos imputados, cuando este está avalado por jurisprudencia, uno siente que los golpes vienen de varios lados, y no se corresponde con lo que uno está trabajando, una consejera de Esquel dijo que Napoli fue a la audiencia no leyendo un artículo, fue la consejera Nelly Garcia, no puedo ir a una audiencia no habiendo leyendo el artículo 355 del código procesal, uno hasta insulta la inteligencia, hay que reconocer el trabajo que se ha hecho, esto tiene un impacto a los demás fiscales de la provincia, tenemos un sueldo de primera y ese sueldo viene a reparar estos gajes, tener que atravesar estas situaciones que también nos afectan

Por último, en agradecimiento al equipo de la unidad especial, manifestó “agradezco a Iturrioz que ha sido uno de los impecables, al fiscal Gustavo Nuñez, la contadora Carlen, Ximena Villalba, Brian Lías, Juan Carlos Núñez que hemos sido un excelente equipo de trabajo”.

 

Desde la propia Casa de Gobierno, en Rawson, habían organizado una banda que se ocupaba de pedir coimas y pagar sobresueldos (a ellos y a otros leales a su causa). También utilizaban fondos del Estado para lavar activos; adquirir propiedades o realizar mejoras en las que ya tenían.

Por la causa Embrujo fue el único que quedó detenido. Ahora, tras el fallo por la causa Revelación, se le ratifica a Diego Correa que será el único que deberá cumplir una pena importante tras las rejas.

Fueron muchos exfuncionarios del tercer gobierno de Mario Das Neves los que participaron de las maniobras, pero a la hora de responder el único que tendrá un tiempo largo de meditación en la cárcel será Diego Correa, aquel policía federal que el exgobernador conoció cuando era titular de la Aduana nacional.

Hasta este martes a la mañana, también Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray pasarían un corto tiempo en la cárcel, pero un tribunal de segunda instancia entendió que no lo merecían, sino que bastaba con que cumplieran arresto domiciliario con tobilleras electrónicas.

El lunes se conocieron las condenas en primera instancia en la causa Revelación y ya allí se pudo apreciar que Correa volvía a ser el chivo expiatorio, dado que el resto recibió penas que hoy se pudo comprobar que no les harán pasar en prisión más tiempo que el que estuvieron cuando fueron detenidos hace tres años, al estallar las dos causas más grandes de corrupción de este siglo en Chubut: el 7 de marzo de 2018 la denominada “Embrujo”; y el 23 de mayo del mismo año la que se conoció como “Revelación”.

LOS NOTABLES

En ambas causas aparecieron involucrados notables del pasado mediato e inmediato, como el exdiputado nacional (2001-05) Víctor Cisterna; Alejandro Pagani (titular de Infraestructura en el último gobierno de Mario Das Neves, aunque había tenido influencia en los anteriores); los denominados alguna vez “jóvenes brillantes” Gonzalo Carpintero, Alberto Gilardino y Federico Gatica; el exministro de Economía, Pablo Oca; el extitular del IPV, Martín Bortagaray; y el inefable Diego Correa, quien a juzgar por los hechos era el verdadero hombre fuerte del último gobierno del malogrado Das Neves.

Estos fueron los dirigentes de más peso que llegaron a juicio, donde también se sentaron en el banquillo otros de menor rango y particulares que hicieron sus negocios con dineros del Estado.

Tal vez la jueza Ivana González –integró el Tribunal que juzgó la causa Revelación- fue quien mejor sintetizó el daño ocasionado por quienes integraron un gobierno que debía velar por los intereses comunes de todos los chubutenses.

“Fueron circunstancias graves y tenemos que tener en cuenta la expectativa de pena”, dijo en alusión a la cantidad de años a los que fueron condenados Cisterna, Pagani y Bortagaray (7 años y medio el primero y 4 años y ocho meses los otros dos).

“Se trata de ex funcionarios públicos y esta condición está relacionada con las posibilidades concretas de fugarse”, añadió la magistrada al reclamar la prisión de efectivo cumplimiento para los citados, sin privarse de destacar la “mesura” con la que se manejó el fiscal Marcos Nápoli, mencionado en los últimos días para integrar el Superior Tribunal de Justicia.

