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A través de un decreto, el gobierno nacional dispuso congelar los precios de los combustibles por los próximos 90 días, que no podrán superar los valores establecidos hasta el pasado viernes 9 de agosto en todo el país. El impacto para las provincias petroleras, según han advertido las operadoras, se reflejará en una merma de actividad.Pero además, se trata de un golpe directo a la línea de flotación de la economía provincial: con la medida, las regalías hidrocarburíferas se reducen en alrededor del 23%, según los primeros análisis que pueden hacerse a partir de la letra del decreto.

El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 566 firmado en las últimas horas determina, dos elementos fundamentales para poder congelar los combustibles: toma como referencia el precio del petróleo que mostraba la cotización del crudo Brent el 9 de agosto, es decir 59 dólares por barril. El segundo componente es la cotización del dólar, también con la foto de la cotización del último día previo a las PASO: $45,19 (pesos por dólar).

En tanto el decreto establece que esas variables se mantendrán congeladas durante 90 días corridos desde la entrada en vigencia (es decir ayer, 15 de agosto, según la fecha de publicación en el Boletín Oficial), el impacto negativo para las provincias petroleras puede medirse en función de la merma que sufrirán sus ingresos por regalías, así lo informó ADN Sur.

Según plantearon analistas consultados para este informe exclusivo de ADNSUR, el cálculo que debe realizarse para lograr una aproximación sobre ese impacto es el siguiente: al  fijarse un barril de 59 dólares, con el tipo de cambio congelado en 45,19, la base de cálculo para las regalías debería hacerse sobre 2.666,21 pesos. El 12% de ese monto resulta en 319,94 pesos.

En cambio, si el cálculo se tomara al precio que cotiza el petróleo luego de la devaluación, por ejemplo a 59 pesos según el cierre del jueves, el monto resultante de ese barril sería de 3.481 pesos. La regalía sobre ese valor de barril sería de 417,72 pesos.

Es decir, la regalía que percibirá la provincia es un 23% más baja que la que correspondería tomando la cotización libre del dólar. Esa brecha puede crecer no sólo en la medida que el tipo de cambio se incremente, sino también a partir de las subas del petróleo en el mercado internacional, que si bien por estas horas se mantiene entre 59 y 60 dólares por barril, la conocida volatilidad de los últimos meses no impide descartar ninguna hipótesis de mayores precios.

400 MILLONES DE PESOS MENOS EN UN MES

Un ejemplo práctico puede plantearse en base a los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación. Según la información disponible hasta junio de este año, a la provincia le liquidaron regalías por un valor de 31 millones de dólares. Si se toma el tipo de cambio del decreto, la conversión equivale a 1.400 millones de pesos.

Por otra parte, si se convierte a un dólar de 59 pesos, la cuenta daría 1.829 millones de pesos. Los 429 millones de diferencia representan, efectivamente, un 23% menos que lo que hubiera correspondido.

A ese ritmo, manteniendo valores promedio constantes de producción y precio del barril internacional, la provincia perderá ingresos en lo que queda del año por más de 1.200 millones de pesos, siempre y cuando el dólar no suba más de 60 pesos y el petróleo no supere los 60 dólares por barril.

Se creará un registro donde se anotará a las organizaciones que cometieron ataques en la Argentina. Hasta ahora, el país se guiaba por el registro de las Naciones Unidas, donde no figura el grupo chiita que atacó la embajada israelí y a la mutual judía.

Con una publicación en el Boletín Oficial, este miércoles el Gobierno hará público el decreto de creación de un registro especial de organizaciones terroristas que cometieron atentados en el país. La norma permitirá incluir en esa lista al brazo armado de Hezbollah, que según la justicia fue el que cometió los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Hasta ahora, la Argentina no tenía un registro propio, y se guiaba por la lista que elabora Naciones Unidas, en donde no está incluido Hezbollah.

Tras insistentes pedidos de Estados Unidos y de Israel, entre otros países, y también de la dirigencia judía, Mauricio Macri firmó la norma que permitirá declarar a Hezbollah como organización terrorista. El grupo radical chiita ha sido responsabilizado por la justicia de estar detrás de los atentados terroristas a la embajada de Israel en 1992, que dejó 29 muertos, y de la bomba en la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos, y del que se cumplirán 25 años este jueves 18.

El registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano. Contemplará a las personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y a su financiamiento. “ Se trata de un registro que permite brindar información precisa a los diversos actores encargados de la prevención y represion de hechos terroristas. Es un avance para que nunca más en nuestro país suframos ese tipo de atentados”, le dijo a Clarín Garavano, quien junto a la Cancillería, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, pulieron hasta último momento el texto, entre otras cuestiones por las prevenciones que manifestaron los diplomáticos.

Entre esos cuestionamientos, varios diplomáticos se mostraron preocupados por la posibilidad de que se cuestiones a la Argentina por armar un registro propio, cuando la mayoría de los Estados se rige por los listados de las Naciones Unidas. Además, hay otro tema delicado, ya que en la actualidad el Líbano es un país amigo de la Argentina, y en el gabinete libanés hay ministros del brazo político de Hezbollah.

«El decreto permite que a las organizaciones que hayan atacado en Argentina (como Hezbollah) y que no están en las listas de Naciones Unidas las podamos considerar terroristas, porque han cometido un ataque en territorio nacional. En segundo lugar, si países que piden congelar activos de otras organizaciones en la Argentina, ese registro nos permite verificar qué tipo de activos tienen en el país. Punto tres, es una forma de asegurarnos contra quienes tienen algún tipo de acción o actividad de este tipo hacia el futuro», le dijo a este diario la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Por su parte, el residente de la DAIA, Jorge Knoblovits, le dijo a este diario: “El dictado del decreto ajustado al marco de lo determinado por organismos internacionales como Naciones Unidas es importante, en tanto se indique luego del marco otorgado al Registro, que Hezbollah es una organización terrorista en todas sus expresiones, también en la política. Luego de esto se producirá un hecho nuevo en la causa judicial, reforzando las imputaciones a los dirigentes de la República Islámica de Irán”.

El registro no será un listado independiente de grupos terroristas como los que tienen Estados Unidos e Israel, cuyos gobiernos actuales venían presionando fuertemente a Macri en este sentido. En el caso argentino, estará ligado al listado de grupos terroristas que existe dentro de Naciones Unidas, por el que se vienen rigiendo la Argentina y los países del Mercosur.

Para crear este registro, el presidente Macri incorporará un decreto ya existente de 2012 (el 918). Además de Justicia, el ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad de Información Financiera y la Dirección Nacional de Migraciones también trabajarán en la confección del registro.

Además de brindar acceso en intercambio de información sobre personas físicas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, el registro «deberá facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento».

Fuentes consultadas en el Ministerio de Justicia indicaron que de esta manera se «organizará y ordenará lo que ya hay en las Naciones Unidas». También agregaron que ningún país podrá pedir que un grupo u otro, o persona sea declarado terrorista.

En los últimos años, el incremento de la cooperación argentina en Seguridad con Estados Unidos e Israel fue haciendo crecer un debate acerca de si es conveniente declarar o no a Hezbollah como grupo terrorista, en virtud de su responsabilidades con los atentados de 1992 y 1994.

El registro suministrará informes sobre actividades terroristas y su financiamiento sólo a requerimiento de la Justicia nacional, de los Poderes Judiciales y de los Ministerios Públicos Fiscales del país, del Ministerio de Seguridad o de organismos que los sustituyan y de autoridades nacionales o provinciales.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el Gobierno analizaba oficializar el decreto, y cuyo debate anticipó este diario a principios de este año.

La expresidenta deberá elegir una de las dos asignaciones que percibe: como viuda del ex jefe de Estado Néstor Kirchner o por haber sido ex presidenta de la Nación.

El Poder Ejecutivo Nacional ratificó su postura y estableció que la senadora Cristina Fernández de Kirchner deberá elegir una de las dos asignaciones que percibe: una como viuda del ex jefe de Estado Néstor Kirchner y otra por haber sido ex presidenta de la Nación, según el decreto 394/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La exmandataria exige cobrar las dos pensiones: una como viuda y la otra como expresidenta por lo cual el Gobierno Nacional ratificó su postura y estableció que Cristina Fernández deberá elegir una de las dos asignaciones, por lo que quedó agotada la vía administrativa.

