Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, fue detenido esta mañana en la zona de Barrio Norte, en esta capital, en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el hasta ahora prófugo fue detenido en un departamento de Uriburu 1044 por parte de efectivos de la Policía Federal.
Diario 26
Tras el procesamiento de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, criticó al juez Claudio Bonadio al considerar que se trata de «un fallo tribunero».
El defensor de la exjefa de Estado sostuvo que la resolución es «arbitraria» y adelantó que apelará la decisión judicial. «El primer agravio es que no tiene contenido jurídico, se apoya en pruebas que no son validas, declaraciones de arrepentidos y después seguiremos con las cuestiones que el Juez no era el que debía actuar», expresó en diálogo con La Red.
En ese sentido, agregó: «Tengo la obligación como abogado defensor de apelar, presentaremos un escrito indicando los motivos que consideramos que el Juez asintió de manera equivocada».
Por otra parte, Beraldi sostuvo que «es innegable que el proceso tiene naturaleza política» y argumentó sus dichos al asegurar que «el juez lo muestra cuando dice que la plata era para los planes sociales, para la gente humilde».
En cuanto al embargo que el magistrado trabó sobre la exmandataria, Beraldi sostuvo que de acuerdo a la cotización del dólar son «4 mil millones de pesos» y criticó nuevamente a Bonadio. «Cristina ya tiene todo embargado en otras causas, comete la torpeza de embargar la jubilación, que no es embargable», afirmó.
Por último, cuando fue consultado sobre si Cristina Kirchner pudo haberse enterado del sistema de recaudación ilegal, Beraldi respondió: «La prueba es tan endeble que no se puede considerar si existió o no, su hubo procesos de corrupción deben ser sancionados».
La Prensa
Mendocino pero radicado en Rawson por años, Ivanissevich fue procesado sin preventiva junto a otros 41 empresarios en la llamada Causa de los Cuadernos. Construyó el gasoducto patagónico durante el kirchnerismo y se asoció con el Gobierno de Chubut, durante la gestión Das Neves, para el proyecto Ingentis que nunca se concretó y que motivó una denuncia penal de nulo avance en la Justicia de Chubut.
El empresario al ser indagado por el juez Claudio Bonadío admitió que pagó 500.000 pesos a pedido del ex funcionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, para la campaña de 2009, pero no dijo haber sido extorsionado. Según declaró, después de la entrega exigió un recibo que nunca le fue entregado.
Sobre el gasoducto patagónico, el radical Carlos Lorenzo cuando era legislador provincial había denunciado que la obra se adjudicó por 243 millones de pesos, cuando seis meses antes había sido presupuestada en 180 millones de pesos y aportó, además, pruebas del modo en que la obra se otorgó a la empresa Emgasud de modo directo. También denunció que el gasoducto fue entregado con 40 kilómetros menos que se había pagado pero no realizado.
Ivanissevich con Emgasud fue el accionista privado mayoritario, con el 61%, de Ingenitis que suscribió con el entonces gobernador Mario Das Neves, en abril de 2007, y que se convertiría en el primer polo de ciclo combinado de América Latina para generar energía eléctrica. El primer paso era la construcción de una central en Dolavon. Se prometió una inversión de 509 millones de dólares y promesas de más de 1.000 empleos, una vez concluidas todas las etapas.
A fines de julio pasado, el diputado provincial Blas Meza Evans se refirió al malogrado megaemprendimiento y lo calificó «como la gran estafa que le han hecho a los chubutenses».
Recordó que el proyecto Ingentis «nunca fue puesto en marcha, fracasó y terminó con el retiro de todos los bienes y todo el dinero que había en la empresa por parte de Pampa Energía. Nos dejaron solamente una tranquera en Dolavon y una turbina en Estados Unidos que la vamos a perder por la falta de pago de los seguros».
Recordó, desde su banca en sesión legislativa, que a pesar de las pruebas que demostraban que Ingentis «había sido vaciada», el expediente «nunca se movió» y recalcó hasta la existencia «de un dictamen de una contadora designada por el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena», que ratificaba todo lo presentado en la denuncia».
