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Los gobernadores siguen sumando planteos en la Corte Supremacontra el gobierno de Mauricio Macri. Ayer, San Juan presentó una nueva demandacontra el Estado Nacional: le reclama una deuda que, según sostuvo en el escrito, es de 873 millones de pesosmás sus intereses. El planteo es contra Vialidad Nacional. Según San Juan, el organismo se había comprometido con la provincia a una serie de pagos que no completó.

La Corte acumula ya 19 presentacionespromovidas en las últimas semanas por gobernadores contra la Nación, confirmaron fuentes del máximo tribunal. Son causas que atacan distintas decisiones.

Los gobernadores -ninguno oficialista- saben que estas demandas las heredará el próximo gobierno; es decir, si los pronósticos se cumplen, Alberto Fernández. Con él se sentarán a negociar. Tener una demanda ya iniciada ante la Corte fortalece la posición de las provincias; incluso cuando la contraparte resulte ser un presidente amigo.

En las últimas semanas, hubo 15 presentaciones de distintas provincias -San Juan entre ellas- contra los decretos post-PASO de Mauricio Macri, que incluyeron la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y una modificación del impuesto a las Ganancias. Además, a la Corte entraron cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el DNU que congeló el precios de los combustibles.

Todos estos casos se presentaron alegando la «competencia originaria» de la Corte; es decir, con el argumento de que son causas que deben tramitar desde el principio en el tribunal por ser demandas de los estados provinciales contra el nacional. La Procuración les dio la razón. La presentación de ayer de San Juan es contra Vialidad Nacional, un organismo descentralizado, que no registra otras demandas como esta.

San Juan está gobernada por Sergio Uñac, que este año ganó la reelección. Es un peronista con juego propio, que en un primer momento hizo gestos a favor de la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, pero que ahora está cerca de Fernández.

Los argumentos de Vialidad y San Juan

«Esto es absolutamente político y extemporáneo», dijo a LA NACION la administradora general de Vialidad Nacional, Patricia Gutiérrez. «Le reconocimos San Juan una deuda que nunca nadie le había reconocido y venía de antes de nuestra gestión. Pagamos 1320 millones de pesos que era lo que tenía respaldo y correspondía pagar», afirmó.

Gutiérrez explicó que la deuda con San Juan se generó a partir de 2010, cuando el gobierno central empezó a dejar de pagar obras que iban a hacerse con fondos nacionales y la provincia puso el dinero para continuarlas. Dijo que el último número al que habían llegado daba una deuda de 2200 millones de pesos y reconoció que Vialidad Nacional se había comprometido a pagarla, pero dijo que siempre estuvo claro que los desembolsos estaban sujetos a que la provincia entregara todos los comprobantes correspondientes. Eran cinco cuotas. La Nación pagó tres. La discusión es por las dos últimas.

«Para Vialidad Nacional todo lo que corresponde pagar está ya pagado, salvo un tramo de la ruta 40 Norte, que está en obra y no es lo que están reclamando» , afirmó Gutiérrez.

Jorge Alvo, fiscal de Estado de San Juan, fue quien firmó la demanda que se presentó en la Corte. Según él, la Nación asumió una deuda que ahora desconoce con una excusa que no tiene sentido porque si Vialidad Nacional tenía algún cuestionamiento a la documentación respaldatoria debió haberlo planteado antes de comenzar los pagos y no en la cuota cuatro.

«Esto no es político. Los fondos son de todos los ciudadanos sanjuaninos. No pueden ser tan irresponsables y que negar todo cuando asumieron una deuda y un compromiso», dijo Alvo. «La única respuesta real es que no tienen un peso», afirmó.

Todo indica que en las próximas horas la Corte enviará el caso a la Procuración para que dictamine sobre la competencia, previo a decidir si toma o no el caso, informó La Nación.

Cilla Carden, una residente vegana de un barrio situado a las afueras de Perth (Australia), decidió demandar a sus vecinos por el olor a carne y pescado que desprende su barbacoa, informaron este lunes medios locales.

«Lo pusieron allí para que huela a pescado, todo lo que puedo oler es pescado», explica Carden, que asegura que no puede salir al patio trasero de su casa ni disfrutar del mismo por esta misma razón. La mujer también exige a sus vecinos que dejen de fumar y que sus hijos no hagan ruido jugando a baloncesto.

Terapeuta masajista, Carden asegura que la situación es «devastadora» y que no puede dormir debido al malestar que le ocasiona. Asimismo, asegura que el comportamiento de sus vecinos «es deliberado», por lo que decidió llevar el caso ante la Justicia.

Sin embargo, los tribunales han desestimado el caso, dando la razón a los vecinos y rechazando la solicitud de apelación de la denunciante. Pese a todo, Carden asegura que no se da por vencida y que seguirá adelante con la disputa legal, así lo reseña RT.

