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«Somos pro mineros y a su vez defensores del medio ambiente»  aseguró el presidente de la Cámara Industrial de Puerto Madryn, Ovidio Palacio.

El dirigente consideró que es una falacia oponer la palabra minería a la de medio ambiente porque hoy todos, incluido los empresarios del sector, saben que la única manera de realizar la actividad es haciéndola con cuidado del medio ambiente para obtener la llamada «licencia social».

Consideró que la explotación de los yacimientos ubicados en la meseta brindara condiciones laborales y económicas que favorecerán sin ninguna duda al desarrollo de la provincia y particularmente de la comarca.

La dirigencia de CIMA tiene la expectativa puesta sobre el futuro gobierno nacional que encabezará a partir de 10 días más el presidente Alberto Fernández quien prometió una economía con base industrialista para frenar la caída de producción.

CIMA es entidad de base de la Unión Industrial Argentina, entidad para la cual tienen un delegado en la comisión directiva que lleva las inquietudes locales a nivel nacional.

Ovidio Palacio asumió la semana pasada la conducción de la entidad que renovó autoridades y se apresta a iniciar otra etapa, informó Radio Chubut.

El amplio triunfo de Alberto Fernández en las PASO sorprendió a muchos, pero sobre todo a empresarios que habían apostado por Mauricio Macri. El resultado de las primarias impactó en el financiamiento electoral del Presidente: a pesar de que en las elecciones generales suelen movilizar cantidades mayores de dinero, la fórmula Macri-Pichetto recaudó $43 millones menos entre empresas en comparación con las PASO.

Juntos por el Cambio informó que recibirá $67 millones en concepto de donaciones de compañías para la campaña presidencial de octubre, según se desprende del informe preliminar de financiamiento que entregaron ante la Justicia Electoral. Esos números quedaron lejos de aquellos $110 millones que el Presidente sumó entre grandes compañías de cara a las PASO.

El Frente de Todos, en cambio, sumó nuevos aportes tras la victoria en las primarias, pero aun así no pudo superar al oficialismo. La oposición proyectó que recibirá donaciones por $41 millones de empresas para la campaña, una cifra en ascenso que obedece al impulso de las urnas, pero también a una táctica más agresiva. Consumado el triunfo de las PASO, desde el entorno de Alberto Fernández decidieron tocar la puerta de las compañías que ya le habían donado al oficialismo. Y -sostienen- tuvieron buenos resultados.

El principal donante de la fórmula Macri-Pichetto es el Grupo General Deheza (AGD), cuyo referente es el exsenador peronista Roberto Urquía. El holding desembolsó hasta ahora $12 millones a través de las firmas Niza ($9 millones) y Establecimientos Agropecuarios La Paz ($3 millones), según se desprende del informe oficial. A esa cifra hay que sumarle otros $10 millones que el Grupo AGD ya aportó para las PASO en favor de Juntos por el Cambio.

Las empresas de AGD fueron algunas de las firmas que recibieron cartas, mails y llamadas desde el entorno de Alberto Fernández. Urquía ya conocía al candidato: lo había recibido en su planta de Córdoba incluso antes de las PASO y después de las internas el empresario organizó un evento -almuerzo incluido- en la Fundación Mediterránea de Córdoba.

Esa hospitalidad de las últimas semanas habría de traducirse en financiamiento, una donación de $9 millones por parte de Aceitera General Deheza que se haría pública en los próximos días, informaron cerca de Alberto Fernández. LA NACION intentó contactarse ayer, sin éxito, con el empresario para consultarlo sobre esta información.

Urquía no fue el único empresario que se acercó al candidato opositor después de apoyar la campaña del Presidente. Tras las PASO, Marcelo Mindlin (Grupo Emes) y Marcos Galperín (Mercado Libre) se reunieron a solas con Alberto Fernández. Macri, por su parte, faltó al Coloquio de IDEA, el encuentro más importante de empresarios locales (aunque participó por videoconferencia). Los desencuentros con el empresariado habían empezado hace dos semanas, cuando el Presidente asistió al foro de la Unión Industrial Argentina (UIA), pero el titular de esa entidad se retiró antes de su discurso.