Radio 3
El diputado desligó a su madre ante la acusación como arrepentido que hizo el exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo.
La declaración del exsecretario de Obras Públicas José López como imputado colaborador fue contundente: confesó que los 9 millones de dólares encontrados en el convento de General Rodríguez pertenecían a la expresidenta Cristina Kirchner. El diputado del FpV Máximo Kirchner rechazó de plano la acusación del exfuncionario kirchnerista : «Es obvio que no», manifestó.
Tras desmentir a José López, Máximo Kirchner recordó que le «inventaron no sé cuántas tapas diciendo que tenía millones de dólares con Nilda Garré en Estados Unidos» y vinculó la declaración a poderes fácticos: «A esta altura de la situación hay que tener mucha paciencia porque los factores de poder juegan en la Argentina que estamos viendo hoy», indicó en radio El Destape.
Según publicó este domingo el periodista Joaquín Morales Solá en La Nación, en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo admitió ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que el dinero de los bolsos pertenecía a la expresidenta Cristina Kirchner.
De acuerdo a la declaración de López, el dinero se lo habría entregado el exsecretario privado de la actual senadora, Fabián Gutiérrez, quien también enfrentó un juicio por enriquecimiento ilícito por haber aumentado su patrimonio en más del 700%. El pedido que le había dado en nombre de Cristina era simple: cambiar el escondite de los dólares.
Sin embargo, la encomienda desconcertó al exsecretario de Obras Públicas cuando llegó a su casa. López contó que no sabía qué lugar seguro podía encontrar para esconder los dólares y las joyas, hasta que se acordó del convento de monjas. El monasterio había recibido varias donaciones de exfuncionarios kirchneristas, entre los que se encontraban el propio López y Julio De Vido.
Elecciones e inflación
De cara a la contienda electoral de 2019, Máximo planteó que el escenario de una PASO entre las diferentes facciones del peronismo es «deseable, pero tiene que haber un mínimo común denominador en lo que se quiere». «Tiene que ser una PASO lógica. Nosotros no queremos reconstruir lo que fue, queremos construir lo que viene», indicó.
El diputado reconoció que durante el kirchnerismo la inflación fue un problema, pero fue magnificado: «Uno hubiese deseado que fuera menor, pero fue un problema sobredimensionado. En términos económicos neoliberales, cualquier número es alto de inflación. Fue un problema sobredimensionado y ahora mal resuelto», agregó.
«Él (por Mauricio Macri) decía que con un chasquido de dedos se solucionaba la inflación, y ¡no! Nosotros entre la paz de los cementerios y la tensión de los precios, elegimos la tensión y la administración del Estado», cerró.
TN
Tras el escándalo político que desataron los cuadernos de las coimas, escritos por el chofer Oscar Centeno, y el avance de la investigación en base a testimonios de empresarios y funcionarios «arrepentidos», el juez Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita, que recaudaba sobornos millonarios de contratistas del Estado.
El magistrado, a su vez, dictó la prisión preventiva para la exmandataria. Pero para que esta medida se concrete, deberá enviar un pedido de desafuero al Senado, que se encargará de definir su situación.
El procesamiento también alcanzó a otros exfuncionarios kirchneristas del entonces Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y a una gran lista de empresarios que se habían convertido en «imputados colaboradores» en la causa.
Para el juez, la investigación -que se desencadenó por las anotaciones de Centeno- comprobó que desde el Ejecutivo se montó un aparato para «procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional».
Bonadio detalló que durante un periodo cercano a los ocho años -como mínimo- los exfuncionarios que se encargaban de recaudar los sobornos fueron Baratta; subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Ministerio de Planificación; Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta; Hernán Camilo Gómez, funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación; Fabián García Ramón, director nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio Planificación; Rafael Enrique Llorens, subsecretario legal del Ministerio de Planificación; y Walter Fagyas, presidente de ENARSA. La mayoría de las veces, el dinero era trasladado por Centeno.