El decreto fue firmado por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Cristina obtuvo en diciembre de 2010 una pensión no contributiva por la muerte de su esposo, Néstor Kirchner. Este beneficio es la Asignación Mensual Vitalicia para los ex Presidentes, que le correspondía por ser la viuda de un primer mandatario.

La pensión a la senadora fue otorgada por la Comisión de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, que conducía su cuñada Alicia Kirchner.

Cinco años más tarde, cuando finalizó su segundo mandato, Cristina Fernández comenzó a cobrar otra pensión vitalicia, esta vez por haber sido presidenta en dos períodos.

Pero la ley 24.018 en su artículo 5 sostiene que “la percepción de esta asignación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por aquélla por estos últimos beneficios”.

En el Gobierno del Chubut ya no aguantan más a Taito.

Otra vez, Daniel Taito lo hizo. Un nuevo error en la comunicación del gobierno vuelve a generar reproches internos y dolores de cabeza en las oficinas más importantes de Fontana 50. ¿Ya no hay más paciencia?.

Desde Casa de Gobierno dicen que siempre se equivoca con la comunicación, raro que nunca se equivoque con los números ya que lo que le facturaría al estado son cifras millonarias y ya no se puede permitir excusas. En el otro extremo se encuentra la consultora de Bs. As. que lleva la campaña política de Arcioni la cual está haciendo todo bien salvo porque muchas de estas cuestiones se confunden con la deficiencia de Taito y hasta en la consultora ya están molestos porque Taito les mancha el trabajo.

Esta vez, el “Monje Negro” omitió darle difusión al decreto de prórroga de la Emergencia Económica y se comió la operación del diario El Chubut que jugó fuerte en su edición de lunes e instaló el tema en toda la provincia.

La vigencia de la Emergencia Económica cayó y hay vía libre para embargar al Estado

A primera hora, como cada lunes, hubo reunión de gabinete y sonaron fuerte los reproches. Acto seguido fue el subsecretario de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía, Luis Tarrío quien salió frente a los medios a apagar un nuevo incendio que dejó crecer Taito quién al parecer su vida privada lo ha sacado de foco y ya no presta atención al trabajo. Llega tarde a las reuniones, se olvida de otras y así sucesivamente.

Tarrío: “La Emergencia Económica continuará hasta el 17 de mayo de 2020”

Por lo bajo, algunos de los involucrados reconocieron que el decreto lleva el Nº534, con fecha 21 de mayo de 2019 y “era importante para comunicarlo rápido para que no se genere esto de salir a aclarar todo el tiempo. Nos pegan y salimos atrás a aclarar”.

Taito sigue sumando en su colección de desaciertos y ya son muchos los que plantean que es hora de “oxigenar” que el sobrino del gobernador está lento y que últimamente se lo ve demacrado y desbordado por situaciones que no pertenecen al ámbito político.

Uno de ellos es Luis Tarrío que ya se cansó de salvarle las papas al “picaflor” que no acierta una en los últimos tiempos y se pegó a Arcioni para adjudicarse la victoria luego del 9J pero la realidad marca que los aliados del Gobernador están trabajando con sus equipos de prensa para subsanar el desastre que realiza seguido Taito.

taito demacrado

 

Fuentes de Fontana 50 que a diario se comunican con Cholila Online mencionan que “está “embobado” como cuando alguien está de novio en la adolescencia, después anda trasnochado, demacrado y sin ganas de hacer nada, da mal aspecto”. “Es una risa cuando salimos de comisión, lo primero que hacen con la subsecretaria Constanza Cardin Quiroga es pedir la habitación juntos, parece que es su única preocupación, el gobierno ya se está pareciendo al cabaret de Boca con estas pendejadas”, sentenció la fuente que ve a esta debacle.

Lo hizo a través de un decreto que fue publicado hoy en el Boletín Oficial. La medida impide que un mismo candidato figure en más de una lista de aspirantes a otros cargos en una misma jurisdicción. Para que sea operativa en las provincias, las mismas deberían adherir.

Las colectoras no están previstas en la Constitución ni en la ley electoral. La ex presidente Cristina Kirchner llenó ese vació en 2011 al avalarlas por decreto. Pero a lo largo de los considerandos, el decreto remarca que las “colectoras generan confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”, algo que “conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”.

