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En la continuidad del juicio oral y público por la causa “Embrujo” que tiene a 12 personas imputadas, en la mañana de este martes se escuchó a solo un testigo de interés para la defensa.

Además con la anuencia del Tribunal, se incorporaron pruebas documentales que para los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams fueron la base de la investigación iniciada sobre fines del año 2017.

Alicia Pugh es Directora de Registros Penales de la Justicia del Chubut y desde el año 2013 fue jefa de la imputada Natalia Mc Leod en carácter ésta de empleada de la justicia provincial. Fue interrogada en principio por el defensor Fabián Gabalachis, defensor de Mc Leod. La testigo se refirió en principios a comentarios que le realizaba la imputada respecto de la incompatibilidad de su tarea en la Justicia con la de ser propietaria de acciones de las empresas que habían creado los imputados, en relación a las empresas Dual Core y Sepat.

Pugh agregó que Mc Leod concursó y ascendió con un “muy buen examen” y que como empleada “era muy buena”. Agregó que sabía de su relación sentimental con Diego Correa y de los viajes al exterior que realizaban, “también con sus hijos o su familia”. Afirmó que cambiaba frecuentemente de vehículos para concurrir a trabajar, entre ellos un Mercedes Benz de alta gama que no se condecía con su poder adquisitivo, pero que “uno normaliza esas situaciones especialmente cuando existen vinculaciones políticas”, destacó la testigo.

Documentos si, documentos no

Existieron varios contrapuntos entre los fiscales y algunos de los defensores respecto de incorporar algunos documentos cómo validos a tener en cuenta en el juicio oral. Entre ellos el informe contable original que fue la base del Juicio que en su momento realizó el contador José Velázquez, del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. El tribunal rechazó esta prueba documental y tuvo como válida la declaración que Velázquez en el juicio oral.

Lo mismo ocurrió con otros documentos sobre la base de criterio compartido por varios defensores. “Lo que vale es lo que se dijo en la audiencia”, coincidieron. Al momento de resolver, los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón, mantuvieron posturas dispares.

Adjudicación directa

Las partes acordaron también que se incorpore como documentación la adjudicación, en el año 2010 de la parcela municipal donde Diego Correa construyó la casa de dos plantas y tres departamentos de alquiler. La adjudicación del terreno fue de manera directa a un costo de casi 209.000 pesos. La realizaron la intendenta de Rawson Roxana Artero y su entonces secretario de gobierno Alfredo Di Filippo.

También se incorporó voluminosa documentación sobre los vehículos adquiridos, registros catastrales, oficios sobre la propiedad de los teléfonos celulares y computadoras secuestrados, oficios judiciales para las intervenciones telefónicas, facturas sobre adquisición de materiales de la construcción, actas referidas a los numerosos allanamientos, informes que realizó la ANSES sobre varios de los imputados en donde constan sus ingresos económicos, sus movimientos de capitales y bienes.

Los fiscales también exhibieron como documentación, los plazos fijos bancarios del dinero secuestrado a los imputados y en los allanamientos, entre pesos argentinos, dólares y euros.

Para la tarde se espera la declaración de Alejandro Sandilo, testigo propuesto por el defensor Omar López que asiste al imputado Juan Carlos Ramón, además de seguir incorporando documentación. Para este miércoles se espera que declaren algunos de los imputados.

Declaración de testigos

El abogado defensor Fabián Gabalachis, expresó este martes que “todo indica que en el día de mañana serían la declaración de las personas imputadas para aquellos que hagan uso del derecho a declarar”.

“En el día de hoy estamos con el proceso de incorporar prueba documental, es un proceso tedioso pero es para ganar tiempo sino quedaría la jornada de hoy libre; si entre hoy y mañana agotáramos la incorporación de la prueba, ya se pasaría a las declaraciones de los imputados y luego la etapa final que sería la discusión y los alegatos de partes” expresó el abogado.

En ese sentido adelantó que de iniciarse la etapa de la declaración de los imputados, harían uso de ese derecho sus cinco defendidos: Diego Correa, Natalia McLeod, Giuliana McLeod, Sandro Figueroa y Darío Domingo Correa.

Si bien no adelantó hacia qué aspectos de la causa se volcarían dichas declaraciones, dio como un hecho que Diego Correa será el último de sus defendidos en declarar. “Todo indica que va a ser el último, después de los otros cuatro testimonios declararía él para explicar en relación a esos cuatro testimonios y ofrecer prueba testimonial”, así lo informó Diario Jornada.