Con respecto a cómo funcionaba la operación, el magistrado indicó que, después de llevarse su parte por sus tareas, le entregaban los fondos recaudados a otros funcionarios, como José María Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido; Hugo Martín Larraburu, coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros; Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros; y Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de la Presidencia.
De esa forma, la instancia final se completaba cuando se derivaba el dinero «a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido».
TN
La causa que investiga hechos de corrupción durante el kirchnerismo iniciada a partir de los cuadernos de Oscar Centeno registró este viernes una importante novedad: el fiscal Carlos Stornelli pidió retirar el acuerdo que había alcanzado con el financista Ernesto Clarens -quien pretendía convertirse en arrepentido- y le solicitó al juez Claudio Bonadio que ordene su inmediata detención.
El fiscal adoptó la decisión en base a nuevos testimonios aportados a la causa por arrepentidos que habían señalado a Clarens como un hombre clave en el esquema de recaudación de coimas en el Ministerio de Planificación Federal. Además -informaron fuentes judiciales a Infobae- Stornelli tomó en cuenta que hasta el día de hoy Bonadio no había homologado el acuerdo.
Clarens fue mencionado por varios empresarios implicados en el caso como el receptor de los bolsos con coimas en pesos que se les pagaban a ex funcionarios del gobierno kirchnerista. Si bien había corroborado estas versiones, los investigadores esperaban que el financista aportara más información para otorgarle los beneficios que prevé la ley del arrepentido.
No es el primer caso judicial que salpica a este empresario. De hecho, Clarens es considerado por la Justicia como una pieza clave dentro del sistema de lavado de dinero que tuvo como cara visible al empresario santacruceño Lázaro Báez.
Imputado en la causa que investiga la fuga de miles de millones de pesos destinados a la obra pública mediante empresas del constructor patagónico, a Clarens le adjudican ser el cerebro detrás de la construcción del entramado ilegal que era utilizado para blanquear los billetes.
Durante el esplendor del kirchnerismo estuvo estrechamente vinculado al ex presidente Néstor Kirchner. Tal es así, que en la City decían irónicamente que el nombre de su financiera, Invernes, respondía a “Inversiones Néstor”.
Durante su declaración en la causa donde se investiga la ruta del dinero K, Leonardo Fariña aseguró que a través de su financiera Clarens obtuvo contratos con la provincia de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner era gobernador.
“Clarens se dedicaba a transformar los recursos de la obra pública en pesos, euros y dólares, que luego eran girados al exterior”, sostuvo Fariña ante la Justicia cuando pidió formar parte del programa de protección de testigos y brindó detalles del entramado de corrupción del que participó.
Clarens conoció en los años ochenta a Lázaro Báez, cuando el empresario era todavía gerente del Banco Santa Cruz. Se convirtió en un hombre muy cercano a Báez, en un consejero. Esa relación lo llevó a entablar un contacto con Kirchner, cuando era mandatario de la provincia del sur.
En sus inicios dentro del mundo financiero fundó Credisol, una financiera que consiguió transformarse en la única firma autorizada para la entrega de créditos a empleados públicos de la provincia de Santa Cruz.
Credisol compró como “gasto forzado” habitaciones del hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner, gerenciado por las empresas de Báez. Habitaciones que nunca se utilizaron. La relación con el ex presidente se mantuvo en el tiempo y fue determinante para el progreso del financista. También es dueño de Procredit, Pampa Sports y Patagonia Financial Services, esta última en sociedad con Eduardo Roca, hijo del esposo de la jueza Inés Weinberg de Roca, elegida por Mauricio Macri para la Procuración General.
Clarens supo cultivar su relación con el poder, fundamental para avanzar en el mundo de los negocios. Formó Excel Servicios Aéreos, una empresa que gerencia y dispone de los aviones de varios empresarios.
Además, extendió sus inversiones en el exterior. Junto a sus hijas montó Manfes International, LLC, y Pampa Realty Investments LLC en Miami.