Además de los arriba citados, en esta causa también fueron juzgados el exministro de Economía, Pablo Oca, y el restante exsecretario privado de Das Neves, Gonzalo Carpintero. Ambos recibieron la pena justa para evitar la cárcel; es decir lo mismo que habían acordado el año pasado con el fiscal Nápoli en un juicio abreviado que finalmente no prosperó.

Aunque se los condenó a 3 años de prisión de efectivo cumplimiento, ambos se fueron a sus casas por el tiempo que ya habían estado en la cárcel y con arresto domiciliario.

EL EMBRUJO

La causa Revelación llegó a juicio un año después que la denominada Embrujo, donde los únicos condenados a prisión fueron Diego Correa y Diego Lüthers. El primero recibió entonces 10 años y en esta ocasión 5 y medio.

En la causa Embrujo, Lüthers mereció una condena de 5 años, pero ya tiene acceso a salidas transitorias.

Los otros condenados entonces –salvo Cristian Gisande- fueron todos particulares que una vez concluido el juicio partieron a sus casas: Daniela Souza; Natalia McLeod; Sandro Figueroa; Juan Carlos Ramón; Rubén Darío Reinoso; Jorge Aníbal Godoy y Federico Gatica.

En la tarde de este viernes, se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Rawson, la audiencia de cesura para los ocho imputados en la causa Revelación, que investiga casos de corrupción en perjuicio del Estado chubutense. En este marco, el fiscal Marcos Nápoli solicitó la cantidad de años de condena para cada uno de los involucrados hallados penalmente responsables.

De ese modo, para el exministro coordinador de Gabinete Víctor Cisterna, el fiscal solicitó 7 años y 6 meses de prisión; en tanto que, para el exsecretario privado del entonces gobernador Mario Das Neves, Diego Correa (ya condenado anteriormente en la causa Embrujo, pidió 5 años y 6 meses. Por otro lado, para el exministro de Economía, Pablo Oca, y para el exsecretario de Correa, Diego Lüters, solicitaron 3 años de prisión.

Para el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani, la pena solicitada fue de 4 años y 10 meses, y para el expresidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Martín Bortagaray, pidieron 4 años y 8 meses.

Por último, para Gonzalo Carpintero, quien fuera mano derecha del gobernador Das Neves, solicitaron 3 años y para Martín Castillo, dueño de Industrias Bass y único empresario enjuiciado, pidieron 2 años de prisión.

Para siete de los imputados también se solicitó la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Solo quedó por fuera Martín Castillo, debido a que no se desempeñaba como funcionario.

Fuente: El Patagónico

El tribunal dio este miércoles a la tarde el veredicto en el que determinó la culpabilidad de siete ex funcionarios de la gestión Das Neves y de un empresario de la construcción, en la causa más importante de corrupción en la provincia.

El juicio de la causa Revelación concluyó este miércoles tras un extensa investigación sobre maniobras de corrupción que involucraron a exfuncionarios provinciales y empresarios del rubro de la construcción. En horas de la tarde los jueces leyeron el veredicto en donde se declaró penalmente responsables a los ocho imputados en la causa, entre ellos, Víctor Cisterna (organizador, en calidad de autor bajo la modalidad de delito continuado en concurso real con exacciones ilegales); Diego Correa (organizador, en calidad de autor por delito continuado con exacciones ilegales); Pablo Oca (miembro de la asociación ilícita como autor y partícipe primario); Alejandro Pagani (miembro de asociación ilícita como autor en concurso real de cohecho pasivo); Martín Bortagaray (miembro de asociación ilícita y cohecho pasivo); Diego Luters (miembro de la asociación en calidad de autor); Gonzalo Carpintero (como autor por enriquecimiento ilícito) y Martín Castillo (cohecho activo en calidad de autor).

En algunos de los tramos el veredicto fue dividido. La fiscalía pudo probar la existencia de una asociación ilícita que tuvo como organizadores a Víctor Cisterna y a Diego Correa y como miembros a Pablo Oca, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Bortagaray. Además se encontró culpables a Gonzalo Carpintero, del delito de enriquecimiento ilícito y al empresario Martín Castillo del delito de cohecho activo.

Los jueces detallaron en primer lugar que no hicieron lugar a los planteos de nulidad realizados por los distintos abogados. Además, la incompetencia fue rechazada, al igual que planteo de que prescribieron los plazos legales. También se rechazó el planteo de inconstitucionalidad de asociación ilícita. 

