Tag

imputados

Browsing

Este jueves se realizará en Rawson una nueva audiencia en el marco de la Causa Revelación en la que el Ministerio Público Fiscal solicitará la extensión de los plazos de investigación, para terminar de elaborar la acusación formal.

Asimismo, se informó que quedarán en libertad los imputados en la causa, ex funcionarios y empresarios, que se encuentran actualmente con prisión preventiva domiciliaria ya que se cumple el plazo de 8 meses dictaminado en su momento por la Justicia.

En la misma jornada unos 15 empresarios presentarán el pedido para acceder a la Probation (suspensión de juicio a prueba) a la que ya han accedido otros imputados (Ignacio Salaverry, Esteban Torraca, Patricio Musante y Oscar Peña).

Para acceder a este instituto los empresarios deberán ofrecer una reparación del daño económico a través de la ejecución de obras. Desde el Ministerio Público fiscal se ya se había anticipado que este sería el camino que permitiría a la sociedad recuperar parte del dinero afectado.

Radio 3

En horas de la mañana del presente martes se concretó en los tribunales penales ubicados en el barrio Roca la audiencia preliminar por el homicidio de Alan Nahuelmilla, acontecido entre el 14 y 15 de abril del año pasado. La investigación tiene como imputados a Ángel Eduardo, Sebastián, Kevin Edgardo y Marcelo Fabián Ibáñez. La fiscal presentó la acusación, solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que vienen cumpliendo los 4 imputados y requirió se eleve la causa a juicio oral y público. Por su parte la defensa de los imputados cuestionó la calificación jurídica y la participación de sus asistidos en el hecho y requirió una medida sustitutiva a la prisión preventiva para ellos. Finalmente el juez penal resolvió elevar la causa a juicio, en tanto que mantuvo la prisión preventiva que vienen cumpliendo los 4 imputados por el término de tres meses.

Presidió la preliminar el juez penal Alejandro Soñis; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Camila Banfi, fiscal general y Belén De la Canal, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de los imputados fue ejercida por mauro Fonteñez, abogado particular de los mismos.

El hecho imputado en la acusación acontece el pasado 14 de abril de 2018, a las 23.00 hs. aproximadamente, cuando la víctima Alan Nahuelmilla y un amigo B. G. circulaban por la calle Los Duraznos, en zona de quintas, y fueron emboscados por los cuatro imputados armados. Procedieron a maniataros y a atarlos con una soga y arrastrarlos con la camioneta trasladándolos hasta la vivienda de uno de ellos. Una vez en el lugar los sometieron a ambos a diversos tipos de castigos físicos golpeándolos con patadas y golpes en la cabeza con una pala, con la cacha de armas de fuego y le cortaron a uno de ellos las orejas con un alicate en reiteradas oportunidades. Los desnudaron y les tiraron agua fría, tiraban tiros al cielo y amenazaban con matarlos reclamándoles les dijeran donde estaba el televisor. Todo ello por un lapso de cuatro horas, mientras filmaban la agresión.

Ya en la madrugada del 15 de abril de 2018 los imputados se retiraron del lugar junto a una de las víctimas, Nahuelmilla, arrastrándolo hasta el domicilio de uno de sus tíos donde lo abandonaron. Al regresar al lugar los imputados que aún mantenían retenido a B. G. continuaron con los golpes hacia éste, hasta que aproximadamente a las 8.00 hs. lo liberaron previo amenazarlo que no denuncie lo sucedido. Así B. G. huyó hacia su domicilio para luego ser trasladado al Hospital Regional. Por su parte los familiares de Nahuelmilla lo trasladaron hacia el Hospital donde luego de unas horas fallece por “traumatismo grave de cráneo por hemorragia intra-cerebral a causa de los golpes recibidos”.

La fiscalía imputó en la acusación a los cuatro hermanos Ibáñez, Ángel Eduardo, Sebastián, Kevin Edgardo y Marcelo Fabián, como coautores del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra un menor, agravada por el número de autores y seguido de muerte dolosa, y lesiones leves respecto de B. G. en concurso ideal”. Entendiendo que el tribunal competente para el caso es un tribunal colegiado ya que la pretensión punitiva es de prisión perpetua. Banfi también hizo referencia a la prueba documental y testimonial ofrecida para el debate.

