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El país pasa de crecer cerca del 5% anual a tener el segundo peor desempeño de América Latina en 2019, según la CEPAL

Cuando cerraron las puertas del avión, Bayardo Aguilar se echó a llorar. Este ingeniero en Computación de 40 años abandonaba Nicaragua en agosto por la crisis política que afecta al país y que ha dejado ya 325 muertos. Él se vio obligado a huir porque participó activamente en las manifestaciones que desde abril exigen el fin del régimen del presidente Daniel Ortega.

Dice que había recibido amenazas. Atrás dejó toda una vida de trabajo y años de esfuerzos para sacar adelante su pequeña empresa, Mac Lab, dedicada a la reparación de equipos electrónicos. “No me hacía millonario, pero siempre tenía trabajo. En Nicaragua se podía hacer negocios, mientras no te metieras en algo que le interesara al régimen”, dice Aguilar, quien ahora busca refugio en México. Desempleado, con sus ahorros menguando, espera que la “dictadura” termine pronto para recuperar su vida y empresa en Nicaragua.

La crisis política ha golpeado con dureza la economía de este país centroamericano, que crecía a un ritmo anual del 4.9 %, uno de los mayores crecimientos de la región. Ahora, tras casi nueve meses de manifestaciones y una brutal represión del Ejecutivos sandinista, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estima que 417 000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos, de las que 127 000 se encuentran en el desempleo.

La CEPAL, por su parte, estima que para 2019 la economía nicaragüense tendrá el segundo peor desempeño de América Latina, con un decrecimiento de -2.0 %. La crisis también ha generado un éxodo de nicaragüenses, que se refugian principalmente en Costa Rica, país que ha recibido más de 40 000 migrantes “nicas”, según las estadísticas de las autoridades migratorias de ese país.

“Jamás pensé irme de Nicaragua. Ni en mis sueños más locos pensé que terminaría pidiendo refugio en otro país”, afirma Bayardo Aguilar en una cafetería del céntrico Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Aguilar dice que se ha presentado en varias empresas mexicanas en busca de trabajo, principalmente en el área electrónica, pero le dicen que está sobre cualificado para los puestos disponibles. “México nos ha tratado bien, no tenemos ninguna queja, pero nos queremos regresar en el primer avión a Nicaragua”, asegura.

El presidente Daniel Ortega se jactaba en sus discursos del crecimiento económico de Nicaragua. Ortega mantuvo durante una década una relación estrecha con las cúpulas empresariales, en lo que era denominado como el “modelo de consenso”: las decisiones en temas macroeconómicos se tomaban entre los asesores económicos del mandatario y los representantes de los empresarios.

Esa alianza económica con las cúpulas empresariales permitió a Ortega galopar la crisis económica internacional que golpeó al mundo en 2009. El mandatario ofreció apertura para hacer negocios, facilidades para los inversores, rebajas de impuestos, mientras mantenía controlados los sindicatos, que prácticamente aceptaban las normas del mandatario. Nicaragua, además, no contaba con los niveles de violencia de sus vecinos Honduras o El Salvador, lo que lo hacía más atractivo.

El país mantuvo una década de estabilidad autoritaria. Ortega gobernó con los buenos precios internacionales de los productos de exportación (café, oro, carne, etc.), el apoyo de los organismos financieros internacionales, la ayuda petrolera de Venezuela (más de 500 millones de dólares anuales) y la confianza de los inversores extranjeros.

Mientras, el exguerrillero destruía la democracia con el control de las instituciones del Estado, el Parlamento y las cortes. Poco a poco fue reforzando un sistema autoritario, que perseguía y acallaba las voces críticas. Los empresarios, contentos con el buen rendimiento de la economía, se mantenían al margen de la deriva autoritaria de Ortega.

Esa burbuja de crecimiento estalló en abril, cuando el sandinista impuso una reforma a la Seguridad Social sin consenso con los empresarios. Las medidas incluían un controvertido recorte del 5 % a las pensiones y aumentos en las contribuciones que entregan la patronal y los trabajadores. El Gobierno aducía que con estos recortes buscaba rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), un sistema en estado de coma debido a años de administración ineficiente y utilización de sus fondos para financiar dudosos proyectos de inversión de personas ligadas al mandatario, según investigaciones de la prensa independiente nicaragüense.