Corrupción: Hechos probados

El juez Mariano Nicosia manifestó previo a la lectura del veredicto que «hubo variaciones a la teoría acusatoria pero no afectaron la congruencia. El número de participantes de la asociación fue variando, pues se fueron incorporando participantes, pero desde el inicio nunca fue menor a tres. Mario Das Neves tuvo una participación trascendente en el armado, al punto que finalizó cuando desapareció».

En cuanto al hecho principal, la asociación ilícita, indicó que «tres de los imputados admitieron la existencia de una organización criminal montada en la estructura del gobierno en la que empresarios ahogados por sus acreencias dieron pagar a través de un retorno correspondiente a su deuda para cobrar los pagos adeudados. Cisterna y Martín Bortagaray la desconocieron pero otros la admitieron y hay elementos de prueba», expresó.

«Se estableció desde y hasta cuándo duro la organización y fue clave el testimonio de Pablo Oca, con admisión de culpabilidad, como también los hicieron Diego Correa y Diego Luters», detalló y dijo que ésta operó «desde diciembre de 2015 hasta la desaparición física de Das Neves».

Según precisó la jueza, «primero en cabeza de Cisterna y luego en cabeza de Correa, los mismos cheques pasaron de uno a otro. El reconocimiento realizado por Oca, Luters y Correa fue avalado por los empresarios de la construcción».

«En un allanamiento en casa de los padres de Luters se descubren las fotocopias que permitieron dar con los originales de los cheques. También se encontraron elementos de cómo se materializaban los porcentajes de entre 3 y 5 por ciento. También figuraban las planillas de ingreso la y gastos, y hay constancia de pagos en efectivo de empresarios de la construcción.  La mensajería del teléfono de Luters permitió ver la trama de las operaciones. También se acreditó que con el monto recaudado utilizaban gastos políticos, sobresueldos y compra de Canal 9 de Comodoro Rivadavia», detalló Nicosia y mencionó además que «Pagani tuvo participación efectiva al seleccionar con Correa que empresas cobraban y cuáles no».

«Correa gestionó nuevas modalidades y estableció nuevas funciones entre sus integrantes.

En las planillas de pago figuran muchos más funcionarios que deben ser investigados.

Bortagaray puso a disposición de Correa todo el IPV, y fue proactivo ya que brindó toda la ayuda en ese sentido, brindó todas las planillas -admitió el juez- y recibió órdenes de Correa sobre qué empresas iban a cobrar».

«Carpintero tenía un manejo discrecional de esta caja y recibía una de las sumas de mayor importancia, lo que nos da una pista de su importancia, y compartía la misma oficina con Correa, dónde se desarrollaba la actividad ilícita, pero ante el retiro de la acusación en tribunal debe absolver por este hecho al imputado», expresó el juez sobre este juicio de corrupción.

Dijo que el enriquecimiento ilícito de Carpintero ha Sido probado , los peritos demostraron la evolución patrimonial. También fue reconocido por el imputado. Por más que no haya acuerdo en los valores de referencia, el estimativo arroja que el incremento es ilegal, que asciende a más de 800 mil dólares», detalló.

Fuente: ADNSUR

Ahora bien, viéndolo al fiscal Marco Napoli como un héroe en la cobertura que le dieron en las últimas horas los medios de la zona, la pregunta surge casi de manera automática y debe ser la que se estará haciendo la mayoría de los ciudadanos chubutenses: si el finado Mario Das Neves hubiera estado vivo, ¿este o cualquier otro de los fiscales de Miquelarena lo habrían llevado a juicio?

¿Lo estarían acusando hoy de ser el jefe de una asociación ilícita? ¿Cuál hubiera sido el comportamiento de “Yoli” Miquelarena, el jefe de todos los fiscales de la provincia, colocado en ese cargo por el mismísimo Das Neves?

Marcos Napoli en su rol de acusador público en la causa a la que ellos bautizaron como “Revelación”, la de las coimas en la obra pública; hizo la fácil en el juicio que está a punto de culminar en la Oficina Judicial de Rawson: acusar a alguien que no está vivo y por ende que no puede defenderse.

Al extinto gobernador Das Neves le atribuyó el martes pasado en su alegato haber sido jefe de “una asociación ilícita”; de una organización que se dedicaba a cometer delitos, en una acusación que –ahora—no tiene ningún valor porque el acusado ya no está entre nosotros y si fuera condenado no podría ir a la cárcel a pagar lo que hizo.