La casa de dos plantas en la calle French 991, fue valuada en 8.600.000 pesos. Tiene 300 metros cuadrados, tres habitaciones con sus respectivos baños, una de ellas en suite, quincho y piscina.

Aledaños a esa vivienda se construyeron tres departamentos para alquilar. Uno de ellos, de 126 metros cuadrados fue valuado en 3.100.000 pesos y los otros dos restantes (80 metros cuadrados) en 2.100.00 cada uno.

Los seis terrenos adquiridos en Lago Puelo tienen un costo total de 6.720.000 pesos.

En Trelew el grupo adquirió una chacra valuada el año pasado en 2.800.000 pesos y dos lotes de  1.600.000 pesos uno de ellos y el otro de 1.400.000 pesos.

Según el tasador contratado por los fiscales que investigaron el caso, esos montos se incrementaron en un 59 % por las sucesivas devaluaciones del peso argentino. Por ello el monto total a marzo del año pasado de 28.420.00 pesos, asciende a precios actualizados a casi 45 millones de pesos.

En la quinta jornada del juicio oral por la causa “Embrujo”, declararon testigos cuyos testimonios estuvieron orientados a probar las vinculaciones de los imputados con las empresas Sepat y Dual Core, además de Mezeta Consulting destinada a los que creen los investigadores “blanquear” los dineros públicos hechos de manera ilegal.

También las preguntas apuntaron a relacionar de manera directa a los principales imputados, con las obras, terrenos comprados y proyectos que quedaron truncos cuando se produjeron las detenciones.

Se determinó que Federico Piccioni es propietario de una empresa de la construcción en Comodoro Rivadavia y fue el primer testigo de la quinta jornada del juicio que se lleva adelante en la Oficina Judicial de Rawson.

Convocado por los fiscales que investigaron el caso, fue consultado por su participación en la obra de los consultorios médicos que el grupo construía en Rawson al momento de las detenciones. Afirmó que conoció a Diego Correa durante la campaña por la tercera gobernación del exgobernador Mario Das Neves.

Sin ser consultado específicamente por los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams, se refirió a la necesidad que en ese momento tenían los empresarios de la construcción de la provincia por cobrar deudas que mantenía el Estado provincial. “Allí mi relación con Correa comenzó a ser más fluida”, indicó.

“Así comencé a colaborar con Correa en el proyecto de lo que primero serían oficinas en el edificio de Rawson. Cuando el proyecto cambió a consultorios, Diego me pidió que me haga cargo de la obra. Le dije que no podía, pero le presenté a un arquitecto de Puerto Madryn que yo conocía por trabajar juntos”, en alusión a Guillermo Barbagallo, uno de los testigos de la audiencia del último martes.

También declaró Rafael Ferreira, un albañil de Rawson que fue contratado por el arquitecto Barbagallo para la construcción de la obra de los consultorios en Rawson. “La primera reunión para conocer detalles de la obra se hizo en Casa de Gobierno.

Me acuerdo que estaban Diego Luters y Diego Correa pero en general yo me manejaba con el arquitecto”, indicó. Agregó que la obra “arrancó bien pero luego se comenzaron a atrasar con las quincenas. Fue ahí que paramos la obra, hasta que no se pudo seguir más”, en alusión al momento de las detenciones de Correa y Luters y otros integrantes del grupo.

LOS PAGOS DE GATICA

Afirmó que la paralización de las obras fue en medio de deudas con el grupo de albañiles. “Hasta que apareció Gatica y nos dijo que nos iba a pagar, porque la obra era de él. Algo pagó pero después también lo detuvieron y no pudimos cobrar más”, indicó. Exhibido por los fiscales, el testigo reconoció recibos de pagos que le realizó la empresa Mezeta Consulting por la obra de los consultorios en la calle Mitre de Rawson. Los recibos fueron encontrados por los investigadores en un allanamiento en la casa de la madre de Diego Luters, en Trelew.

Otros de los testigos fue Sebastián Perrén, vendedor de materiales de la construcción de la zona. Su empresa era proveedora de materiales para la construcción de los consultorios en la calle Mitre de Rawson. Aseguró que las compras de los materiales para la obra de los consultorios de la calle Mitre de Rawson, las realizó Luters.