A la hora de fundamentar esta afirmación, el texto que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro del Interior Rogelio Frigerio asegura que su eliminación “constituye una recomendación persistente de los expertos en la materia y un reclamo de las asociaciones de la sociedad civil abocadas a la mejora de la calidad de los procesos electorales”.

Para que sea operativa en las distintas jurisdicciones electorales, sus respectivas administraciones deberán adherir a la norma. Se descuenta que aquellas aliadas al Gobierno lo harán inmediatamente, mientras que las demás presentarán objeciones.

No obstante, miembros de Cambiemos también se han beneficiado con la herramienta electoral. En 2015 hubo nueve listas distintas que llevaron como candidato a gobernador de Jujuy al radical Gerardo Morales.

El efecto de la iniciativa tiene particular relevancia en la provincia de Buenos Aires. La adhesión de María Eugenia Vidal evitaría una eventual alianza por parte de Alternativa Federal y el kirchnerismo para presentar boletas con el mismo candidato a gobernador.

El decreto hace expresa referencia a los escenarios en los que las elecciones provinciales se produzcan en simultáneo con las nacionales, algo que sucederá en cinco distritos, entre ellos la provincia de Buenos Aires.

En este caso, indica que “cada agrupación política de orden nacional y cada agrupación de distrito sólo podrá adherir sus boletas con una agrupación política de orden provincial de idéntica denominación”. En otras palabras, sólo podrá haber un candidato provincial por partido.

Además, la norma establece que únicamente cuando no participe en la elección una agrupación de orden provincial con esas condiciones -es decir, de ese partido- “podrán hacerlo con una única agrupación de orden provincial de diferente denominación”.

Sin embargo, el decreto elimina cualquier posibilidad de especulación en este sentido al indicar que no se permitirá que una agrupación provincial adhiera sus boletas con las de más de una agrupación de distrito o nacional.

En términos más simples: aún si los partidos dejaran vacante el puesto a gobernador para que el candidato de otro partido ocupara ese lugar, esto no sería posible debido a que su boleta sólo puede estar presente en una lista.

Los lineamientos son los mismos para las elecciones municipales y nacionales. En este caso, el decreto agrega que “para las elecciones generales sólo se admitirá la adhesión de boletas entre agrupaciones que hubieran adherido sus boletas en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”.

En consecuencia, determina que “las agrupaciones que no adhieran sus boletas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias no podrán adherir sus boletas definitivas en las elecciones generales”.

 

 

 

Infobae

La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de Ley para derogar el decreto del Gobierno provincial que prohíbe el ingreso y expulsa a los delincuentes extranjeros. La legisladora cuestionó que se viola la Constitución Nacional y advierte una “frontera interna”.

La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto N° 136/19 del Gobierno provincial, que prohíbe el ingreso y expulsa de Chubut a los ciudadanos extranjeros condenados o que se encuentren cumpliendo condena, que tengan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en el país o en el extranjero.

El decreto data del pasado 6 de febrero y ahora la legisladora del Frente para la Victoria presentó un proyecto para derogarlo, advirtiendo que “se estableció una barrera o frontera en los límites provinciales que impide el ingreso, tránsito y permanencia de una categoría de personas”.

Dufour citó al abogado Enrique Hidalgo, que en una nota del portal “El Cohete a la Luna” realiza un “análisis jurídico y ético del decreto y creo que es la mejor fundamentación -el cual considera Dufour- sólo busca que tengamos claro las aberraciones jurídicas que se realizan con el dictado de esta norma por parte del Ministro de Gobierno (Federico Massoni) y el gobernador (Mariano) Arcioni”.

Le diputada provincial aseguró que “desde el punto de vista moral, la medida es aberrante porque constituye una discriminación xenófoba, pero lo más grave es que los datos estadísticos del Poder Judicial confirman que no hay mayor proporción de extranjeros incursos en la comisión de delitos, desautorizando los fundamentos de la norma emitida”.

Precisó que “las estadísticas oficiales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia establecen que el 3% de extranjeros están comprometidos en delitos penales”.