Quizás Napoli busca cargar toda la culpabilidad en una persona fallecida para despegar a otros o alivianarles la responsabilidad. El común de la gente que sabe utilizar el sentido común sin entender nada de Leyes lo cree así.

Por ejemplo, la gente en las redes sociales se pregunta: ¿por qué los hijos y la mujer del extinto gobernador nunca fueron imputados de nada?

¿Y el jefe de Napoli? El hoy procurador General de la provincia, ¿nunca vio ni se enteró de nada, cuando formó parte del Gobierno de Das Neves?

Al momento en que él era fiscal de Estado tanto el caso “Revelación” como el otro, “El Embrujo”, estaban en su pleno apogeo; era el saqueo al Estado en su máxima expresión, y, ni siquiera sospechó del accionar de la asociación ilícita encabezada por Das Neves. ¿Nunca nadie le comentó nada? Raro ¿no?

Vale recordar entonces que los imputados en el caso de las coimas en la obra pública conocido como “Revelación”, que bien podría ser otra de las “puestas en escena” a las que nos han acostumbrado los fiscales de “Yoli” Miquelarena son; Víctor Cisterna, Diego Correa, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Martín Bortagaray, Alejandro Pagani, Diego Luters y Martín Castillo. Todos, según Napoli, formaban parte de una organización delictiva cuyo liderazgo ejercía el desaparecido Das Neves.

El cargo de “asociación ilícita” ha sido siempre muy difícil de probar en los estrados judiciales y este proceso es muy probable que no sea la excepción.

Dijo el gobernador Arcioni refiriéndose a Mario Das Neves: «como él mismo decía, los proyectos superan a los hombres. Y es por eso que su proyecto seguirá hasta el fin de este mandato».

El Dr. Eduardo Samamé, fue una de las víctimas del ex gobernador Das Neves. El juicio concluyó con un polémico fallo en el 2008, que posteriormente fuera declarado nulo por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Sobre el ex procurador de Estado dijo Don Hipólito Solari Yrigoyen: «El pecado de Samamé era ser un hombre independiente en sus funciones, de extracción radical, que había sido años atrás legislador de la UCR. Esto era intolerable para quien ejercía el poder en Chubut en forma autoritaria».

Samamé, escribió, antes del fallecimiento del trigobernador: «Mario Das Neves vive en el vecindario de la corrupción que comparte principalmente, con integrantes de otros poderes del estado y dirigentes de diversos sectores. Juntos, han naturalizado la corrupción al punto de volverla un hecho notorio que no reclama demostración. Es probable que la cotidianeidad desdibuje la memoria a ellos y a los que como ciudadanos los padecemos, pero títulos como: -Gasoducto Cordillerano;- Condonación de Canon Pesquero;- Ingentis;- Publicidad Oficial;- Bosques; -Campaña Presidencial,- I.P.V. y D.U., rápido nos refrescan el accionar viciado del gobierno».

La «causa embrujo», es solo un botón de muestra, y muy pequeño por cierto, de la corrupción del alguna vez denominado «Modelo Chubut». Por más que sigan apareciendo expedientes y empresas fantasmas, el monto económico no será significativo comparado con otros actos de corrupción cometidos por muchos funcionarios seguidores del dasnevismo, y sus cómplices.

Dijo Arcioni en la apertura del período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura del Chubut: «Repasé lo de este tiempo una y mil veces. Y aún no alcanzo a entender el por qué de esta situación a la que hemos llegado».

Si el Gobernador realmente quiere entender por qué se llega a este presente, tomemos por ejemplo uno de los temas que enumeró Eduardo Samamé, al referirse a la naturalización de la corrupción en Chubut, el caso del I.P.V. y D.U.

El propio gobernador Mariano Arcioni fue quien presidió la cámara cuando se sancionó la Ley XXV-56 que manda investigar al IPV Chubut desde el 10 de diciembre de 2003 a la fecha, y también cuando cuando el 25 de agosto de 2016 se designaron los siete Diputados que debían investigar al Instituto y todavía no empezaron a hacerlo.

Arcioni sabe que los siete diputados del Bloque Chubut Somos Todos, presentes el 7 de julio de 2016, votaron negativo la Ley que debe investigar al IPV. Arcioni sabe que el fallecido Das Neves no quiso promulgar la Ley, y que fue él quien debió firmar el Decreto 1124 el 3 de agosto de 2016.