Por su parte el médico Juan Ignacio Blasco dio cuenta de su participación en la decisión de construir el edificio de consultorios en la calle Mitre de Rawson. “El nexo fue mi contador Federico Gatica porque yo tenía intenciones de invertir y hacer construir un emprendimiento de consultorios. Él fue quien me presentó al arquitecto Guillermo Barbagallo”, indicó. Afirmó que en la primera reunión para coordinar las tareas, participaron Sandro Figueroa y Diego Correa.

Destacó que fue Gatica el que le ofreció ser socio de la empresa Mezeta Consulting en un 50% de las acciones para construir los consultorios. “Con el paso del tiempo me entero que la sociedad estaba siendo investigada. Revisé entonces los papeles que había firmado y me puse en contacto con una contadora del estudio contable porque Gatica ya estaba detenido”, expresó. “Le pedí a la contadora que deje en claro la fecha en que yo me incorporé como socio de Mezeta Consulting”, aclaró. Así lo informó El Patagónico.

En la quinta jornada del juicio oral por la causa “Embrujo”, declararon testigos cuyos testimonios fueron direccionados a probar las vinculaciones de los imputados con las empresas Sepat y Dual Core, además de Mezeta Consulting destinada a los que creen los investigadores “blanquear” los dineros públicos hechos de manera ilegal.

Federico Piccioni es propietario de una empresa de la construcción en Comodoro Rivadavia y fue el primer testigo de la quinta jornada del juicio que se lleva adelante en la Oficina Judicial de Rawson. Convocado por los fiscales que investigaron el caso, fue consultado por su participación en la obra de los consultorios médicos que el grupo construía en Rawson al momento de las detenciones. Afirmó que conoció a Diego Correa durante la campaña por la tercera gobernación del ex gobernador Mario Das Neves. Sin ser consultado específicamente por los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams, se refirió a la necesidad que en ese momento tenían los empresarios de la construcción de la provincia por cobrar deudas que mantenía el Estado provincial. “Allí mi relación con Correa comenzó a ser más fluida”, indicó.

“Así comencé a colaborar con Correa en el proyecto de lo que primero serían oficinas en el edificio de Rawson. Cuando el proyecto cambió a consultorios, Diego me pidió que me haga cargo de la obra. Le dije que no podía, pero le presenté a un arquitecto de Puerto Madryn que yo conocía por trabajar juntos”, en alusión a Guillermo Barbagallo, uno de los testigos de la audiencia del último martes.

También declaró Rafael Ferreira, un albañil de Rawson que fue contratado por el arquitecto Barbagallo para la construcción de la obra de los consultorios en Rawson. “La primera reunión para conocer detalles de la obra se hizo en Casa de Gobierno. Me acuerdo que estaban Diego Luters y Diego Correa pero en general yo me manejaba con el arquitecto”, indicó. Agregó que la obra “arrancó bien pero luego se comenzaron a atrasar con las quincenas. Fue ahí que paramos la obra, hasta que no se pudo seguir más”, en alusión al momento de las detenciones de Correa y Luters y otros integrantes del grupo.

Los pagos de Gatica

Afirmó que la paralización de las obras fue en medio de deudas con el grupo de albañiles. “Hasta que apareció Gatica y nos dijo que nos iba a pagar, porque la obra era de él. Algo pagó pero después también lo detuvieron y no pudimos cobrar más”, indicó. Exhibido por los fiscales, el testigo reconoció recibos de pagos que le realizó la empresa Mezeta Consulting por la obra de los consultorios en la calle Mitre de Rawson. Los recibos fueron encontrados por los investigadores en un allanamiento en la casa de la madre de Diego Luters, en Trelew.

Otros de los testigos fue Sebastián Perrén, vendedor de materiales de la construcción de la zona. Su empresa era proveedora de materiales para la construcción de los consultorios en la calle Mitre de Rawson. Aseguró que las compras de los materiales para la obra de los consultorios de la calle Mitre de Rawson, las realizó Luters.

Por su parte el médico Juan Ignacio Blasco dio cuenta de su participación en la decisión de construir el edificio de consultorios en la calle Mitre de Rawson. “El nexo fue mi contador Federico Gatica porque yo tenía intenciones de invertir y hacer  construir un emprendimiento de consultorios. Él fue quien me presentó al arquitecto Guillermo Barbagallo”, indicó. Afirmó que en la primera reunión para coordinar las tareas, participaron Sandro Figueroa y Diego Correa.