Dice que el olor la perturba y no puede vivir. El caso fue presentado en la Justicia.

Cilla Cardenes una mujer australiana que vive en Girrawheen, una localidad al norte de Perth. Según denunció, su vida era tranquila hasta que un vecino tuvo la idea de instalar una parrilla en el jardín: desde ese momento, elolor a comida asadaes insoportable porque ella es vegana.

Además del olor que desprenden los alimentos que consumen sus vecinos (en general pescado), Cilla también se quejó del humo del cigarrillo y de ruidos molestos. Por eso denunció aToan Vu, el vecino, ante la justicia local. 

En declaraciones que publica el diario británico The Guardian, Cilla Carden explica que no tiene calidad de vida: «Colocaron una parrilla y solo huelo a pescado, solo puedo oler a pescado. No puedo disfrutar de mi jardín, ya no puedo salir de casa», declaró angustiada.

Cilla y la parrilla de la discordia.

Carden llevó el caso a los tribunales en 2017  y mantuvo una batalla legal hasta la sentencia definitiva: la Corte Suprema de Perth desestimó su caso y le dio la razón al vecino.

Toan Vu, el vecino que instaló una barbacoa en su patio.

En la sentencia se puede leer que «a la señora Carden se le dio una oportunidad justa para presentar su caso, y los miembros del tribunal condujeron los procedimientos de manera justa y apropiada». Ahora, invita a los vecinos a «dirigir y gastar sus energías en la resolución de sus diferencias lo mejor que puedan».

El jardín de la mujer australiana, impregnado con olor a comida asada.

Los vecinos de Cilla Carden no fueron los únicos que tuvieron dificultades con la mujer vegana: otro hombre debió sacar una parrilla ante los constantes reclamos de Carden, informó El Clarín.

Un grupo de personas ha presentado una demanda colectiva contra Apple y Samsung en California (EE.UU.), alegando que los teléfonos móviles de esas compañías incumplen los estándares de radiación máxima y ponen en riesgo la salud.
Según reza la denuncia, teléfonos móviles de esas empresas exponen a los usuarios a emisiones de radiofrecuencia «en algunos casos un 500 por ciento» por encima de los límites impuestos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Citando «numerosas publicaciones científicas recientes», los demandantes señalan que estas emisiones provocan «un mayor riesgo de cáncer» y otra serie de efectos nocivos, incluidos daños genéticos, cambios en el sistema reproductivo, y trastornos neurológicos.

Ninguno de los demandantes afirma haber sufrido alguna enfermedad o dolencia producto del uso de estos teléfonos, sino que buscan retribución de parte de esas empresas por presuntamente incurrir en delitos como negligencia, incumplimiento de garantía, fraude al consumidor y enriquecimiento injusto.

El incumplimiento citado en el texto judicial se deriva de una reciente investigación de laboratorio encargada por Chicago Tribune, en la que se midió un indicador de radiación denominado tasa de absorción específica —medido en watts por kilogramo (w/kg)— de aparatos recién comprados de modelos como el iPhone 8, iPhone X, y el Galaxy S8.

La FCC señala que ningún teléfono vendido en EE.UU. puede exceder los 1,6 w/kg, pero su regulación permite medir esta tasa a hasta 25 milímetros del aparato. La nueva investigación incluyó mediciones a 10 milímetros, 5 milímetros y a 2 milímetros, distancia que podría haber entre la pierna de un usuario y el teléfono en su bolsillo.

Todos los modelos de Samsung y Apple examinados a 2 milímetros presentaron mediciones por encima del límite permitido, entre ellos varios iPhone 7 puestos a prueba que incumplieron a los 5 milímetros, la distancia a la que esa última compañía prueba la radiación de sus productos.

Resultados

Al comentar estos resultados, Apple alegó que utiliza un método de medición diferente al utilizado en la investigación, y tanto esa como otras compañías subrayan que ninguna organización importante de salud pública ha podido vincular el uso del teléfono celular con el cáncer u otras dolencias graves. La FCC, no obstante, aseguró que realizará su propia verificación de estos teléfonos en los próximos dos meses.

Entretanto, algunos tachan de inadecuado el lineamiento de 1,6 w/kg, establecido en 1997 cuando los celulares eran mucho menos potentes que los actuales. Estudios recientes apuntan a que una radiación 2.000 veces menor puede debilitar el ADN de ratas de laboratorio y disminuir su conteo de esperma, mientras que dosis hasta cuatro veces menores han sido ligadas a una mayor probabilidad de tumores malignos en ratas.

Investigadores señalan además que los niños pueden absorber hasta un 150 % más radiación que los adultos, una preocupación que se suma a los potenciales problemas que podrían presentar nuevas tecnologías de telecomunicaciones incluso más potentes, como lo es el 5G, así lo reseña RT.