Si realmente quiere saber cómo en la provincia se llegó a esta situación, no debería por ejemplo seguir trabando investigaciones. Entre ellas las relacionadas con el IPV Chubut. El 2 de febrero de 2018 ingresó a la Casa de Gobierno otro pedido de Informes sobre el Instituto, que el gobierno debería haber dado respuesta en diez (10) días y hasta la fecha sigue ocultando esas informaciones.

El Gobernador Mariano Arcioni afirmó: «No voy a permitir que ensucien el nombre de Mario Das Neves ni de ningún dasnevista».

Si desde el Poder Ejecutivo se persiste en no permitir que se investigan temas como el del IPV Chubut por ejemplo, las sospechas de miles de actos de corrupción seguirán aumentando, y los nombres de quienes él pretende defender seguirán siendo motivo de sospechas de corrupción.

Por 2023dupuy@gmail.com

En la causa Revelación el testimonio de Andrea Verónica González, dio cuenta que desde el ministerio de economía a cargo de Pablo Oca se realizaba la orden presupuestaria de pago y él decía que pagar y que no, por supuesto siempre luego de que ello sea digitado por Diego Correa quien controlaba que empresarios habían realizado el retorno correspondiente.

González, empleada del Ministerio de Infraestructura, declaro en audiencia de debate por la causa Revelación, dio un detallado panorama de cómo funcionaba la maniobra ilícita, que empresas cobraban primero y cuáles no cobraban. Todo dependía del aporte de las empresas, para sus propios beneficios. Dijo conocer a Alejandro Pagani, Pablo Oca,  Víctor Cisterna y  Gonzalo Carpintero. También indicó que el gobernador Arcioni modifico la estructura de Obras Públicas. Durante los años 2016 y 2017, ingresó a la planta de Obras Públicas, fue convocada para trabajar por el Ingeniero Alejandro Pagani. Posteriormente, detallo que en los certificados de obra, constaba el avance de la obra, además contó cómo se pagaba el certificado de Obra y agregó “que la orden salía de Economía”.

“La orden de pago sale directamente del Ministerio de Economía”, para ello, se debe tener el certificado de obra, que es la constancia que habilita a la orden de pago concluyó.

La empresa SUDELCO tenía los certificados más rápidos.

La testigo Silvana Bogarin, la cual cumplió funciones en el Ministerio de Infraestructura durante los años 2016 y 2017, a preguntas del Ministerio Público Fiscal, fue categórica al referir  que “dentro del Ministerio de Infraestructura, las planillas que contenían el listado de empresa, como el certificado de obra a pagar, eran modificados por los superiores”, es decir por Alejandro Pagani, en razón de ello esta modificación  claramente coincide con la maniobra ilícita investigada, toda vez que esta selección que se hacía de las empresas era teniendo en cuenta quienes habían hecho el aporte exigido por Diego Correa. Ese aporte recordemos que era entre un 3 y 5 por ciento. Bogarin, también hizo referencia a que “habían empresas en que se aceleraba este sistema en cuanto a la gestión de los certificados de obra y las correspondientes órdenes de pago”, también refirió que “algunas empresas grandes hacían que se acelere todo en el ministerio de infraestructura”. Y concluyó diciendo que “algunos certificados corrían más rápido que otros, indicando “los de Sudelco eran los más rápidos”.

Otro testigo fue Luciano Gati, dijo conocer solo a Alejandro Pagani, detallo que trabajó realizó dentro del Ministerio de Infraestructura, en el sector de Inversiones durante el año 2016, se desempeñó a cargo de Franco Ferrari. Su labor era imprimir planillas y descargar órdenes de pago del sistema SIAFyC, “nos daban las planillas y nos decían esto sí o esto no y nada más”. Los empresarios hablaban con Franco Ferrari, y también indicó que las planillas de Excel no se reflejaban en el sistema de control.

El testigo Franco Ferrari, refirió a que llegó a ese organismo, convocado por Alejandro Pagani, trabajo junto al ingerido durante ocho años. Explicó muy detalladamente las diferencias entre un certificado de obra y las órdenes de pago. También expreso, que le pedía de Gati, quien ingresaba al SIAFyC  que le imprima órdenes de pago, y además información bajo las ordenes de Pagani.