Las cúpulas empresariales rechazaron las reformas y en Managua comenzaron manifestaciones de jubilados que exigían derogarlas. El Ejecutivo respondió con una dura represión, que causó un sentimiento general de rechazo. El 19 de abril estallaron las protestas en todo el país y aunque Ortega derogó la reforma días después, la gente ya exigía el fin de once años de autoritarismo. El mandatario recrudeció la represión, al ordenar el ataque con armas de fuego contra los manifestantes. En cuatro días los muertos se contaban por decenas.

La respuesta violenta hizo que la patronal rompiera el modelo de consenso. “Si hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del día 18 de abril (cuando comenzaron las manifestaciones), no hubiera apostado en ningún momento en esa ruta de trabajo. Jamás”, dijo a EL PAÍS José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (la principal agrupación empresarial de Nicaragua).

La crisis sacudió la economía y el turismo. La Cámara de Turismo calcula que el país ha dejado de recibir 600.000 visitantes extranjeros y suman pérdidas superiores a los 400 millones de dólares. El sector más golpeado ha sido el comercio, donde se han perdido al menos 172 000 empleos, según el FUNIDES, un organismo relacionado al sector privado. La pérdida de empleos y la reducción de los ingresos de los nicaragüenses ha provocado un aumento de la pobreza.

El FUNIDES calcula que esta aumentará hasta 38.9 %, un incremento de 9 puntos con respecto a 2014, cuando el Gobierno calculó que la pobreza afectaba al 29.6 % de la población. De continuar la crisis en 2019, afirman desde el organismo, “existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce”.

En Managua es común ahora ver negocios cerrados, mientras otros cuelgan anuncios en los que se leen mensajes como «¡Ayudémonos!» o «Se buscan clientes, no importa la experiencia». La crisis también ha golpeado a las coloniales León y Granada, enclaves turísticos del país. Desde el sector turismo calculan que el 80 % de los pequeños hoteles han echado el cierre.

El escenario a corto plazo no es halagüeño. La revista Confidencial de Managua informó a inicios de diciembre que los bancos estadounidenses Wells Fargo y Bank of America rompían relaciones con los bancos nicaragüenses debido al aumento del “riesgo país” de Nicaragua, la cooperación venezolana se desplomó de 563.8 millones de dólares en 2011 a 30.9 millones en 2017, la fuga de capitales podría superar los mil millones de dólares, la inversión extranjera prácticamente es nula y Estados Unidos ha impuesto sanciones al Gobierno de Ortega por la violación a los derechos humanos, lo que contribuye a espantar a los inversionistas. Además, esta semana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), podría discutir la expulsión de Nicaragua, lo que tendría severas consecuencias económicas para el país.

“El país enfrenta desafíos en materia de financiamiento internacional”, asegura la CEPAL en su informe. “Las principales firmas calificadoras de riesgo han revisado a la baja su evaluación de Nicaragua”. Enrique Bolaños, rector de la escuela de negocios INCAE, aseguró el martes que la economía está «al borde del colapso». «Hoy estamos viviendo un ciclo más de nuestra historia, y el reto que todos tenemos es ver que este sea el momento histórico de romper ese ciclo para siempre. Quiero insistir en este mensaje: el ciclo se rompe pasando por democracia y por institucionalidad. Rompiendo el ciclo se resuelve lo económico», dijo Bolaños en un encuentro con empresarios.

A pesar de estar acorralado por este desplome económico, Ortega parece no estar dispuesto a hallar una salida negociada a la crisis. Y de continuar este escenario, advierten desde el FUNIDES, seguirá creciendo el desempleo y con él la migración de los nicaragüenses, entre ellos profesionales cualificados como Bayardo Aguilar, el ingeniero en computación que lloró cuando se cerraron las puertas del avión que lo alejaban de Nicaragua y su pequeña empresa.

El País 

El empresario de Río Grande, Eligio Lovera, propietario de Enjoy Importación y Jett Importación, decidió cerrar ambos locales comerciales debido a la profunda crisis comercial que atraviesa esa ciudad.

Según indica El Sureño, anunció su cierre y promocionó las últimas ventas con un cartel bastante particular dirigido al presidente Mauricio Macri. “Nos fundimos”, dice con letras blancas en fondo rojo.