Destacó que fue Gatica el que le ofreció ser socio de la empresa Mezeta Consulting en un 50% de las acciones para construir los consultorios. “Con el paso del tiempo me entero que la sociedad estaba siendo investigada. Revisé entonces los papeles que había firmado y me puse en contacto con una contadora del estudio contable porque Gatica ya estaba detenido”, expresó. “Le pedí a la contadora que deje en claro la fecha en que yo me incorporé como socio de Mezeta Consulting”, aclaró.

Hoy a las 8.30 en la Oficina Judicial de Rawson comenzará el juicio oral y público para los 12 imputados por la causa El Embrujo. Cabe recordar que el primer “inicio” fue el 12 de marzo pero desde entonces hubo postergaciones debido a los recursos de las defensas, rechazados por varios jueces, camaristas y el Superior Tribunal de Justicia. Es que pidieron suspensiones de juicio a prueba que fueron rechazadas.

La idea es que las audiencias sean martes, miércoles y jueves de 8.30 a 13 y de 15 a 19. Pero este cronograma se podría acelerar.

El más relevante de los acusados es Diego Correa, el exsecretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves. Los fiscales serán Alex Williams y Omar Rodríguez. Los defensores, Fabián Gabalachis, Javier Romero, Lisandro Benítez, Matías Cimadevilla, Miguel Moyano, Omar López y Damián D´Antonio, así lo informó Diario Jornada.

Al tribunal lo integran Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez. Según difundió ADN Sur, desfilarán entre 8 y 10 testigos por día, porque hay declaraciones que van a ser largos. La idea de los fiscales es acordar con las defensas que no deban comparecer los testigos de actuación. Quedarían 70 testigos puros. Y duraría unos dos meses.

La imputación se basa en que funcionaba una asociación ilícita bajo las órdenes de Correa, hombre de confianza de Das Neves y con mucho poder en 2016 y 2017. Al frente de una red de la que participaban funcionarios a sus órdenes, así como allegados de confianza y familiares, facturaba obras destinadas a Dual Core y Sepat, que eran de su propiedad, para enriquecerse de manera ilícita.

También están acusados Diego Lüters, Federico Gatica, Natalia Mac Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos “Tato” Ramón, Giuliana Mac Leod, Darío Correa, Cristian Gisande, Rubén “Bedo” Reinoso y Jorge Godoy.

Los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz recibieron, después de tres meses, las observaciones sobre las probation de 15 imputados en la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública.

EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al documento presentado por los fiscales dando un cierre a las ofertas de 15 empresarios para evitar el juicio oral y público.

La causa Revelación llegó a su etapa final: 14 empresarios más evitarán el juicio oral y público y en un mes los fiscales presentarán la tesis acusatoria contra exfuncionarios y un puñado de empresas que no aceptaron las probation con la finalidad de demostrar su inocencia en el juicio.

El 21 de febrero de 2019, el juez de Garantías, Sergio Piñeda, tomó la determinación de girar todas las propuestas al área de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura

Recién esta semana, la oficina de Obras Públicas terminó de analizar todos los presupuestos para comprobar si las ofertas presentadas por 15 empresarios contenían sobreprecios.

Los fiscales tomaron la decisión de aceptar todos pedidos de probation, con la excepción de la oferta presentada por el empresario Carlos Castro Blanco de Apicons Elaborados.

LAS OFERTAS ACEPTADAS

Luis Igarzábal de la empresa OCP Ingeniería realizará la construcción de un playón deportivo en Barrio Area 11 de la ciudad de Rawson por un monto de $ 1.272.685.

Jorge Barrionuevo de la firma IPE efectuará la obra de provisión de agua potable para 70 lotes sociales en la localidad de Dolavon.

Gustavo García Moreno de la constructora Pórtico 3 llevará a cabo la construcción de un galpón multiuso en la localidad de El Maitén con un presupuesto de $ 1.188.378.

Javier Ban de la empresa Ingar Construcciones estará a cargo de la reparación integral de la escuela inicial Nº 461 de Puerto Madryn por un monto de $ 2.251.000.

Diego Cagnolo de Diherco realizará la ampliación de la obra del jardín de infantes que funciona en la Escuela Nº 3 de la zona de chacras en Trelew con un costo de $ 2.034.826.

Gustavo Moretta de Libra Construcciones concretará la obra de ampliación y refuncionalización de consultorios en el Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Madre Teresa de Calcuta, en la ciudad de Puerto Madryn.