La función principal de su sector era realizar informes varios todos relacionados a su área. Ferrari reconoció «haberle llevado en una oportunidad a Diego Luters una planilla donde figuraban las empresas a las cuales se les iba a pagar y además dio cuenta del contacto con la unidad Gobernador» . Asimismo, indicó que tenía contacto permanente con empresarios de la construcción, “la situación no era la mejor, hablaba con los empresarios, me manifestaban su malestar por la falta de cobro, pero no por los retornos”

Preguntado por el fiscal Napoli para refrescar su memoria por una entrevista que había realizado Ferrari, dijo al recordar “parte de los reclamos eran porque algunos pagos no salían y lo que yo les indicaba era que no me vengan con esas cuestiones, eso les decía a los empresarios”.

Fuente: Canal 12 web

 

El 29 de Marzo comenzará el juicio por la causa conocida como “Emergencia Climática” en la que están imputados la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo y los ex funcionarios Diego Correa y Diego Luthers.

El juicio debía comenzar en Marzo del año pasado pero a causa de la pandemia, los tiempos se dilataron. Este viernes, el fiscal adjunto Mario Romeo confirmó a Radio 3 que finalmente el próximo lunes 29 de Marzo comenzará el juicio oral por la causa por corrupción conocida como “Emergencia Climática”.

El Tribunal de enjuiciamiento estará conformado por los jueces Miguel Caviglia de Comodoro Rivadavia; Fabio Monti de Trelew y Jorge Novarino de Sarmiento.

Quienes estarán en el banquillo de los acusados serán la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y los ex funcionarios del Gobierno Provincial Marcelo Suárez, Diego Luthers, Diego Correa, Vanina Varale y Cristian Orsi.

En tanto, también llegan imputados al Estanislao Finiguerra, Marta Fracaso, Cecilia Sadava, Bruno Bilbao, Guillermo Yanguela y César Hugues, quienes se desempañaban como proveedores del Estado.

Vale recordar que la causa comenzó a partir de presuntas maniobras de sobreprecio en la compra de elementos destinados a la Emergencia Climática que sufrió Comodoro Rivadavia y la zona entre Marzo y Abril de 2017.

La Dra. Cynthia Castro, presentó FORMAL DENUNCIA en contra de “…MARTIN SEBASTIAN CASTRO,DNI Nº: 30.191.782, de profesión abogado y funcionario público…”

Lo cierto es que mientras una provincia está quebrada y no hay plata para pagarle a los estatales, ni siquieraen época de pandemia hay plata para los sueldos de los esenciales de la Salud, ARCIONI permite mas corrupción todavía y que en sus MINISTERIOS los empleados COBREN DOS SUELDOS, además de permitir que sus ministros violen la ley convirtiendo a todo un gabinete en una banda organizada para cometer delitos.

El aparato estatal no puede ser utilizado para perseguir a los miembros de la sociedad, para reprimir a los ciudadanos, golpearlos, amenazarlos, poner en riesgo sus bienes o su patrimonio, o para perseguir e intentar adoctrinar a sus opositores y mucho menos para querer callar periodistas.

La CORRUPCION de cualquier funcionario público debilita directamente a la estructura del Estado de Derecho, debilita la defensa y garantía de los derechos de todos los ciudadanos pero especialmente, vulnera los derechos que compartimos todos en el mundo por ser humanos.

O se sigue la línea de la CORRUPCION o se defienden los DERECHOS HUMANOS. ¿Qué línea seguirán jueces y fiscales en las denuncias que se han presentado?

Recordemos que ARCIONI, como buen “hijo de” DAS NEVES, siendo el fallecido gobernador quien le dejó el legado de CORRUPCION, dejó en evidencia que pretende seguirlo en esa línea corrupta.

CHOLILA ON LINE accedió a la denuncia en contra del lacayo de Massoni y a continuación transcribe extractos de la misma:

“Nos encontramos con casos donde un funcionario público provincial que percibe un salario de director ofrece sus servicios de patrocinante y apoderado para intentar demandar por querellas a un particular, integrante de la sociedad.
[…]parece es costumbre del Sr. Abogado Martín Sebastián CASTRO, violar la ley: el mismo no solo tiene comportamientos antiéticos en las querellas, sino también en el desempeño como funcionario público, contradiciendo lo dispuesto por el art. 67 de la Constitución Provincial, percibiendo dos sueldos, como se prueba con ACTA NOTARIAL Nº 607[…].