«Por suerte hacemos una campaña mucho más austera que la de las PASO», afirmaron desde el oficialismo. Y aclararon que la mayoría de los fondos fueron recaudados antes de las primarias y que Juntos por el Cambio los administró entre los dos comicios.

La composición del mundo de aportantes de Juntos por el Cambio es similar a la de las PASO: la agroindustria sigue siendo el principal financista, seguida por el sector financiero. En ese rubro figura, en el informe preliminar, Compañía de Inversiones Generales (Coinge), de la familia Miguens Bemberg, quienes también integran el directorio de Central Puerto, emprendimiento del que participa Nicolás Caputo.

Por ahora el Frente de Todos dio vuelta pocas cartas sobre quiénes financian su campaña. Castello Mercuri SA, un bróker de seguros con sede en Puerto Madero, desembolsó un millón de pesos. Alberto Fernández conoce el sector porque fue superintendente de Seguros de la Nación durante el menemismo, pero desde su entorno aclararon que fue un aporte voluntario.

La otra de las compañías que apoyaron al candidato opositor es Aluar SA, la única firma que donó dinero para los dos principales partidos en las PASO. Esta vez volvió a desembolsar $900.000 en favor de la fórmula Fernández-Fernández. Por ahora la compañía no aparece en la nómina de Juntos por el Cambio. Los últimos dos aportantes son Los Mellizos Panificados SRL, una empresa tucumana que donó $700.000, y la firma metalúrgica Ferrosider SA, que aportó $500.000.

A días de las elecciones, los principales líderes del empresariado argentino jugarán una carta fuerte de cara a la posible renovación en la Casa Rosada. Se trata de la confección de un documento con cuestiones de fondoque se les repartirá, según relataron sus mentores, a todos los candidatos a presidente. Llevará allí algunas máximas republicanasque consideran fundamentales para el devenir democrático.

El foco principal será reforzar la institucionalidad y avanzar sobre políticas públicas que trasciendan la coyuntura actual.

El documento, que será presentado la semana próxima, pide también que algunas entidades clave de la gestión pública, históricamente ligadas a la conducción política del Estado, dejen de ser ocupadas por la voluntad de un gobernante y se tome como criterio de selección la meritocracia y aptitudes. Así lo confirmaron hoy autoridades de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que reúne a los organismos financieros extranjeros. El documento trasciende a ABA e incluirá a las principales asociaciones empresarias.

«Te lo contesto fácil. Sí», respondió Enrique Cristofani, presidente de la filial local del banco Santander, ante una consulta periodística. En el marco de una reunión con la prensa, se les había preguntado a los banqueros si pensaban que hombres como Guido Sandleris(presidente del Banco Central) y Leandro Cuccioli (AFIP) debían seguir en sus sillas ante un eventual triunfo de Alberto Fernández (Frente de Todos).

Aunque el texto aún no pasó del borrador, se contempla que haya menciones específicas a otros organismos clave, como la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la ANSeS, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sigen. En la noche de apertura del Coloquio fue Graciela Fernández Meijide quien dejo entrever que se estaba trabajando en un proyecto de este tipo.

Los promotores les están preguntando a cada uno de los organismos que forman parte de las asociaciones empresarias que señalen cuáles son las oficinas públicas clave que deberían entrar en la lógica de la meritocracia y quedar protegidas de las turbulencias políticas.

ABA es una de las organizaciones que, a través del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el denominado Foro de Convergencia, promueven la firma de un documento que reclame institucionalidad, transparencia y la conformación de políticas públicas a ser entregados a los presidenciables.