El defensor por su parte argumentó que “al día de la fecha no se pudo determinar cuál fue la participación que tuvo cada uno de sus asistidos. La víctima sobreviviente ha sido contradictorio en sus declaraciones”, aseguró el defensor. Cuestionando la participación y la calificación jurídica del hecho ya que a su entender “no se observa un respeto del principio de legalidad”.

El juez sostuvo que “las críticas del defensor no logran conmover la fuerte evidencia que ha presentado la fiscalía a lo largo de la investigación, con prueba testimonial, pericial y documental que darían cuenta de la participación de todos los imputados en el hecho”. Todos los cuestionamientos del defensor no son pasibles de revisión en esta instancia del proceso, ya que la verdadera prueba aún no se ha producido, sino que se producirá en la instancia de juicio oral. La evidencia contundente presentada por la fiscalía hacen suponer con probabilidad la autoría de los 4 imputados en el hecho, argumentó. Por ello debe autorizarse la apertura de juicio oral y público de la causa.

La fiscal solicitó el mantenimiento de la medida de coerción que vienen cumpliendo los 4 imputados por tres meses, en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores del hecho. Por la pena en espera y las características graves del mismo, se presume el peligro de fuga.

El defensor aseguró que a esta altura del proceso no se tiene la certeza que el pedido de la fiscalía requiere, el beneficio de la duda debe prevalecer. Solicitando la sustitución de la medida de coerción.

Finalmente el juez penal resolvió dictar el mantenimiento de la prisión preventiva de los imputados por el término de 3 meses por la gravedad del hecho, ya que resulta proporcional en el tiempo y para proteger el proceso. Solicitando que a la menor brevedad posible se fije audiencia de debate en el caso.

Luego de escucharse la resolución de la juez Carina Estefanía rechazando los planteos preliminares, y del discurso de apertura de las Defensas, se discutió sobre las fechas en que declararán los testigos. Fiscalía pidió iniciar el lunes 18, la Defensa Pública estuvo de acuerdo, pero la Dra. Ivanof indicó que tiene que comparecer a audiencias en la Cámara Federal de Comodoro a partir del 20. Pidió que se suspenda el debate hasta la semana del 25. La juez convocó a las partes a una reunión para ajustar las fechas en que declarará cada testigo.

En una pormenorizada resolución la magistrada expuso los fundamentos por los que rechazó uno a uno los planteos de las defensas. En primer lugar precisó cada uno de los actos procesales del caso, dando cuenta de las circunstancias diferentes del acusado que era menor imputable al momento de la formalización de la investigación, respecto de los demás que fueron llevados a juicio por el delito de usurpación. Estefanía se refirió a las diferencias en la descripción de los hechos ofrecida por los fiscales intervinientes, concluyendo que no existe incongruencia en las soluciones dadas.

También desechó el pedido de nulidad de la audiencia preliminar, luego de compartir el criterio del juez Zacchino en relación al accionar de los fiscales Oscar Oro y Carlos Díaz Mayer en la audiencia preliminar. La juez analizó los caminos procesales habilitados y concluyó en que el adoptado por el magistrado se ajusta a derecho.

Sobre el planteo de nulidad del allanamiento que permitió detener a Facundo Jones Huala y abrir investigación en relación a él y a los demás imputados por los delitos por los que fueron llevados a juicio, Estefanía entendió que es indispensable producir la prueba en el debate para constatar los extremos cuestionados y dar una respuesta justa.

Luego de escuchado el caso de las Defensas, adelantando el pedido absolutorio para todos los imputados, se planteó la continuidad del debate con la declaración de los testigos. El fiscal Crettón pidió que se comenzara el lunes 18, en tanto que la defensora Sonia Ivanof sostuvo que no podrá asistir desde el miércoles hasta el viernes, requiriendo se suspenda la audiencia hasta el lunes siguiente. La magistrada sostuvo que si se suspendiera el debate deberá continuarse sin respetar fines de semana ni feriados. Las partes se retiraron a una reunión de trabajo para analizar esta situación y llegar a un acuerdo.

En la mañana de este viernes en Tribunales se llevó a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba para los imputados por la causa del IPV Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, quienes ofrecieron horas de trabajo comunitario y un porcentaje de su sueldo a cambio […]

En la mañana de este viernes en Tribunales se llevó a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba para los imputados por la causa del IPV Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, quienes ofrecieron horas de trabajo comunitario y un porcentaje de su sueldo a cambio de suspender el juicio, lo cual fue confirmado esta mañana.