Misiones Online
El Presidente de la Nación estará este martes en Vaca Muerta porque es su gran esperanza y porque la producción crece, en especial en la avanzada instalación de Tecpetrol, que es de Techint. El dueño de casa es Paolo Rocca, y entonces aparece la contradicción: ¿fotografiarse o no con un empresario que aparece en los cuadernos de Oscar Centeno?
Según publica urgente24.com, el presidente Mauricio Macri visita Vaca Muerta, en Neuquén, por 2da. vez en el año. Este martes, Macri recorre el yacimiento Fortín de Piedra, que opera la empresa Tecpetrol, del grupo Techint.
Fortín de Piedra es una parte de los 230.000 acres (105.21 Km2) de Tecpetrol en la cuenca neuquina, cuenta con 26 pozos de gas en producción, 22 de perforación y 18 en proceso de terminación o a la espera de terminación.
Según fuentes presidenciales, es una exprés porque el momento es complejo para la compañía que conduce Paolo Rocca, en la causa de “los cuadernos de la corrupción” del kirchnerismo.
Por cierto que una hipocresía. El Presidente de la Nación ya tiene un primo en similar condición, y hasta podría tener a su propio padre, se dice.
Sin embargo, la imagen es la cuestión decisiva para un Presidente que ha afirmado horas atrás que gran parte de los males presentes es culpa de esos eventos pasados. Por ese motivo, los detalles de la recorrida todavía estaban ajustándose “a causa de la agenda de Macri”, una frase que resulta una estupidez considerable proviniendo de gente responsable.
En esa agenda no confirmada, el Presidente se hace acompañar de todos los integrantes del Ministerio de Energía de la Nación. Y Rocca es el dueño de casa, ¿cómo van a pretender que se ausente el que pone el dinero para que se haga la fiesta?
Macri ya estuvo en la formación el 23/04, cuando visitó las instalaciones de YPF y compartió un almuerzo con los trabajadores y los directivos.
En el área Fortín de Piedra, el 31/05, Tecpetrol inauguró un gasoducto de 58 kilómetros para transportar su producción en Vaca Muerta.
El desarrollo masivo del yacimiento prevé una inversión de US$ 2.300 millones hasta 2019. La empresa informó que dio otro salto en la producción al llegar a los 7,4 millones de metros cúbicos (MMm3) de gas no convencional por día.
Y puede comenzar a exportar excedentes a Chile, tal como sucedía en los denostados (injustamente) años ’90.
Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint, levanta una gran planta de procesamiento de gas, que en 2019 procesará 15 MMm3/día, en medio del semidesierto cercano a Añelo.
En el lugar crece casi una mini ciudad, con tráileres donde viven unos 950 operarios y calles internas por donde transitan camiones y maquinaria pesada destinada a la planta de procesamiento de hidrocarburos.
El gasoducto ya inaugurado permite evacuar el fluido hasta las cabeceras del sistema troncal administrado por TGN y TGS.
La obra, realizada por Techint Ingeniería, demandó 5 meses y 650 personas del total de 4.500 empleos generados en el área. Es un ducto de 2 tramos, uno de 24 pulgadas y otro de 36, y tiene una capacidad de transporte diario de 18 MMm3. Insumió US$ 70 millones.
“Hace 4 años que planificando esto. Vimos una oportunidad en la producción de gas. Estábamos preparados para abordarlo íntegramente y vamos alcanzando los objetivos trazados”, afirmó el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormaechea.
La empresa, al igual que otras operadoras, acelera el paso en un contexto propicio en materia de precios, a partir del Plan Gas que establece subsidios a los nuevos proyectos en Vaca Muerta. Hay un sendero de precios asegurado hasta el 2021, que determina para este 1er. año un valor de US$ 7,50 por millón de BTU.