El Foro de Convergencia Empresarial está conformado por entidades empresarias, profesionales, fundaciones, ONGs y organizaciones representativas de distintas religiones. Reúne a más de 80 organizaciones. Algo similar ocurre con IDEA. En otros términos: el documento contará con el apoyo de empresas que se llevan la mayor parte del producto bruto argentino. Luego de hacérselos llegar a los candidatos para su firma, los promotores del documento lo distribuirán. La idea surgión después de las PASO, en las que contra los pronósticos Fernández sacó una abultada ventaja con respecto a Mauricio Macri.

Si bien la institucionalidad está al tope de las inquietudes empresariales, también incluyen en la lista otras preocupaciones. Entre ellas, la renegociación de la deuda pública, algo que debería ocurrir lo más rápido posible, según sus términos, para ocasionar los menores perjuicios. En ese punto, sostienen, es clave el compromiso que tenga el futuro gobierno -quienquiera que sea el ganador- para reducir el déficit fiscal primario.

Los banqueros insistieron siempre que pudieron en su reclamo de institucionalidad. No dan la elección presidencial por cerrada hasta el momento que ocurra, pero ya tomaron contacto con Matías Kulfas y Cecilia Todesca, dos de los economistas que más acompañan a Alberto Fernández.

Kulfas, por caso, dice que quiere duplicar las exportaciones. Eso no se logra sin prefinanciación y crédito, que a su vez depende de la resolución de la deuda, sostuvieron.

Además de la convergencia fiscal -la manera sofisticada de llamar al hecho de que cierren las cuentas- y la deuda, los banqueros le suman a sus preocupaciones la solución de las restricciones estructurales. Martino puso el foco en ese punto varias veces.

En su agenda de mediano plazo, los dueños de los bancos le llevarán al próximo presidente una propuesta para que se penalice el uso de dinero en efectivo y se premien los pagos por medios electrónicos. Intentarán armar una mesa de trabajo con la AFIP, la ANSeS y el Ministerio de Hacienda.

Polémica por las Leliq

Sobre las Leliq, las herramientas del Banco Central que suelen ser criticadas por Fernández -el candidato del Frente de Todos promete pagar con esos fondos los «medicamentos» de los jubilados, algo difícil de explicar por parte de los especialistas-, los banqueros hicieron algunas aclaraciones. «Son la contracara de los depósitos. Es lo que les permite a los bancos darle al depositante una tasa razonable», recordó Martino.

Si ese premio no está, deslizaron los banqueros, es posible que las inversiones en pesos pierdan interés, por lo que esos fondos podrían ir hacia otras monedas, como el dólar.

Martino volvió sobre esos puntos. Sostuvo que en sólo dos momentos en los últimos años se cuidó al depositante: en la convertibilidad y con este gobierno, cuando la tasa mejoró. Así, hasta antes de las PASO, había un récord de depositantes. «Cuando los depósitos caen, nosotros bajamos el riesgo, pero se pierde la posibilidad de financiar exportaciones», informó La Nación.

La cuestión institucional, la presión tributaria y el desarrollo económico siguen en la agenda. Hablan de “resignar algo” frente al pacto social que propone Alberto Fernández.

Si se confirman los resultados de las primarias, habrá un cambio en el rumbo del Gobierno nacional. Los empresarios nucleados en IDEA –que representan un 50% del PBI– confirman que continuarán empujando la agenda de los ùltimos años, aunque saben que la política espera algo de ellos.

«Los líderes de la Argentina, los políticos, los gremiales y los empresarios nos tenemos que poner de acuerdo en cuatro y cinco idea básicas«, dice Federico Procaccini, presidente del Coloquio de IDEA.

«El marco institucional es importante para las reglas de juego. También el desarollo económico sostenible, porque crecer es la salida para transformar el país que tenemos hoy», señaló el ejecutivo. «La Argentina está asfixiada en lo tributario, con una presión impositiva muy alta para el mundo», agregó.

«Seguiremos tratando la cuestión impositiva, el tema laboral, cuestiones que son importantes para el desarrollo del país para que podamos alcanzar consensos», dice Gastón Remy, presidente de IDEA.

