El tribunal consideró probado que Diego Correa fue jefe de una banda que le robó al Estado y que se enriqueció ilegalmente. También que hubo lavado de dinero. Sólo hubo dos absoluciones y el jueves discuten las penas.

Devuelvan la guita, chorros!!”. Fue lo más suave que le gritó un grupo de afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado a los imputados de la causa El Embrujo, que salían esposados de la Oficina Judicial de Rawson tras la condena en fallo unánime de los jueces Alejandro Soñís, Ricardo Rolón y Marcela Pérez. El jueves a las 8.30 se discutirán las penas.

Diez de los 12 acusados fueron condenados por lavado y autolavado de activos, enriquecimiento y asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.

Turnándose, el tribunal leyó sus fundamentos durante dos horas. Defensores y acusados percibieron que la sentencia sería dura cuando al abrir la audiencia, Soñís explicó que estaba acreditada la existencia de una asociación ilícita integrada por Diego Correa como jefe, más Diego Lüters, Daniela Souza, Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón.

“Sus fines fueron delictivos y cumplieron roles distintos dentro de la organización criminal”, evaluaron los jueces. Los objetivos eran dos: defraudar al Estado mediante contrataciones con Dual Core y Sepat para que repararan viviendas oficiales, y usar Mezeta Consulting para lavar el dinero ilegal.

“Con profusa prueba se probó la convergencia de voluntades de cada miembro para perpretrar el emprendimiento delictivo”. Todo lo ideó y planificó Correa y lo ejecutó el resto “obediente y subordinadamente”.

El exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves compró dos empresas de poca monta con testaferros, “ocultando su identidad”. En cambio Mezeta se creó “ya cuando la organización se encontraba en plena empresa criminal”.

El tribunal evaluó los delitos ocurridos desde diciembre de 2015, momento de la asunción de Correa como subsecretario de la Unidad Gobernador. Si bien es posible que antes de esa fecha haya pensado el plan criminal, “lo cierto es que entre 2013 y diciembre de 2015, los sucesos acusados por Fiscalía y las querellas no pueden enmarcarse dentro las figuras propuestas”.

El grupo activó “acciones delictivas complejas con el que todos los miembros convergieron en sus voluntades e intenciones para satisfacer sus deseos de lucro”.

Correa, entre 2004 y 2018 (excepto el período enero de 2012 a noviembre de 2015) fue funcionario público. Conocía el funcionamiento del Estado “pero debía sortear un escollo, necesariamente debía contar con personas de máxima confianza para su empresa criminal”. Convocó a quienes de una u otra forma le servían, por el vínculo que los unía o por su especialidad.

A Lüters lo conocía desde su función en el Banco Río y fue adscripto a la Unidad Gobernador como su secretario. “Fue una pieza clave en el entramado y ejecución del plan criminal, fue el brazo ejecutor de las órdenes directas del jefe”.

Souza era amiga íntima de Natalia Mc Leod, pareja de Correa. “Lo representó en las empresas de la organización delictiva y fue enlace con el resto”. Su rol clave fue el manejo administrativo.

“Tato” Ramón, como maestro mayor de obras y titular de la empresa Concretando, fue útil para las defraudaciones. “No resultó ser un ingenuo empleado que sólo se limitó a trabajar; por el contrario, no puede soslayarse su conocimiento de las verdaderas intenciones de la organización de la que formaba parte y su voluntad de hacerlo”.

Figueroa era el tío de Natalia. “Con el vínculo de confianza que tenían actuó en representación y bajo las órdenes de Correa en el emprendimiento de Mezeta”. Ocupó una oficina pública en Belgrano 778 sin tener cargo alguno.

“Todos los miembros se nutrieron y se beneficiaron de la banda”. Para probarlo fueron centrales las escuchas y los mensajes de WhatsApp.

En 2013 Correa compró Dual Core y la registró a nombre de Mc Leod y Souza. Le costó $ 100 mil. Ramón era su maestro mayor. El tribunal remarcó su audio para Correa: “Nos faltan 118.000 pesitos y llegamos al millón depositado, dos meses de trabajo, comprá un champagne amigo, Cristal si puede ser, y lo tomamos con Dany”. Para los jueces, “no luce como un inocente mensaje de un trabajador, sino más bien fue un fuerte indicio”. Luego, Figueroa se quedaría con las acciones de su sobrina Natalia.

De la Unidad Gobernador dependían Logística, a cargo de Rubén Reinoso; Viviendas Oficiales a cargo de Christian Guisande, Protocolo y Ceremonial, a cargo de Oscar Alarcón, y Administración Aeronaútica.

En cuanto a Sepat, Alexis Gabra se la vendió a Correa por intermedio de Lüters. Se pagaron $ 90.000 en Casa de Gobierno y la transferencia la tramitó el contador Federico Gatica, quien le entregó la documentación en Fontana 50. Sus socios falsos fueron Darío Correa y Giuliana Mc Leod.

El plan criminal se cerró cuando la banda le pidió a Gatica que constituyera una tercera y última empresa: Mezeta Consulting, para edificar una multimillonaria obra en el lote de Mitre 761 de Rawson. El contador le mintió a su colega Mario Glades cuando le dijo que la sociedad era para “proteger los bienes de la familia y justificar los ingresos de su hermano”.

Se abrió una cuenta corriente en Perrén Construcciones donde Lüters pagó $ 500.000 en efectivo para retirar hierro para la obra de Mezeta. Los jueces remarcaron que Federico Piccione contó que fue Correa quien lo contactó en 2017 para el proyecto. “Más allá de que la titularidad de la empresa estuvo en cabeza de Gatica quedó acreditado que Mezeta pertenecía a Correa”. Financiaba todo.

Todos en la asociación ilícita sabían qué hacía el resto. “Se acreditó la voluntad por parte de todos de mantener oculto al verdadero dueño de la empresa, disimular la existencia de dineros y bienes de origen espurio y las contrataciones directas con la Unidad Gobernador que el propio jefe de la asociación decidía”.

En cuanto a la imputación por defraudación a Darío Correa y Giuliana Mc Leod como titulares de Sepat SRL, se los involucraba con 12 expedientes de contratación directa con el director de Ceremonial, “Chito” Alarcón, dependiente de la Unidad.

“Sólo eso se ventiló en debate, desconociéndose en qué consistió la maniobra defraudatoria”. Los absolvieron.

También a Diego Correa y a Giuliana por ocho expedientes que no se introdujeron al debate.