Las incompatibilidades administrativas se configuran por el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, o por percibir al mismo tiempo dos sueldos del estado, tal cual lo indica el art. 67 de la Constitucion Provincial[…].

La regulación de las incompatibilidadesparte, como principio fundamental, de la dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia[…].

La Ley de Etica Pública, regula el conflicto de intereses, es decir, aquellas situaciones en las que se produce una contraposición entre los intereses particulares del funcionario (ya sean personales, laborales, económicos, profesionales) con los públicos que, desde su función, debe tutelar[…].

Se trata de normas de carácter objetivo que no juzgan la intención del funcionario de obtener una ventaja o provecho personal, prohibiendo directamente la configuración de determinadas situaciones o imponiendo ciertos deberes (renuncia, abstención, publicidad de los intereses) con la misión de preservar la imparcialidad en la toma de decisiones públicas y prevenir posibles hechos de corrupción[…].

La Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su artículo VI los actos de corrupción del sector público y que sintéticamente comprenden:

• El requerimiento o la aceptación por parte de un funcionario público de dádivas, favores, promesas o ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

• El ofrecimiento u otorgamiento –en forma directa o indirecta– a un funcionario público, de cualquier dádiva, favor, promesa o ventaja a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

• La realización por parte de un funcionario de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí o un tercero.

• El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos mencionados en el artículo.

• La participación como autor, coautor, instigador, cómplice o encubridor o en cualquier forma de asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que refiere el artículo.
[…]Ahora bien, acto corrupto por parte del funcionario público consiste además, en “interesarse” con miras a lograr un beneficio propio o de un tercero, en algun contrato u operación en el que se intervenga en ello y que el funcionario no se excuse pese a tener un interés especial. En este caso, el funcionario público se incopora en un contrato jurídico con un interés diferente al de la administración. No es necesario que se produzca algún beneficio efectivo a la administración, dado que lo que se procura resguardar es la imparcialidad en la actuación de lo funcionarios públicos y la transparencia en los negocios que se lleven a cabo en el ámbito de la administración pública[…].

En consecuencia, si el funcionario interviene indebidamente en la negociación -contrato u operación- con la finalidad de obtener un beneficio para él mismo o para un tercero, el delito se configura plenamente aunque no se pueda demostrar que mediante ello se causó un perjuicio económico al Estado. A partir de la reforma de la Ley 25.188 es claro que el interés propio o ajeno que debe perseguir el sujeto activo puede ser patrimonial o de cualquier otro tipo. Asi, por ejemplo, también existe delito si el funcionario obra con la finalidad de que un tercero obtenga un rédito político con el contrato u operación, o para que mejore su imagen pública. Lo relevante es que se trate de un interés particular distinto al de la administración[…].

En las negociaciones incompatibles se entiende que esta conducta lesiona la imagen y el prestigio de la administraciónpública, ya que este delito se verifica cuando los funcionarios actúan de modo parcial, insertando intereses particulares en las tareas que desempeñanen relación a las exacciones ilegales se sostiene que estas conductas lesionan a la administraciónpública por un lado y por otro al patrimonio del particular que entrega algo por el temor que la autoridad pública le genera, mientras que en el enriquecimiento ilícito se estima que se lesiona la decencia administrativa y la salud de los negocios públicos o bien el interés social de toda la comunidad en que sus funcionarios o empleados públicos no corrompan la funciónpública y que justifiquen su enriquecimiento al ser requeridos[…].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/2018 sobre Corrupción y Derechos Humanos ha dicho que, al desplazar la idea de concepto o definición del fenomeno multicasual, repara mas en aquello que lo adjetiva[…].

En los considerandos de la resolución se sostiene que “habiendo realizado dos reuniones de consulta con operadores de justicia, expertos y sociedad civil, quienes destacaron que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que debilita a las instituciones de control tanto administrativas como judiciales…”, lo cierto es que tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos […]”.

Con lo antedicho, no está de más está decir y aunque parezca obvio, que ningún agente o funcionario público ha sido “puesto” en un cargo público para beneficio propio sino para que su trabajo en ese cargo público sea de beneficio para toda la sociedad. Corrompe al Estado de Derecho que, funcionarios públicos o agentes como Martín Castro, utlicen el cargo público para un beneficio privado (sea personal o para un tercero), debilitando así a las instituciones y, cuando esto sucede, el impacto grave y diferenciado es en el goce y el pleno ejercicio de los Derechos Humanos[…].”