Debajo del anunciado “30% de descuento”, aparece la frase “gracias gato”, una alusión sarcástica del propietario utilizando el apodo con el que parte de la población se refiere al mandatario.

 

 

ADN Sur

Ya se acerca fin de año y muchos argentinos comienzan a planificar lo que serán sus vacaciones de verano. Sin embargo, los tiempos económicos ya no son los de antes y aquellos que están pensando en un viaje pusieron en marcha distintas mecanismos para disfrutar de un buen descanso.

Por lo pronto, un estudio de las empresas de investigación de mercado Kantar Millward Brown y Kantar TNS reveló que el 68% de los argentinos vio afectada la planificación de sus vacaciones debido a la crisis económica que atraviesa el país. De acuerdo al informe «Turismo en tiempo de crisis», el 93% de los argentinos declara haber reducido o dejado alguna categoría de consumo ogasto frente a la situación económica actual.

En ese contexto, Agustina Servente, directora de Innovación de Kantar TNS y Kantar Millward Brown, señaló que «los viajes al exterior es uno de los hábitos que sufre, en mayor medida, una disminución de las compras afectadas por la devaluación».

Por lo pronto, el 80% de los encuestados declaró que afinó la columna del gasto vacacional para no dejar de viajar. Así, el 37% de los argentinos aseguró que viajará menos de los previsto al tiempo que el 25% aseguró que elegirá un destino más barato. En tanto, el 21% de los encuestados contrató opciones de vuelos y hospedajes más económicos, mientras que el 12% está adoptando métodos de pago más flexibles.

Capítulo aparte se lo llevan las aerolíneas «low cost» que comienzan a ganar terreno con una nueva opción de viaje. En ese contexto, el estudio reveló que el 10% de los argentinos ya realizó un viaje utilizando esta opción en el país.

«Los que más probaron esta nueva forma de viajar son los segmentos extremos de la pirámide: ABC1 y D1», resaltó Rodrigo Sarti, Business Developer de Kantar TNS y Kantar Millward Brown.

Ante la elección de un medio de transporte para un posible próximo viaje interno, un 29% de los argentinos aseguró que continúa eligiendo una aerolínea tradicional, mientras que un 16% probablemente opte por un viaje en una compañía «low cost».

«La crisis es un momento para que las compañías desarrollen estrategias, al contrario de lo que hacen los consumidores, que utilizan tácticas para lidiar con el momento», evaluó Servente sobre el momento económico que atraviesa el país. Por otra parte, la ejecutiva de Kantar TNS y Kantar Millward Browny señaló: «Es clave estar cerca de los consumidores: ponerse en sus zapatos y realizar acciones de accesibilidad y conveniencia para mantener el vínculo».

ambito.com

La planta fabril Alpargatas Textil Saic (ex Fibramalva) cerró definitivamente sus puertas en Chaco y puso a la venta su predio. Así lo confirmaron fuentes sindicales. Además despidió sus últimos 30 trabajadores, algunos con hasta 35 años de antigüedad

“El predio ya está a la venta y para fin de año no quedará ningún empleado”, confirmaron fuentes sindicales al portal chaqueño Periodismo365 respecto de la situación de la planta que Alpargatas gestiona en esa provincia.

“Es un golpe socio económico muy fuerte para Sáenz Peña. Este año se desmotaron 3.700 toneladas de algodón mientras que el año anterior fueron 20 mil y años anteriores más de 40 mil toneladas por año. Llegamos a este cuadro de situación por la impresionante caída en el consumo interno de ropas, hilados y telas”, añadieron.

“Ésta planta de Sáenz Peña es la única que tiene la empresa Alpargatas en el Chaco. Hace 65 años que Alpargatas le compró la fábrica a Fibramalva. Ya nos avisaron que a fin de año cierran todo, venden y se van del Chaco”, lamentó Dante Quintana, integrante del gremio Sindicato de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (Stadyca).

“Con la posible venta se podría traspasar la planta más los pocos empleados permanentes que quedan, pero no es seguro”, explicó buscando una luz de esperanza ante una situación que parece no ameritarlo.