En la última audiencia los cuatro imputados -acusados de realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela– ofrecieron horas de trabajo comunitario y un porcentaje de su sueldo a cambio de suspender el juicio, lo cual fue confirmado esta mañana.

Darío Acosta fue condenado a 600 horas de trabajo comunitario y 8000 pesos por mes durante dos años. Por su parte, Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla pagarán 1.500 pesos por mes durante un año y 144 horas de trabajo comunitario; mientras que la abogada Claudia Leonori pagará 5000 pesos por mes durante un año.

El juicio abreviado de Abel Reyna quedó pendiente porque su abogado defensor, Guillermo Iglesias está saturado de audiencias.

“Acá el principal responsable es Reyna y de otros terceros que no siquiera están imputados en la causa“, definió la jueza Daniela Arcuri en la audiencia.

ADN Sur

El abogado de uno de los acusados plantearía una inhibitoria ante la Justicia Federal la semana que viene, lo que generaría meses de atraso.

El inicio del juicio por la causa Embrujo, previsto pra el 12 de marzo, podría demorarse porque el abogado del contador Federico Gatica –uno de los acusados- plantearía una inhibitoria ante la Justicia Federal la semana que viene. La causa cuenta con 12 imputados, entre ellos, los exsecretarios de Unidad Gobernador Diego Correa y Diego Luthers.

El abogado Javier Romero, quien presentaría una inibitoria ante los tribunales federales, sostiene que el delito de lavado del que acusan a su defendido, quien habría buscado desde su estudio contable darle viso de legalidad a toda la plata en negro recaudada, es de competencia federal.

Según información a la que accedió ADSUR en exclusiva, teniendo en cuenta que hay un fallo cercano de la Corte Suprema por lavado de dinero en la cooperativa de Trelew -en el que se terminó resolviendo que el tema debe resolverlo la Justicia Federal- el abogado entiende que deberá ser la Justicia Federal quien resuelva el tema, quitándole al menos la causa contra Gatica a la Justicia Provincial.

Esta situación puede generar meses de demora en el inicio del juicio por la causa Embrujo. Si la inhibitoria es presentada ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro o el Juzgado Federal de Rawson generará apelaciones de la Justicia Provincial que pueden llegar hasta la Corte Suprema.

La investigación que desarrollaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams tiene 12 imputados: Diego Correa, Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Domingo Darío Correa, Giuliana Mc Leod, Christian Gisande y Jorge Godoy.

El tribunal a cargo del enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcela Pérez, Ricardo Rolón y Alejandro Soñis. Los tres magistrados fueron designados por sorteo.

Los jueces deberán determinar si esta presunta asociación ilícita constituyó las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting para defraudar al Estado y lavar activos provenientes de una caja negra de la política.

ADN Sur

El juez Marcelo Nieto Di Biase calificó como “compleja” a la causa que investiga la conformación de una asociación ilícita que se hizo de unos dos millones de pesos mediante auto contrataciones o contrataciones directas de servicios que realizaban empresas con relaciones directas con los imputados en la causa Lotería.

Los fiscales Alejandro Franco y Héctor Iturrioz consideraron que la investigación implica una gran cantidad de hechos por investigar y poder probar, en total casi 140 expedientes. A ello sumaron la gran cantidad de imputados con distintas funciones en la asociación ilícita y por lo tantos distinta responsabilidades que se investigan, sumado a todo esto que se trata de “delincuentes organizados” en una asociación ilícita, delito éste considerado uno de los más difíciles para investigar. Los imputados son Diego Correa, Federico Verdeau, David Dahhur, Diego Luters, Oscar Alarcón, Martin Villegas y Emanuel Salinas.

Los abogados defensores de todos los imputados a excepción de Dahhur no se opusieron al pedido de los fiscales. Se trata de los abogados Fabián Gabalachis, Emilio Galende, Lisandro Benítez, Miguel Angel Moyano y Guillermo Santos. Estas posturas dejaron en soledad al defensor de Dahhur, el penalista de Trelew Oscar Romero y además le dio el puntapié necesario al juez Nieto Di Biase para declarar a la causa como “compleja”. El magistrados dijo además que así como está planteada la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal del Chubut, los tres argumentos centrales de los fiscales “se retroalimentan entre sí”.