El candidato Alberto Fernández, del Frente de Todos, viene bregando por un acuerdo de precios y salarios, que permita aquietar la inflación. «Estamos seguros que a los empresarios nos pedirán algunas concesiones en es mesa. Y estamos dispuestos a cumplir si eso sirve para mejorar el país», detalla otro ejecutivo del sector privado, que pidió no ser mencionado.

Claríncontó el lunes que este Coloquio está signado por paneles sobre la inclusión, el empleo y temas más sociales. En años anteriores, se abordó el funcionamiento republicano, la corrupción y la inserción de la Argentina en el mundo, tres temas más predominantes en el discurso del macrismo. «No es que nosotros cambiamos por los nuevos tiempos políticos. Este coloquio se llama «a los hechos». Pero las cuestiones esenciales de todos estos años las seguiremos abordando», planteó otro integrante de la conducción del Coloquio de IDEA.

Los empresarios intuyen que la agenda del próximo Gobierno -si se confirman los resultados de las elecciones primarias- puede ser diferente a la actual en su relación con el sector privado. «Más allá de quien sea el Presidente,lo que queremos es diálogo y tratar de alcanzar consensos básicospara que los distintos sectores acordemos una agenda de crecimiento», comentaron varios de los asistentes.

La ausencia de Alberto Fernández y el presidente Mauricio Macri (que aparecerá a través de una videollamada) le quitaron relevancia a este Coloquio, que tendrá menor cantidad de figuras políticas, informó El Clarín.

Fueron excarcelados luego de que el juez federal Claudio Bonadio aceptara los seguros de caución que presentaron para cumplir con la fianza. Habían pasado casi dos años en prisión preventiva.

 Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza recuperaron esta tarde su libertad, después de casi dos años de prisión preventiva, tras la aceptación por parte del juez federal Claudio Bonadio de los seguros de caución que presentaron para cubrir la fianza de 60 millones de pesos que les había fijado.

López y De Sousa fueron puestos en libertad desde la sede de la Policía Federal ubicada en el cruce de la calle Madariaga con la Avenida General Paz, hasta donde habían sido trasladados horas antes desde el Penal de Ezeiza.

El juez Bonadio había notificado al Servicio Penitenciario Federal (SPF) esta mañana para que proceda a liberar a los dueños del grupo Indalo tras recibir un oficio de la Superintendencia de Seguros de la Nación que dio cuenta de la solvencia de los seguros contratados.

López y De Sousa habían recibido la excarcelación el viernes pasado en la causa de los cuadernos por parte de la Cámara Federal porteña, pero su liberación se postergó hasta hoy por que el juez Bonadio les impuso una fianza de 60 millones de pesos a cada uno.

Los dos empresarios tenían prisión preventiva en el marco de dos expedientes vinculados a los llamados «cuadernos de Centeno»: una acusación es por lavado de dinero relacionada con un departamento ubicado en el mismo edificio donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando está en Buenos Aires y la otra es por cartelización de la obra pública, en la que son investigados más de 100 empresarios.

Al concederles las excarcelaciones, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi destacaron en los fallos -a los que accedió Télam- que el fiscal de las causas por las que los empresarios se encontraban bajo prisión preventiva, Carlos Stornelli, había opinado «a favor de la concesión del beneficio peticionado» porque se habían extinguido los riesgos procesales.

«La prueba que ha llevado a la adopción de este temperamento ya se encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al menos inmediata- de producción de otras medidas distintas a las que ya se encuentran resguardadas», sostuvieron los magistrados en unos de los 4 fallos que emitieron los camaristas en la misma dirección y con los mismos fundamentos.

Los jueces de la Sala I también se refirieron a las condiciones en las que debe darse la libertad de los imputados excarcelados al imponerles la «obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes».

El 19 de septiembre los empresarios habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de esta capital en la causa Oil Combustibles, donde están siendo juzgados, acusados de desviar a otras actividades de sus compañías el impuesto a los carburantes en lugar de derivarlos al fisco, por un monto original de 8.000 millones de pesos.

Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron liberadosesta tarde de martes, a las14:40, desde la sede policial ubicada en Madariaga y General Paz.

Esta mañana, el juez federal Claudio Bonadio había aceptado los seguros de caución presentados por ambos accionistas del Grupo Indalo y había emitido la orden al Servicio Penitenciario Federal para que los empresarios fueran excarcelados.

El magistrado les había impuesto una fianza de $60 millones luego de que la Cámara Federal ordenara la excarcelación de ambos. Sin embargo, como los ejecutivos tienen sus bienes inmovilizados, debieron buscar alternativas para poder cumplir con el requerimiento judicial. Finalmente, terminaron presentando los avales a través de la compañía Testimonios Seguros.

El camino hacia la liberación comenzó con una desición de la jueza María Eugenia Capuchetti, que sobreseyó a ambos en la investigación por la venta del grupo de medios que administran. Continuó con un fallo del Tribunal Oral Federal 3 que ordenó la excarcelación en el caso Oil Combustibles y terminó de rubricarse la semana pasada, en dos expedientes de la causa de los cuadernos.

López y De Sousa estuvieron alojados en la cárcel de Ezeiza. Fueron trasladados este mediodía rumbo a la sede de Policía de Madariaga y General Paz y desde allí fueron liberados. Estuvieron acompañados por el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, abogado de López en la causa Oil Combustibles, informó ADN SUR.

Luego de la victoria de Alberto Fernándezen las PASO, el candidato presidencial del Frente de Todos propició un acercamiento entre dirigentes de la CGT y de la Unión Industrial Argentina (UIA). 

Y actualmente, según revela el diario La Nación, ambos sectores se encuentran trabajando conjuntamente en un programa económico para la producción y el trabajo, el cual se concentraría en una serie de puntos clave.

Los puntos del borrador económico que prepara Alberto Fernández

  • Previsibilidad cambiaria focalizada en un tipo de cambio real competitivo, sometido a un esquema de retenciones y reintegros.
  • Consistencia macroeconómica integral incluyendo un sistema de incentivos para la inversión de largo plazo y el desarrollo del mercado de crédito, desalentando la dolarización y la especulación financiera.
  • Implementación de una política industrial y un esquema de precios relativos como base para apuntar a un fuerte crecimiento de la economía y el empleo.
  • Sustentabilidad fiscal y de la deuda pública, siendo excluyente el endeudamiento público para inversiones económicas y sociales estructurales que incrementen la competitividad.
  • Distribución progresiva del ingreso e inclusión social para apuntalar el mercado interno y descender los índices de pobreza, sumando mejoras en la productividad y el salario real, e incentivando la formalización del empleo.
  • Creación de un sistema financiero eficiente que canalice el ahorro nacional y apoye el financiamiento de los sectores productivos y del sector privado en general.
  • Exportaciones con valor agregado y estímulos a la producción nacional.
  • Desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales acompañado por mayor inversión en educación y formación de recursos humanos.

Primeros pasos

Más allá del consenso entre la CGT y la UIA, aún faltaría sumar al acuerdo a la Sociedad Rural, las Cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino.

Lo cierto es que más allá de las buenas intenciones del borrador, aún falta la discusión de temas que podrían sembrar discordia, como la reducción de los costos laborales, la modificación de los convenios colectivos de trabajo y la necesidad de un pacto que limite los despidos.

En ese sentido, los empresarios que se reunieron con Fernándezluego de las PASO ya le transmitieron sus dos principales demandas, que pasan por la reducción de la carga impositiva y por una reforma laboral, informó Big Bang News.

El Gobierno nacional iniciará esta semana una ronda de negociaciones con cámaras empresariales y sindicatos para intentar definir el pago de un bono salarial para el sector privado.

El encargado de las negociaciones será el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien hoy convocará a la Unión Industrial Argentina (UIA), a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Sica advirtió que para el Gobierno el tema del bono para los trabajadores del sector privado «no está cerrado», aunque existe «la voluntad política del Gobierno» para arribar a un acuerdo con empresarios y dirigentes sindicales.

