El juez Fabio Monti abrió la investigación contra la exministro de Educación y diputada electa, Graciela Cigudosa, y otras siete personas por el delito de defraudación al Ministerio.

Los otros acusados por el fiscal Omar Rodríguez son el exsubsecretario de Educación, Raúl Care; Gustavo Huichián; Daniel Richard Schmidt (titular de Lada Construcciones y Ramida); Daniel Benjamin Gel (Gefer y Calypso Revestimientos); Félix Currumil, empleado de Schmidt; Jorge Santucho y Roxana Pereyra.

Los defensores Emilio Galende, Miguel Moyano, Javier Cervellera y Matías Cimadevilla no se opusieron a la apertura, a la declaración de caso complejo y a las calificaciones legales.

La versión fiscal es que licitaban obras de mantenimiento y reparación por montos mínimos que no pasaban por los organismos de control; luego las empresas participantes simulaban una falsa competencia con montos que superaban los costos del mercado.

Con esos sobreprecios cobraban el 50 % del monto total de los trabajos como anticipo. La maniobra implicó un perjuicio al Estado por casi $ 9 millones e incluyó presuntos sobreprecios y licitaciones simuladas para repartirse el dinero.

A Cigudosa, Hueichián y Care les imputaron defraudación por administración infiel y al resto, partícipes necesarios. Según la acusación, “acordaron armar un aparente concurso de precios a fin de quedarse de manera ilícita con las obras de refacción y mantenimientos de establecimientos educativos de Rawson y Playa Unión”. Las escuelas fueron las número 4, 20, 47, 167, 178, 185, 190, 306, 401, 441, 459, 504, 525, 552, 509, 650, 702, 729, 752, 776, 795, 202, 404, 7705.

Según la hipótesis fiscal, en febrero de este año Cigudosa emitió una resolución que asignó $ 7.404.079 a las regiones III, IV y VI, partidas extraordinarias para el mantenimiento de los establecimientos. Firmó una segunda resolución que asignó una partida de $ 1.844.595,33 con el mismo fin a la Región II de Puerto Madryn.

Para esa fecha, detalla la acusación, “Santucho había recorrido la mayoría de las escuelas efectuando un ficticio relevamiento de sus necesidades, toda vez que ya estaba predeterminado las tareas a realizar”. En su mayoría eran cambio de tubos fluorescentes, de cerraduras, limpiezas de caloramas, reposición de tapas de inodoro, reposición de vidrios rotos, etcétera. «No se correspondían con las verdaderas necesidades de los establecimientos”.

“En este concierto delictivo, cada uno realizó distintos aportes para consumar la maniobra. Los falsos proveedores firmaron las memorias descriptivas, y cotizaciones a fin de darle apariencia de competencia a una puja inexistente de precios, para dar visos de legalidad en miras a obtener un lucro indebido. Para hacer más difícil el descubrimiento de la maniobra, y darle apariencia de sana competencia, utilizaron varias empresas, y personas con estrechos vínculos como parte del plan”. Schmidt usó sus dos empresas, Lada y Ramida; Gel hizo lo mismo con Gefer y Calypso, Santucho hizo lo propio con Roxana Pereyra, (pareja de su hijo), sumando a Corrumil, empleado de Lada y Ramida.

“Usaron en la puja de precios a personas que no tuvieron ni conocimiento, ni participación, como el caso del maestro mayor de obras, Manuel García, quien no reconoció su firma en las cotizaciones ni fue invitado al evento”.

Para que la defraudación fuera rentable “fijaron elevados sobreprecios en los distintos rubros en comparación con los del mercado, ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado”.

El fiscal Rodríguez aclaró que se les imputa “actos infieles tendientes a lograr un lucro indebido como era quedarse con las refacciones”.

En principio se los acusa por 24 hechos en Rawson. Pero “como este procedimiento fue llevado adelante en Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, esta modalidad de hacerlo a través de resoluciones, estamos investigando qué pasó en esas ciudades”.

Es una causa compleja porque tiene vinculaciones en otras ciudades. “Llevará un trabajo de investigación más profundo donde habrá que ir y hacer un relevamiento”, afirmó Rodríguez. “Usan partidas escolares cuando en realidad esas partidas eran para otra cosa. Las partidas escolares son para bajar fondos a los directores para que hagan compras, pero compra y elige el director. En este caso lo hacían aparecer como que eran estas partidas pero los directores nunca participaron de esta selección de proveedores”.

Según el fiscal, “es un concurso armado, pergeñado en la parte privada por Schmidt, hacen creer que todos compiten de forma transparente, todos cobran los cheques y se los endosan a Schmidt. En realidad era una maniobra para aparentar el concurso de precios”.

En la audiencia se sumó otra acusación contra Schmidt por entorpecimiento a la investigación. El día del allanamiento en su empresa Ramida en Rawson, el 26 de abril, “tomó un documento de vital importancia, lo llevó al baño, lo rompió y lo arrojó al sanitario. El documento fue encontrado en parte en el inodoro y la otra parte en la cámara séptica”. Fue detenido y cumplió un mes de prisión efectiva. No descartan más imputaciones.