La causa tiene 12 imputados y la audiencia de debate se realizará en Rawson. Investigan a exfuncionarios, empresarios y particulares por asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos.

La causa judicial conocida como “El Embrujo”, en la que están detenidos entre otros, los exfuncionarios Diego Correa y Diego Luthers, tiene fecha para la iniciación del juicio oral y público.

Será el próximo martes 12 de marzo en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, y el Tribunal estará integrado por los Jueces Marcela Pérez, Alejandro Sonis y Ricardo Rolón.

En total son 12 los imputados por la causa: Diego Correa, Diego Luther, Natalia McLeod, Daniela Souza, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, Federico Gatica, Jorge Godoy, Giuliana McLeod, Dario Correa, Christian Guisande y Rubén Reinoso.

Entre los delitos imputados, con distinta responsabilidad a los imputados, figura asociación ilícita, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos.

En el marco de esta causa los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez presentaron 131 testigos para que declaren en el juicio, y la incorporación de 230 pruebas documentales. También pidieron que se haga la inspección ocular de los inmuebles embargados y se reproduzcan las intervenciones telefónicas.

Diario Jornada

Los cuatro detenidos serán imputados de homicidio agravado de Héctor «Pato» López y Federico Lomeña. La audiencia se realizará mañana. A las 17 horas brindarán una conferencia de prensa el Procurador General Jorge Miquelarena junto al Ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni.

El cuerpo de Federico Lomeña (27) fue encontrado en Playa Paraná la mañana del martes. Se suma al hallazgo de Héctor López (25) en la zona de El Doradillo el lunes al mediodía. Ambas muertes estarían vinculadas y por el caso hay cuatro detenidos, entre ellos un menor de edad.

Los detenidos son A.S., G.C., G.E., y B.B. (16). Los fiscales Silvana Salazar y Jorge Bugueño formularán la imputación de «doble homicidio agravado» en la denominada audiencia de «apertura de investigación y control de detención» que se realizará mañana en Tribunales ante la jueza Stella Eizmendi.

Las detenciones se realizaron la madrugada del martes en procedimiento que incluyeron tres allanamientos donde se secuestraron elementos útiles a la investigación. Fueron realizados en domicilios ubicados sobre las calles Independencia al 400, Albarración al 800 y Beltrán al 2400.

El caso, según indicaron los fiscales, está vinculado a la comercialización de estupefacientes y en tal sentido enviaron parte de la causa al fuero federal.

El hallazgo del cuerpo de Lomeña, así como el de López, fue realizado a raíz del relato de testigos de identidad reservada que aportaron elementos a la causa.

La mañana del martes se conocieron los resultados parciales de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense que determinó que López presentaba un traumatismo de cráneo y la mutilación de sus manos. Los investigadores pidieron ampliación de resultados y se enviaron análisis a realizar en la provincia de Buenos Aires.

A las 17 horas en el edificio del Ministerio Público Fiscal las autoridades encabezadas por el Procurador General Jorge Miquelarena y el Ministro de Seguridad Federico Massoni brindarán una conferencia de prensa.

Jornada

Los empresarios que serán imputados son Franco Finiguerra, de Mall Don Bosco; Bruno Taurelli Chiribao, de Agrícola, y Cecilia Sabada, de Kiosco Emanuel; todos de Trelew y Madryn.

Están acusados de “cobrar valores superiores a los productos de mercado o por no entregar la mercadería”, tal como informó semanas atrás ADNSUR.

Son considerados partícipes necesarios de la defraudación al Estado, mientras que los funcionarios imputados son considerados autores del delito.

Los comercios están acusados de hacer facturas truchas, sobrefacturar y no entregar los elementos solicitados, en connivencia con Diego Correa, Diego Lüters y el resto de los imputados por corrupción en Chubut.

Los fiscales de la causa son Alex Williams y Omar Rodríguez. También participan de la audiencia Cristian Martínez y Mario Romero, de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la jueza es Mirta Moreno.

A su vez, según pudo confirmar ADNSUR, no asistieron a la audiencia los empresarios Marta Fracasso, de Blanquerna Matices ni Guillermo Williams, de Casa Maza.

Por la causa Emergencia investigan al ex jefe de Unidad Gobernador, Diego Correa, el secretario, Diego Lüters, la exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez (ex subsecretario de Desarrollo Social) y ahora también a Vanina Varale, ex jefa de Depósito e imputada como coautora.

Fuente: ADNSUR