“Es un golpe socio económico muy fuerte para Sáenz Peña porque el dinero de esos sueldos dejará de circular en el circuito comercial local. Las indemnizaciones de los despidos primero irán para cancelar deudas y con el resto se verá que se hace”, explicó el gremialista. En este contexto, Alpargatas quedaría con las plantas textiles de Catamarca, Bella Vista (Corrientes) y Tucumán, más sus oficinas centrales en Buenos Aires.

Quintana explicó que las mayores acciones de Alpargatas Textil fueron vendidas a un grupo inversor financiero brasilero y para ellos no cuentan las cuestiones productivas sino las ganancias. “Este año se desmotaron 3.700 toneladas de algodón mientras que el año anterior fueron 20 mil y años anteriores más de 40 mil toneladas por año. Esto pasa por la impresionante caída en el consumo interno de ropas, hilados y telas. No es que no haya algodón, hubo mucho y va a haber en mayor cantidad para la campaña próxima; pero la empresa desmota únicamente lo que les hace falta para sus hilanderías; y como las ventas han caído estrepitosamente, llegamos a este lamentable final”, detalló Quintana.

 

 

 

El ciudadano Web

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce Juan Pablo Brey, anunció inminentes medidas de fuerza en todas las Aerolíneas del país por considerar que «la situación general del sector es muy delicada y preocupante, con achicamiento, despidos y persecución sindical».

Desde el sindicato que nuclea a los tripulantes de cabinas de todas las líneas áreas, puntualizaron el reclamo por reciente despido de una empleada de Flybondi que estaba afiliada a la AAA, al considerar que hay “una abierta política antisindical” por parte de la empresa de vuelos Low Cost.

«No vamos a permitir que se vulnere un derecho tan esencial de los trabajadores, como lo es ser representado por su sindicato de actividad», sostuvo Brey y agregó “ya encaminamos denuncias ante el INADI y el Ministerio (hoy devenido en Secretaría) de Trabajo”.

Brey destacó que “siendo ese el más grave de los problemas, no es el único, sino más bien parte de un gran rompecabezas. El sector está sumergido en una severa crisis, producto de la sobreoferta, el impacto de la recesión en la venta de pasajes aéreos, los bajos ingresos en pesos y el feroz aumento del combustible, principal costo en dólares de las aerolíneas, entre otros factores”.

A través de un comunicado desde la AAA explicaron que la empresa ANDES líneas aéreas anunció un “duro recorte, con devolución de aeronaves y despidos incluidos, por lo que estamos junto a otros gremios del sector discutiendo fuertemente los términos de dicha decisión con la empresa”.

Brey reclamó también por la situación de LATAM Airlines y manifestó “al achicamiento de hace unos meses, cuando redujeron flota y destinos, se suma el atraso salarial que traen los trabajadores por no haber contado con una cláusula gatillo, y por el cual ya exigimos la inmediata apertura de la paritaria”.

“Para completar este cuadro, Aerolíneas Argentinas nos anunció ayer que iba a reinterpretar la cláusula gatillo que venía pagando desde mayo, lo que cuestiona su período de alcance, de manera tal que no abonará el ajuste por inflación pendiente de la negociación 2017” explicó Brey.

Respecto a posibles medidas, el dirigente concluyó «seguramente realizaremos asambleas en el lugar de trabajo con nuestros compañeros en todas las aerolíneas, por lo cual advertimos a los usuarios y les pedimos disculpas por las demoras o cancelaciones que pudiesen ocurrir».

 

 

El Intransigente

Así lo reflejó la agencia de noticias británica Reuters al dar cuenta de los cambios de hábitos a los que se ven forzados millones de trabajadores en el país por la abrupta caída del salario real.

«Menos carne, más fideos, más arroz», dijo Sabrina Pozo a la agencia de noticias británica Reuters cuando explicó que hábitos había tenido que cambiar a causa de la crisis que atraviesa el país y la abrupta caída del poder adquisitivo del salario.

Así, lejos de los fríos números de las estadísticas y yendo a lo más llano y cotidiano, es como reflejan los medios internacionales el impacto de la recesión y la desbandada de la inflación en la que derivaron las políticas macroeconómicas del gobierno de Mauricio Macri.

«La carne es cada vez más rara en las mesas de los argentinos de clase media a medida que la espiral inflacionaria se profundiza», indica Reutersy advierte que «aunque el consumo de carne ha ido bajando muy lentamente en la Argentina en los últimos 60 años, siempre permanecieron entre los más carnívoros del mundo. Pero en septiembre pasado la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (Ciccra) reveló una nueva realidad: el consumo cayó a un promedio de 49 kilos por persona por año».