Sostuvo que el objetivo del Gobierno es diagramar cuál es el mejor mecanismo» para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores tras la brusca devaluación que se produjo luego de las PASO de agosto pasado.

El funcionario sostuvo que la idea es, para las próximas horas, reunirse con «la Unión Industrial Argentina (UIA), a las distintas cámaras, a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la idea es que lo más rápido posible (se otorgue el bono), para que en octubre los trabajadores puedan tener una compensación».

Tras la negativa de distintos actores de sectores empresarios a la posibilidad de otorgar un bono de cinco mil pesos a los trabajadores, el funcionario sostuvo, en declaraciones a radio Millenium, que el tema «no está cerrado».

«Lo que está sí es la voluntad política del Gobierno», añadió al respecto.

La CAME, entidad nacional que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país, agrupando a más de 600.000 pymes que emplean a 4.200.000 trabajadores registrados, ya anticipó su negativa a pagar el bono.

En un comunicado, la entidad cuestionó al Gobierno por habilitar un bono y dijo que esa decisión implica destinar dinero que el empresariado del rubro «no tiene» porque atraviesa una situación «angustiante».

«Sabemos que el dinero no alcanza, pero el problema es que hoy a las pymes tampoco. Estamos en una situación angustiante. Va a ser difícil», dijo la CAME.

El secretario de prensa de CAME, Pedro Cascales, sostuvo: «Las pymes estamos en una situación de agobio financiero. 5.000 pesos en una pyme típica impacta en unos 100 mil pesos que un empresario no lo tiene».

En declaraciones a Radio Nacional, recordó: «El bono del año pasado no era obligatorio para las pymes. Se daba a cuentas de futuros aumentos, no era adicional. El impacto no fue tan drástico».

Por otro lado, consideró: «Hay que ver cuánto de este bono se traslada a consumo. El año pasado se usó para pagar deudas».

«En CAME ya tenemos pautada la reapertura de paritarias», destacó el empresario, así lo reseña Elonce.

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, aseguró que la posibilidad de otorgar un bono a trabajadores del sector privado “será tratado” con las “cámaras empresariales y sindicatos” y remarcó que el gobierno tiene la “voluntad” de que se aplique porque, dijo, “tenemos que cubrir una necesidad”.

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, aseguró hoy que la posibilidad de otorgar un bono a trabajadores del sector privado “será tratado” con las “cámaras empresariales y sindicatos” y remarcó que el gobierno tiene la “voluntad” de que se aplique porque, dijo, “tenemos que cubrir una necesidad”.

Sica señaló, en diálogo con radio Continental, que durante la semana mantuvo junto a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, “una reunión con la CGT” para analizar la situación y la entrega “de una tarjeta alimentaria” y explicó que en ese marco “se planteó la necesidad de una compensación como hizo el Gobierno nacional con los trabajadores del estado”.

Al respecto, manifestó que el tema “será tratado luego de la difusión de los nuevos índices del Indec con cámaras empresariales y sindicatos”.

Horas después de sus declaraciones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en agosto el índice de precios al consumidor fue del 4 por ciento, con lo cual la inflación minorista en lo que va del año ascendió a 30% y en los últimos 12 meses acumuló un alza de 54,5%.

El ministro había subrayado que ante la creación del bono, las autoridades deben ser muy “creativas y flexibles para su implementación”.

Sica dijo que “no hay que pensar en un monto estimado” al ser consultado sobre si ese plus será de 5.000 pesos y explicó que ese valor “fue una referencia en base a lo que se asignó a empleados públicos”.

“Nosotros tenemos la voluntad, sabemos que tenemos que cubrir una necesidad producto del impacto que ha tenido esta elección (por las primarias), y que hay que buscar algo que compense a las empresas y no las ahogue”, aclaró el funcionario.