El Comodorense
El juez federal Claudio Bonadio mostró sus cartas y adelantó los criterios bajo los cuales avanzará en el procesamiento de los implicados en la denominada causa cuadernos. Pero la sorpresa no es la maniobra descripta en su informe parcial (un calco de la hipótesis inicial), sino el recorte del expediente que al comenzar en 2008- esquivará cualquier esquirla que pueda impactar en la familia presidencial y en la figura de Franco Macri. Del resumen de avances que detalló para clarificar la dirección que adquirirá el expediente también se deja traslucir que tampoco profundizará las contradicciones que surgieron con la postura que adoptó el Grupo Techint, que quedó en offside con respecto a las supuestas motivaciones de los pagos a funcionarios K que reconoció ante la Justicia.
Tampoco conmovió la impactante declaración de Carlos Wagner, acerca de cómo las empresas que integraban la “Camarita” se cartelizaban desde 2004- para ganar obra pública vial a cambio de coimas. Al cercenar el punto de origen de la causa, también destartaló uno de los esquemas sobre la presunta recolección de sobornos que eran los corredores viales, admitidos por el propio Claudio Uberti, eyectado como funcionario en 2007. Tácitamente, otro de los beneficiarios del bisturí del juez termina siendo Aldo Roggio, cuyo arrepentimiento implicó reconocer que había pagado al secretario de Transporte el 5% de los subsidios recibidos.
“¿Lava-Jato o ´Lava-Jeta´?”, se preguntó en lunfardo procaz un operador de la Justicia federal apenas se conoció el viernes por la noche un inusual “informe” de Bonadio en el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. La conclusión es que se desalienta cualquier expectativa de una réplica local de un proceso anticorrupción como el de Brasil, con una investigación profunda tanto en el sector público como en el privado. Fiel al “Bonadio-Style” todo apunta a un avance en una instrucción lo más veloz posible para proceder a una elevación a juicio oral con los elementos existentes. Poco y nada (hasta ahora) de la ruta del dinero de los presuntos sobornos descriptos en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno; hubo chequeo de coincidencias espacio temporales con los escritos; y también profusas declaraciones de 15 “imputados colaboradores”, pese a que la Ley del Arrepentido exige verificación de los dichos con prueba independiente.
Dos aspectos quedaron claros del enunciado del juez: toda la maniobra de la asociación ilícita descripta como eje de la acusación comenzó para esta investigación recién en 2008, casi 5 años después de que Néstor Kirchner llegara al poder y ya en la presidencia de Cristina de Kirchner. Y tres años después de que, por idénticos motivos, Elisa Carrió hiciera su denuncia original (en 2005) que versaba sobre delitos cometidos entre funcionarios y empresarios. Ya es un detalle que no se describan los roles de la asociación ilícita salvo en jefes y miembros. La otra faceta que quedó al descubierto es que no hay intenciones de incluir en la pesquisa a Franco Macri, quien se deshizo en los papeles- de la constructora IECSA en 2007, para dejarla en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Wagner, en su declaración, había arrastrado a la compañía a los presuntos “inicios” de la cartelización, cuando describió que Julio De Vido lo encaramó en 2004 al frente de la Cámara Argentina de la Construcción para que organizara el reparto de licitaciones entre las firmas competidoras y asegurara que se pagaran los retornos con los adelantos de obra. En ese entonces, el patriarca de los Macri controlaba la constructora a través Sideco Americana. Los balances de IECSA eran firmados hasta ese momento por Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica, en nombre de SOCMA que ostentaba el 95.25% de las acciones. Con el desembarco de Mauricio Macri en el Gobierno porteño, la familia se desprendió de esa firma y de Creaurban haciendo un traspaso accionario que implicaría pagos escalonados de Calcaterra hasta su cancelación recién en 2015. El extitular de IECSA se apurará esta semana a ampliar sus dichos, desactualizados de los iniciales “aportes de campaña” que reconoció, en vista de lo que declararon sus pares sobre coimas.