El Foro de Fiscales de Estado se reúne hoy a las 9 en Buenos Aires. Cuando termine la reunión habrá una caravana de abogados con demanda en mano hacia la Corte Suprema. Es por la suba del piso del Impuesto a las Ganancias; la eliminación del IVA en alimentos y los cambios en el Monotributo. El impacto en las arcas provinciales supera los $ 500 millones.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) será hoy el escenario en donde los fiscales de Estado de al menos 20 provincias se reunirán como antesala para ir al máximo órgano de la justicia nacional para demandar al Estado Nacional por medidas adoptadas sin consulta y que tendrán un fuerte impacto en las remesas diarias de coparticipación que reciben las provincias.

En un grupo de WhatsApp en el que participan los Fiscales de Estado, circularon las demandas ya listas de al menos 20 provincias por la suba del piso de Ganancias y de la quita del IVA para una gama de productos alimenticios.

A pesar de la cumbre de la semana pasada entre los gobernadores con los ministros Rogelio Frigerio del Interior y Hernán Lacunza de Economía para intentar sellar un acuerdo, los plazos comenzaron a correr, los mandatarios dieron vuelta el reloj de arena y el tiempo se terminó: Hoy habrá un desfile por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales aseguraron a EL CHUBUT que la reunión del Foro de Fiscales de Estado de hoy «será el paso previo para ir a la Corte Suprema a presentar acciones declarativas de inconstitucionalidad».

No será una demanda unificada entre las provincias, sino que cada distrito presentará las medidas cautelares debido a que el impacto en cada caja es diferente producto de que los índices de Coparticipación Federal de Impuestos son distintos.

De acuerdo al documento elaborado por el CFI, las pérdidas en la provincia del Chubut que conduce Mariano Arcioni serán de 512 millones de pesos por los cambios en Ganancias, IVA y Monotributo.
Intentando desactivar la peregrinación masiva de los gobernadores a la Corte Suprema, Nación promocionó el discurso de que esta poda de ingresos en las provincias «se compensará con mayor consumo de los ciudadanos que tendrán más dinero en el bolsillo por estas medidas».
El argumento no convenció a los mandatarios que afrontan los últimos meses de gestión con serias dificultades financieras.

IMPACTO EN LOS INGRESOS DE CHUBUT

El informe del Consejo Federal de Inversiones sostiene que Chubut perdería 512 millones de pesos por la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, Monotributo y la eliminación del IVA sobre determinados alimentos.  EL CHUBUT accedió al informe, que hace un desglose mes a mes durante la vigencia de estas medidas.

En septiembre, Chubut dejará de percibir $164 millones, de los cuales $156 millones son por Coparticipación Federal de Impuestos y $8 millones los cambios en el Monotributo.

En octubre, la pérdida será de $199 millones; en noviembre la recaudación disminuirá 53 millones de pesos; mientras que en diciembre la baja de ingresos será de 96 millones de pesos.

LOS FUNDAMENTOS

En los fundamentos de la demanda que presentará Chubut explica que la suba del piso de Ganancias, los cambios en el Monotributo y autónomos y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica, «es una contención social en la que están de acuerdo, pero que se realizó con plata ajena».

«Las medidas tienen incidencia presupuestaria e impositiva y no pueden ser reglamentadas por un Decreto de Necesidad y Urgencia, por el contrario, debe contar con el aval del Congreso», explicó a EL CHUBUT un funcionario que trabajó en la demanda provincial.

En otro pasaje, la acción declarativa de inconstitucionalidad de Chubut contra los cambios en Ganancias, IVA y Monotributo, sostiene que modifica el derecho intrafederal, «porque la coparticipación es un contrato con las provincias y ese contrato no lo puede modificar una sola parte».

«La coparticipación es una ley acuerdo, para modificarlo tiene que haber un consenso generalizado de todas las partes. En este caso puntual, las provincias no dieron luz verde», delineó a este diario un abogado con acceso a la demanda.

COMPENSACIÓN O JUICIO

Como había anticipado EL CHUBUT, Arcioni pediría fondos compensatorios por las pérdidas derivadas del paquete de anuncios realizada por el presidente Mauricio Macri.

Luego de la reunión de la semana pasada, el documento firmado por los gobernadores aclaraba que «no están en contra de acciones que tengan como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesa la mayoría de los sectores», pero cuestionan que la administración nacional «hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias».

El escrito añadía que Nación «no puede disponer de recursos que son de las provincias, tanto por el Presupuesto en ejecución como por el Pacto Fiscal». El texto sugiere además un «grave peligro de no poder afrontar gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social».

Hubo una disminución de aproximadamente el 50 por ciento de la demanda del subsidio eléctrico. La secretaria de Familia de Rawson, Vanesa Freeman explicó que se trata de “un buen dato, porque significa que muchos vecinos ya han podido instalar el gas en su domicilio, a través del plan implementado por la Municipalidad de Rawson”.