Dufour insistió en remarcar así que el decreto del Gobierno provincial “viola las garantías individuales que la Constitución Nacional reconoce a los extranjeros (en los artículos 20 y 21); desconoce el derecho al libre tránsito (artículo 14) y pretende ejercer facultades que son exclusiva del Gobierno nacional”, como el ejercicio de reglar las relaciones exteriores.

Con el instrumento, para la legisladora, se plantea “crear una aduana de personas o frontera interior”.

“Hacer efectivo el decreto impediría el ejercicio de lo establecido en la Constitución en relación al libre derecho a transitar, a radicarse, a ejercer industria lícita, trabajar, es decir, el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos que intenta restringir con el dictado de esta norma”, insistió la diputada.

Radio 3

El Gobierno Nacional le propondría al Ejecutivo de Chubut dejar sin efecto el decreto y coordinar el tema a través del Consejo de Seguridad Interior.

El polémico decreto que lanzó el Gobierno Provincial para expulsar de Chubut a los extranjeros que hayan cometido delitos no tendría el visto bueno de Nación, según confirmó el diputado nacional Gustavo Menna.

El legislador aseguró que el instrumento es inconstitucional y, en este sentido, dio a conocer que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se comunicó con él para anticipar que le propondrá al Gobierno del Chubut “dejar sin efecto el decreto y coordinar el tema a través del Consejo de Seguridad Interior”.

“Personalmente comparto el criterio de procurar la expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros incursos en hechos delictivos”, dijo Menna, y sostuvo en ese sentido: “De hecho, el Gobierno Nacional, desde la gestión del presidente Macri, viene actuando de esa manera a través de la Dirección Nacional de Migraciones”.

En este marco aclaró que “si bien compartimos la preocupación por la situación de extranjeros incursos en hechos delictivos, el decreto emitido por el Gobierno del Chubut no se ajusta a lo que dictan la Constitución y las leyes migratorias”, ya que “es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, el que como nunca antes en la historia se está encargando de la cuestión”.

“En todo caso se trata de coordinar esfuerzos con normas jurídicamente aptas”, explicó, ante lo cual agregó que “la ministra Patricia Bullrich me transmitió que le propondrá al Gobierno Provincial dejar sin efecto el decreto, y coordinar la cuestión a través del Consejo de Seguridad Interior”.

De esa manera se podrá activar “el acceso a la base de datos de extranjeros, tal como se convino en el acuerdo firmado el año pasado entre el Gobierno Provincial y la Dirección Nacional de Migraciones, el que incluso contempla el uso de una aplicación para los teléfonos celulares, para que de esta forma los agentes de Policía puedan acceder en forma directa a esa base y efectuar una detección de aquellos casos que ameritan expulsión”.

ADN Sur

La Comisión bicameral de Trámite Legislativo podría reunirse el próximo miércoles 6 de febrero para comenzar a analizar el decreto del Poder Ejecutivo sobre extinción de dominio, para recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico.

Así lo hizo saber el presidente de dicha comisión bicameral, el diputado nacional del FPV-PJ por Santa Fe, Marcos Cleri, quien aclaró que aún no convocó a ese cuerpo parlamentario. Cleri no descartó que ese cuerpo se reúna «posiblemente» el próximo miércoles 6 pero aseguró que aún no definió la fecha de esa convocatoria.

La comisión bicameral de Trámite Legislativo analizará el DNU del Ejecutivo, que ingresó formalmente al Congreso con la firma del presidente Mauricio Macri, que establece el régimen de extinción de dominio para que el Estado recupere bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

 

Diario Punto Uno

El Poder Ejecutivo publicó hoy en el boletín oficial la medida. Tendrá vigencia por un año y autoriza a readecuar partidas presupuestaria. Pide elaborar un proyecto de Sistema Penitenciario Provincial y habilita la incorporación de seguridad privada como auxiliares de la Policía

A través del Decreto 1.353/18 que apareció publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Chubut, el gobierno provincial declaró por un año la Emergencia en Seguridad Pública.

El decreto, con la firma del Gobernador Mariano Arcioni y los Ministros Federico Massoni, Graciela Cigudosa, Marcial Paz y Alejandro Garzonio, comprende una serie de temas relacionados con la seguridad que van desde la creación del Sistema Penitenciario Provincial hasta la incorporación de empresas de seguridad privada como auxiliares de la Policía.