Otra consecuencia del hachazo temporal es que deja pedaleando a Uberti, quien confesó que era enviado por Kirchner para recolectar sobornos mensuales de u$s 150 mil de los concesionarios viales, por su rol en el OCCOVI. Su papel abría el esquema de recaudación por esa vía que entre otras firmas también incluía a la empresa que explotaba el Acceso Norte, Autopistas del Sol (consorcio entre Dragado y Construcciones, Impregilo y Sideco Americana, de Macri); y el Acceso Oeste (Roggio, Odebrecht y Grupo Mexicano de Desarrollo); entre otros muchos peajes concesionados. Pero también su confesión generaba roces con el N°2 de Techint, Luis Betnaza. El exfuncionario aseguró que durante 2005 y 2006 cobró 6 veces del holding de manos del ladero de Paolo Rocca, quien sólo había argumentado una cuestión humanitaria por la nacionalización de Sidor, en Venezuela, recién en 2008. Uberti aseguró que el dinero que le entregaba antes Betnaza en sus oficinas iba dirigido a Néstor Kirchner.
Roggio admitió pago de retornos a cambio de subsidios a Ricardo Jaime y tácitamente a su sucesor desde el comienzo del kirchnerismo hasta 2011. Con su bisturí, Bonadio atenuó el impacto en la ventana temporal, algo que podría dejarlo mejor parado al auto-apartado directivo en la puja de la empresa por renovar la concesión del subte porteño por otros 12 años.
Ambito Financiero
El encuentro habría sido el 27 de julio de 2007 en el lujoso Hotel Marriott ubicado en la calle Florida de Capital Federal. No hay detalle sobre ninguna situación irregular.
EL CHUBUT encontró en uno de los cuadernos de Centeno y publicados por La Nación, una cena entre Baratta y Das Neves en un hotel 5 estrellas de Buenos Aires, ubicado en pleno centro de la capital y enfrente de la plaza San Martín.
«Lo llevé al licenciado (Baratta) al domicilio del Ministerio, luego lo dejé en su departamento, después lo llevé a cenar con sus hermanas a Palermo y de ahí lo llevé al Hotel Marriott a una cena con ‘Da Neves’ (sic) y finalmente lo dejé en su departamento», precisa la anotación que hizo el chofer de Baratta el 27 de julio de 2007.
La supuesta cena que describe Centeno sería durante el primer mandato de Das Neves. El año de aquel encuentro coincide con la licitación de la doble trocha Trelew – Puerto Madryn, que quedó en manos de la firma Kank y Costilla del empresario detenido Lázaro Báez.
La anotación y la descripción de Centeno no representa ningún delito en este caso puntual. Las reuniones entre los principales funcionarios del área de Planificación con los gobernadores eran habituales, fundamentalmente para definir obras de infraestructura.
Se desconoce si Das Neves estuvo acompañado en aquella cena por algunos de sus principales ministros como Norberto Yauhar que era el jefe de Gabinete provincial y el hombre de extrema confianza del ex gobernador.
La pista de los «gobernadores» y los «intendentes» es seguida por el fiscal federal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, quienes están al frente de la causa que conmociona al país y motivó que varios ex funcionarios K y empresarios hayan sido citados a declarar, quedando algunos de ellos detenidos.
El Chubut
Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.
En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.
Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños «Lava Jato» que revelan el sistema de poder y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.
En tres causas paralelas, denominadas como «emergencia climática», «el embrujo» y «revelaciones», que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador; el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca. Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.
También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.
La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.
El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. «Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa», aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa «Revelaciones» junto a Héctor Iturrióz.
«Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves», reconoció Nápoli.
Similitudes con el expediente denominado «cuadernos de las coimas«
Uno de los empresarios que declaró como «arrepentido» frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas. Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.
Como Wagner, Musante admitió el pago de «retornos» por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: «Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'».
El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único. Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.
Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?
En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.
«La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa», destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.
«Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones», agregó el funcionario judicial, y amplió: «Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos) porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico», agregó el funcionario judicial.
Buzzi, Das Neves y Arcioni
La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).
Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: «La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado».
Parodi, por su lado, amplió: «Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas».
Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.
Infobae