En ese sentido, señaló que “tenemos toda la semana que viene para poder discutir, trabajar y poder buscar un consenso” en un “marco de responsabilidad que todos los actores políticos y sociales tenemos que poner en este contexto”.

Sica abogó por “cuanto más voluntad política, más razonabilidad” y resaltó que “la CGT está en un planteo también de mantener la paz social así que vamos a poder llegar a un acuerdo”.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, dijo hoy que «hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono de 5000 pesos» anunciado por el gobierno nacional, y cuestionó que el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, se haya pronunciado al respecto «antes de cerrar un acuerdo» con los diferentes sectores.

Sica anunció ayer que el Gobierno está cerca de concretar un acuerdo entre gremialistas y empresarios para habilitar un bono de 5000 pesos para los trabajadores del sector privado.

En tanto, Urtubey dijo hoy en FM Futurock que «hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono, si bien la realidad dice que la gente necesita eso, y mucho más».

«Acá hay que entender que el 80 por ciento de la producción es pyme y la mayoría no va a poder hacerlo, además no corresponde el anuncio» formulado ayer por las autoridades antes de «buscar una solución alternativa», evaluó el dirigente fabril.

Sica había dicho que «empezamos a conversar para establecer algún tipo de compensación como se hizo en la parte estatal. Quedamos en mirar el indice de inflación que sale este jueves y ahí juntarnos para ver la metodología».

«Nosotros vamos a pedir una reunión con el ministro porque creemos que son importantes los diálogos», aseveró Urtubey, y añadió que esa forma de «compensación» que solicitarán a las autoridades debería haberse definido «antes» de los pronunciamientos oficiales.

Sobre el encuentro previsto para hoy del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, con el titular de la UIA, Miguel Acevedo, Urtubey dijo que hay «mucha expectativa» y que permitirá «no sólo continuar con la idea de la formación de un acuerdo económico y social» -al que convocaría Fernández en caso de ganar la Presidencia- sino que también «permite analizar la situación regional», así lo informó Diario Jornada.

Ayer Fernández mantuvo un encuentro previo con Acevedo, en las oficinas que el candidato tiene en el barrio de San Telmo, y hoy la cita será en Tucumán, con motivo de la celebración de los 50 años de la Unión Industrial de esa provincia, donde además asistirá parte de la CGT.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezará este martes a las 11:00 horas, en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, un encuentro con distintos referentes y actores chubutenses, para dialogar sobre la situación económica, financiera y social que atraviesa la provincia, dentro del caótico contexto nacional.

Al respecto, la ministra de Gobierno, Mariana Vega, sostuvo en rueda de prensa que “realizamos la invitación correspondiente a Intendentes, Jefes Comunales, Diputados Provinciales, Nacionales, miembros del Superior Tribunal de Justicia, representantes de Sindicatos Estatales y Privados, Cámara de Comercio; de la Construcción y diferentes actores sociales y dirigentes políticos. La intención es transparentar y mostrar a la sociedad la situación por la que atraviesa la provincia”.

Responsabilidad y trabajo conjunto

“Es la responsabilidad del Gobierno Provincial que todos conozcan la realidad, y cómo estamos trabajando para salir de esta situación; pero también apelamos al sentido de responsabilidad y compromiso de cada uno de los actores y dirigentes para garantizar la paz social, la prestación de servicios básicos y, en especial, respetando los derechos y libertades de todos los chubutenses”, sostuvo la funcionaria provincial.

Asimismo, Vega manifestó que “necesitamos que cada uno sume su grano de arena, ya que las distintas medidas que están llevando a cabo algunos trabajadores, afectan la labor de miles de chubutense, generando un efecto multiplicador de conflicto que afecta las fuentes de trabajo”.

“Celebramos este encuentro al que ha convocado al Gobernador Arcioni, porque entendemos la única manera de enfrentar las enormes dificultades por las que atraviesa nuestro país, y de las que nuestra provincia no está ajena, es trabajando todos juntos”, concluyó la Ministra.