La normativa focaliza en diferentes aspectos de la seguridad provincial, desde dotar de mayores recursos a las áreas de abigeato hasta convocar al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior con el fin de abordar, entre otros aspectos, todo lo atinente a la actividad de la RAM.
En los considerandos de la norma se asegura que el objetivo de tal resolución es “garantizar la defensa de la integridad física y el patrimonio de sus habitantes, amenazada de modo no excluyente por el delito complejo, el crimen organizado, el abigeato, el robo en despoblado y el delito violento contra las personas.

Según plantea el ejecutivo en el texto de la norma, “la iniciativa comprende la apelación a diversas instituciones, recursos y dimensiones de las cuales se dispone para el desarrollo de una la política criminal y de prevención del delito, apelando para ello a diversos subsistemas del sistema de seguridad pública regulado por el Estado”.

En función de esa situación “el Ministerio de Gobierno entiende necesario convocar al conjunto de entidades que prestan diversos servicios de seguridad, tanto personal como de tecnología, en el sector privado con motivo de integrarlos de forma homologada y en carácter de auxiliares al sistema de seguridad en una función subsidiaria a la Policía de la Provincia”.

Uno de los puntos centrales que el gobierno entiende debe concretarse es la conformación del Sistema Penitenciario Provincial y también se indica como tema de “recurrente preocupación para nuestra provincia el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a cuyos integrantes se les imputan delitos contra la propiedad, la seguridad y el orden público, razón por la cual, con el fin de atender, entre otros, la materia de delitos federales producidos por las actividades de esa organización y en el marco de la planificación desarrollada por el Comando Unificado Patagonia, se convoca al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior”.

En su parte resolutiva, se inicia con la “declaración por el término de un (1) año, la Emergencia en Seguridad Pública en todo el territorio de la Provincia del Chubut, con la finalidad principal de garantizar la defensa de la integridad física y el patrimonio de sus habitantes, en virtud de lo expuesto en los considerandos que anteceden”.

A partir de la puesta en vigencia del decreto, el Ministerio de Gobierno y la Policía del Chubut deben presentar en un plazo de 60 días “un relevamiento de necesidades materiales y plan de inversión sobre los siguientes aspectos: equipamiento informático para las áreas dependientes de la Policía Judicial, la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Seguridad y las áreas de ella dependientes, especialmente Abigeato (Policía Montada)”.

El decreto también exige una evaluación de condiciones de rehabilitaciones del parque automotor y adquisición de nuevas unidades, como así también un informe sobre el “mantenimiento de las dependencias policiales propiedad el Estado Provincial y deudas sobre bienes inmuebles alquilados destinados a igual fin”.

También solicita “recursos materiales para la capacitación laboral y educativa de personas alojadas en centros de detención provinciales”, además de “recursos para optimizar las medidas de seguridad y prácticas requisitorias” dentro de los establecimientos de detención penal.

En su artículo 3° el decreto autoriza “al Ministro de Gobierno a través de su Dirección General de Administración, a adquirir y/o contratar bienes, recursos y suministros de servicios declarados necesarios para atender la situación extraordinaria”, de acuerdo a la normativa vigente.

Por otra parte encomienda a la Policía a presentar un plan “de reformulación de la División de Seguridad Rural a los fines de revertir el delito de abigeato”.

En materia de formación policial, habilita una revisión del Diseño Curricular de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, como así también a que el Ministerio de Gobierno suscriba acuerdos con establecimientos universitarios públicos de gestión estatal que permitan concluir de manera presencial o a distancia con la carrera de grado de los oficiales egresados del Instituto Superior de Formación Policial N° 811.

Uno de los puntos inéditos del decreto de emergencia es que pide a la Jefatura de Policía que en el marco de la emergencia “elabore y presente ante el Ministerio de Gobierno un informe sobre las personas físicas o jurídicas habilitadas a prestar servicios particulares de seguridad con el propósito ulterior de elaborar un protocolo de actuación a los fines de proporcionar un marco procedimental que eficientice y encuadre legalmente el desempeño de aquellas agencias y de su personal en carácter de auxiliares de las fuerzas de seguridad pública u organismos de persecución penal tal lo señalado por el Artículo 31° del mismo texto legal, cuando se evalúe que la situación conlleve peligro para la integridad física de las personas o la seguridad de los bienes”.