La Secretaría de Familia y Promoción Social de la Municipalidad de Rawson informó que hubo alrededor de 90 familias inscriptas para obtener el subsidio de energía eléctrica. La matrícula de inscripción comprende alrededor de un 50 por ciento menos de inscritos respecto de la última convocatoria.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Familia, Vanesa Freeman, indicó: “Hemos tenido una disminución de aproximadamente el 50 por ciento de la demanda del subsidio, y este es un buen dato, porque significa que muchos vecinos han podido instalar el gas en su domicilio gracias el programa municipal “Mejor Hogar-Gas”, a través del cual los vecinos van a poder instalar el gas en sus domicilios a un costo muy accesible, mediante una financiación del Banco Hipotecario”.

“La red del tendido de gas ha posibilitado que muchos vecinos hoy puedan conectar el servicio en sus viviendas”, agregó Freeman sobre el plan “Mejor Hogar-Gas”que le permite a los vecinos pagar en 60 cuotas, sin interés, la conexión intra-domiciliaria que lleva el gas desde el nicho hacia el interior de su vivienda. “Entendemos que hasta el momento más de 200 vecinos han aprovechado este recurso que es muy valioso, que le permite a las familias acceder a la instalación domiciliaria por medio de las gestiones implementadas por la Municipalidad de Rawson”.

Además, el municipio continúa trabajando con el plan de subsidios para la energía eléctrica que tiene como propósito, mediante un convenio realizado con la Cooperativa de Servicios Públicos, subsidiar el ítem de energía eléctrica a aquellas familias que no tienen gas natural y se calefaccionan por otros medios.

La secretaria de Familia sostuvo que “este año, otra vez, nuestra Intendenta, Rossana Artero, decidió destinar recursos propios para poder acompañar a los vecinos a los que se les hace muy costoso el impacto de la factura de luz, por no contar con gas domiciliario y tener que calefaccionarse, generalmente, por medio de artefactos eléctricos”. El subsidio impacta en el rubro de energía eléctrica de la factura de los servicios públicos que presta la cooperativa de Rawson, cubriendo el 100 por ciento de la boleta.

“Hubo 90 inscriptos, lo que indica que se produjo una reducción de la demanda del subsidio a la energía eléctrica”, explicó Freeman, quien además, en relación a la obra del tendido de red de gas del Barrio Área 12, inaugurada este año, que le posibilita a 500 familias contar con el servicio, señaló: “Notamos además que no ha sido predominante los pedidos de los vecinos del Área 12 que generalmente se inscriban”.

Las autoridades de la DAIA advirtieron que no desistirán de la querella en la causa por supuesto encubrimiento de Irán contra la expresidenta Cristina de Kirchner, al rechazar el pedido que hizo la AMIA en ese sentido. Sin embargo, aclaró que lo pondrá a consideración de las otras organizaciones que integran la entidad.

Luego de que trascendiera una carta que la mutual judía envió al brazo político de la comunidad para reclamarle que dejara la causa, la DAIA salió a aclarar que no lo hará.

«La DAIA, representación política de la comunidad judía argentina, informa que ha recibido una carta de la AMIA instándola a desistir de impulsar la causa judicial contra la ex Presidenta de la República, a propósito del memorándum suscripto entre nuestro país y la República Islámica de Irán», afirmó.

En un comunicado, continuó: «Al respecto, la entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella, pero que someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país».

«La DAIA desconoce los motivos por los cuales la AMIA, una de sus más de 120 entidades adheridas, le ha dado estado público a la cuestión», cuestionó la entidad, en un documento firmado por su presidente, Jorge Knoblovits, y el vicepresidente segundo, Marcelo Taussik.

Horas antes de la difusión del comunicado, Knoblovits se mostró sorprendido por la publicación de la carta y afirmó que «la AMIA ni siquiera es querellante en esta causa».

«No se expidieron públicamente (en el inicio) y lo hacen ahora con esta nueva comisión directiva», advirtió el presidente de la DAIA en declaraciones a radio Continental.

Knoblovits expresó su malestar por la forma en que la AMIA trató el tema: «Nos molesta que lo haga a través de un hecho público. La carta es una carta más y que iba a tener el tratamiento que corresponde, lo que es noticias es que lo haga por los medios», añadió.

Por su parte, el presidente de la AMIA, Agustín Zbar, aseguró que la posición de no litigar en la causa contra Cristina por supuesto encubrimiento de Irán es mantenida por la entidad desde hace años y que fue comunicada varias veces.

«Ya se lo habíamos dicho verbalmente muchas veces (al presidente de la DAIA) y a la comisión anterior de (Ariel) Cohen Sabban. Desde hace ya varios años la AMIA viene planteando que esta querella es inconveniente», manifestó Zbar.

 

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