Esto implicó una baja del 17% con respecto al mes anterior, la mayor caída de un mes a otro. «Pero más significativo es que fue uno de los menores niveles de consumo registrados en 60 años» advirtió Reuters.

«De hecho -sigue Reuters- hubo apenas otros dos meses en los que el consumo de carne cayó hasta ese nivel: en febrero 2017 y marzo 2008, pero esas caídas se deben a la menor cantidad de días de febrero y a la disputa entre el gobierno y el campo» durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Reuters dio cuenta además del regreso del trueque, costumbre que se popularizó tras el estallido político, económico y social de 2001. «El impacto de la crisis económica argentina llega más allá de la mesa. A medida que la inflación se dispara, los argentinos vuelven al trueque en encuentros organizados por Facebook de prendas de vestir y alimentos que de otra manera ya no podrían solventar».

El año pasado, junto a Uruguay, la Argentina había liderado el ránking mundial de consumo promedio de carne por persona.

 

Minuto Uno

El Indec informó que en nueve meses de 2018 acumuló un 32,4%, con un fuerte aumento en el rubro alimentos. Fue la tasa mensual más elevado desde el 6,7% de marzo de 2016

Confirmando las expectativas privadas de un brote inflacionario, el aumento de precios durante el mes de septiembre fue de 6,5%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, el más alto en lo que va del año, muy por encima del 3,9% registrado en agosto.

La combinación de factores cambiarios y subas en tarifas generó el dato más alto en dos años y medio, desde el 6,7% de inflación en marzo de 2016, entonces con la medición del IPC Congreso, a falta de datos oficiales.
En nueve meses de 2018 la inflación acumulada alcanzó el 32,4%, mientras que en la suma de 12 meses registró un salto de 40,5% desde septiembre de 2017.

La cifra del noveno mes del año estuvo influenciada por dos componentes distintivosimportantes: cambios en regulados y el fuerte aumento del dólar en los últimos días del mes. En particular, los aumentos en las facturas de electricidad a comienzos del mes, y el ajuste en tarifas de transporte público lideraron el impulso sobre los precios generales.

El ítem de mayor aumento fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con amplia dispersión por regiones: Gran Buenos Aires (+8,06%), región Pampeana (+9,83%), Noreste (+12,26%), Noroeste (+12,18%), Cuyo (+10,5%) y Patagonia (+8,93%).

Este incremento es significativo, debido a que los alimentos componen la mayor parte de la canasta de consumo de los sectores sociales de menor poder adquisitivo.

En tanto, la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda porteño informó que durante el mes de septiembre el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un alza de 6,0 por ciento.

Así acumuló en los primeros nueve meses del año una suba de 31,3 por ciento. En términos interanuales este indicador se aceleró hasta 39,5% (+5,9 puntos porcentuales respecto del mes previo).

 

El proceso de recomposición del precio de los servicios públicos puesto en marcha desde 2016 fue el más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución, señaló un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav). En ese marco, el estudio arrojó que “Argentina fue el país que mayor aumento verificó en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo, en los últimos tres años”.

Desde 2015 se pasó de una incidencia muy baja del costo tarifario, cercana al 6%, a una sustantivamente mayor, de 23,5%. Así, Argentina pasó a la tercera posición en el ranking de ocho países de la región.

Partiendo de un costo tarifario bajo, producto de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios de mercado, afirmó la Undav.

En ese sentido, agregó que el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos y que el ahorro que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas, producto de la reforma impositiva sancionada a fines de 2017.

Afirmó, a su vez, que lejos de haberse agotado en los primeros dos años de la nueva administración, el proceso de sinceramiento tarifario siguió su curso durante 2018. Al significativo aumento en servicios del hogar, se agregó la fuerte suba en transporte público urbano.

“Es así que, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año”, remarcó el informe.

En otro orden destacó que los menores egresos del erario público, no redundaron en una suba en los desembolsos para obras públicas ya que “la ley de leyes prevé un menor esfuerzo económico en gastos de capital aplicados a la generación de fuentes de energía que el destinado en 2018, a partir de una baja de 0,2% en relación al PBI”.