También señala que “aprobado el protocolo, se integrará al plan de estudios de los cursos de capacitación y formación profesional dictados por aquellos centros autorizados”.

En ese contexto plantea el decreto que el Ministerio de Gobierno deberá convocar de manera “inmediata a todos aquellos prestadores del Servicio de Alarmas Particulares comprendidos por la Ley XIX – N° 45, y que de conformidad con la misma Ley se encuentran bajo su órbita, a los fines de analizar vulnerabilidades que pudieran presentarse en los servicios prestados como resultado de la aplicación de dispositivos inhibidores de alarmas domiciliarias como vehiculares y toda otra intrusión en comunicaciones de seguridad sobre los bienes”.

El decreto también obligará a la Secretaría de Trabajo a informar al Ministerio de Gobierno “un informe de situación en lo atinente al Registro Público Provincial de Empresas y Personal de Control de Admisión y Permanencia de empresas que poseen o brindan servicios en eventos nocturnos, tales como “espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general que se lleven a cabo en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de entretenimiento de público en general”

Con ese informe en su poder, el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía podrán implementar una guía de procedimiento para la intervención del personal de seguridad de boliches y espectáculos públicos como auxiliares de las fuerzas de seguridad.

Un punto central del decreto es la elaboración de un proyecto de creación de “creación del Servicio Penitenciario Provincial a los fines de comprender, en la medida de lo que de aquel Servicio Penitenciario dependa, lo reglado por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, asignándole para esa finalidad la facultad de convocar a las carteras ministeriales que considere pertinente y dar intervención a fines de asesoramiento al Consejo Federal Penitenciario, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.

En su artículo 12°, el decreto autoriza a Convocar “al Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior” y pide que especialmente en el orden del día se de tratamiento “sobre la actividad de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)” y plantea que “una vez formuladas las recomendaciones en materia de políticas relativas al control de las actividades delictivas surgidas del seno del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, se autoriza al Ministro de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para su efectiva implementación”.

Jornada

Son más de $3 millones destinados a las 11 asociaciones que tienen al día sus rendiciones y documentación. Además, el Gobernador adelantó que el sábado estará recorriendo la ciudad de El Maitén.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, firmó hoy por la mañana el decreto que permite poner al día la histórica deuda con la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia del Chubut. De esta manera se otorga el subsidio de 3.672.000 de pesos, los cuales serán destinados a las 11 asociaciones que tienen al día sus rendiciones y documentación.

Al respecto, el Gobernador aseguró que “hoy hemos firmado el decreto para cancelar todos los subsidios que le debe la provincia a los bomberos hace muchos años”, y precisó que “la semana que viene tendrán el dinero”.

“El día sábado estaremos por la ciudad del El Maitén, seguramente visitaremos el cuartel de bomberos de la localidad”, adelantó Arcioni.

En tanto, el director de Defensa Civil de la Provincia, Walter Flores, señaló que “el Gobernador firmó hoy, junto a los Ministros Coordinador y de Gobierno, el decreto correspondiente al subsidio de más de 3 millones de pesos otorgado a la Federación de Bomberos Voluntarios para que sea distribuido en los 11 cuarteles que hoy por hoy están al día en lo que son rendición de subsidios anteriores y los balances al día”.

“Existía una deuda histórica que data del año 2013”, precisó Flores y comentó que “en el mes de septiembre el Ministro Massoni se había reunido con gente de la Federación, encabezada por Gastón Alcucero, se pusieron de acuerdo, conste que parte de la deuda había sido archivada y que se desconocía que existía, entonces obviamente lo que se hizo fue hacer todo los trámites correspondientes, involucrando al Ministerio de Economía para hoy poder firmar este decreto y hacer efectivo el dinero”.

“El dinero completo se baja a la Federación de manera tal que ellos lo distribuyan y se hagan responsables de rendirlo en tiempo y forma como corresponde ante el Gobierno”, detalló el Director de Defensa Civil.