El trabajo realizado por la Undav describe la evolución del costo tarifario en el país, indagando en su peso sobre diferentes conceptos de ingresos familiares. Además, expone una comparativa regional para examinar la estructura tarifaria en otros países de la región, y evalúa la tasa de rentabilidad de las principales compañías energéticas del país.

Del mismo se desprende que Argentina verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. En materia de transporte, por su parte, se tienen aumentos del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual.

Asimismo, tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+135%) o las prepagas (+157%) también se posicionan por sobre la inflación media acumulada, desde 2016 hasta la fecha –según pública Ámbito-.

“Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años”, resaltó Undav.

“En última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias, que ven como sus ingresos salariales y no salariales se reducen lo que las lleva a sustituir consumos para poder pagar un servicio esencial como lo es el gas natural y la electricidad”, concluyó.

El Comodorense

La convocatoria fue realizada por el titular del partido Justicialista, José Luis Gioja y Daniel Scioli, que esperan a los La convocatoria fue realizada por el titular del partido Justicialista, José Luis Gioja y Daniel Scioli, que esperan a los afectados para plantear las dificultades que tienen para seguir con sus empresas.para plantear las dificultades que tienen para seguir con sus empresas.

Este martes a partir de las 16 en la sede del PJ Nacional de Matheu 130 se reunirán más de 200 pequeños y medianos empresarios de todo el país -que llegarán para plantear su preocupación ante la actual situación de crisis económico-financiera- con José Luis Gioja y Daniel Scioli, por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional.

La convocatoria fue realizada a los miembros de CGRA (Confederación General Empresaria de la República Argentina) representados por su presidente, Marcelo Fernández, y expondrán sobre las dificultades que tienen los distintos sectores para continuar produciendo y vendiendo en el actual contexto recesivo e inflacionario en el que se encuentra sumida la República Argentina.

Esta reunión sucede a otra que tuvo lugar en septiembre, donde una treintena de empresarios e industriales ya expusieron en la sede del PJ ante Gioja y Scioli los problemas que afrontan día a día a partir de que levantan la persiana de sus negocios.

“Tal como están dadas las actuales circunstancias, las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional claramente favorecen la especulación financiera, el “carry trade” y la bicicleta. ¿A quién se le ocurriría venir a la Argentina a “poner fierros” para levantar una industria?”, se preguntó el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja en la reunión de septiembre ante los empresarios.

“Necesitamos plantear una agenda de desarrollo y de incentivo industrial y comercial a corto, mediano y largo plazo para desalentar la timba financiera y promover las inversiones genuinas. Esas que dan trabajo y agregan valor a los productos primarios” sostuvo Gioja.

Se espera que más de 200 empresarios e industriales que abarcan todos los sectores de la economía se den cita en la sede del PJ Nacional.

conclusion.com.ar

 

«Si yo fuera un diabético pobre, ya estaría muerto», sentenció el actor tras criticar la política económica de Mauricio Macri.

El cómico Enrique Pinti habló sobre la difícil situación económica que atraviesa producto de una brutal crisis y contó la situación que vive por la compra de un medicamento clave para su salud.

En el programa de Mauro Viale, el actor analizó la realidad política, social y económica. “Uno puede pasarla bien individualmente, pero uno es un ser social, entonces la desesperación de la gente que no puede pagar nada, que no puede llegar al 10 del mes te llega igual”, disparó.

“Es la primera vez en mi vida próspera, que empezó en el 85 con ‘Salsa Criolla’, que yo siento ¿como hago para pagar esto?”, y confesó: “Me cuesta pagar la insulina que me sale entre $30,000 y $40,000 por mes, si yo fuera un diabético pobre, ya estaría muerto”.

En esa línea, el actor cuestionó al gobierno de Mauricio Macri por los desmesurados tarifazos: “Dicen que los servicios estaban regalados, no regalaban nada y los servicios tienen que estar asegurados y si los maneja un privado, que lo manejen con un criterio que están dando un servicio”.

Pinti apretado por la crisis: “Me cuesta pagar la insulina”

"Si yo fuera un diabético pobre, ya estaría muerto", sentenció el actor tras criticar la política económica de Mauricio Macri.

Posted by Cholila Online on Tuesday, October 16, 2018

Portaldenoticias.com