Daniel Russo titular de War Construcciones hará trabajos dentro de la obra ofrecida por el imputado Villegas, que tiene un costo que supera los 8 millones de pesos.

Claudio Gatica de la firma Gatica Construcciones estará al frente de las refacciones y remodelaciones en el hogar de día del Barrio San Miguel en la ciudad de Puerto Madryn.

Juan Carlos Villegas realizará la construcción de un edificio nuevo para el EDDIM, centro de educación especial en la ciudad de Puerto Madryn con un presupuesto que supera los $ 8 millones.

Carlos Di Benedetto de Didelco efectuará una mejora en el salón utilizado por el Comedor del Corazón de la ciudad de Trelew.
Claudio Díaz de la compañía CD Construcciones efectuará la construcción de una plaza pública en la localidad de Río Mayo.

Osvaldo Bergareche titular de Esquel Construcciones evitará el juicio oral y público con la obra de la construcción de tres canchas de tejos -una de ellas techada- para personas de la tercera edad en la ciudad de Esquel.

Marcelo Pasquini, dueño de Pasquini Construcciones, realizará la construcción de dos playones deportivos para el Club Independiente de ia ciudad de Esquel.

Juan Carlos Bossi de Auda S.R.L., iniciará una obra para Bomberos Voluntarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

EL CASO DE CASTRO BLANCO
En el caso puntual de Castro Blanco, el informe presentado por Iturrioz y Nápoli y al que accedió EL CHUBUT, sostiene que «los lotes beneficiarios de la obra a realizar -conexiones de agua potable- serín propiedad del imputado o su grupo familiar».

Por estos motivos, los fiscales afirman que «ante la sola y posible existencia de que tal relevamiento se corresponda con la realidad, desde este Ministerio Público hemos decidido no aceptar la reparación ofrecida y dejarla pendiente a una nueva propuesta por parte del imputado, desde luego variando completamente el tenor de la reparación».

En horas de la mañana del lunes se concretó en los tribunales penales ordinarios una nueva jornada en el juicio oral y público que tiene como imputado a Abel Reyna, ex delegado local del IPV. En la jornada pudo escucharse la última testigo, se incorporó la prueba documental y luego se escuchó la declaración del imputado. El próximo día jueves 4, a las 8:30, se concretarán los alegatos finales de las partes.

Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La última testigo, sostuvo que conocía a Reyna pero que no era su amigo. Recordó que por trámites que estaba haciendo en el IPV conoce a Reyna, y después me atendía él, yo iba por la parte de atrás. Seguidamente el ex delegado le pide su número de teléfono y la cita en un hotel. Ella asiste y Reyna le pide tener relaciones sexuales a cambio de otorgarle una vivienda. Luego, Reyna junto a la abogada del IPV le entregan una casa en Stándar Norte.

Por su parte el imputado Reyna accedió a declarar diciendo que en el momento que asume como delegado local del IPV se encontró con empleados difíciles. Y hasta algunos lo boicoteaban, aseguró. Dando a entender una interna entre Buzzi y Das Neves. Plantea la situación ante la Jefatura del IPV y lo autorizan a desplazar a personal, se le asigna otra tarea. Respecto de los datos falsos en los legajos, negó su participación en ello. Dijo que “no contestará preguntas de la fiscal y la querellante porque observa mala fe en su contra”. Toda la operación del otorgamiento de la vivienda a la testigo anterior fue autorizada por Rawson, refirió Reyna. Negando haber tenido relaciones íntimas con dicha testigo. Una vez que le otorgan la vivienda a dicha testigo iban personas del barrio a su casa particular y al IPV “diciendo que saque esa gente del barrio porque allí se ejercía la prostitución y se vendía droga”, refirió el imputado. Luego de los de las impugnaciones, renuncia porque no creía conveniente quedarse en el lugar perjudicando a otros.

Los hechos imputados

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

Los excomisarios seguirán con domiciliaria. Rossi y Quilaleo, extitulares de la Mutual Policial, sugirieron que si hubo un delito fue gracias a Pablo Fossati.

Los comisarios retirados Juan Carlos Rossi y Leandro Quilaleo, expresidente y tesorero del Círculo Policial Mutual de Rawson, seguirán en prisión domiciliaria hasta que Fiscalía presente la acusación por la presunta estafa con lotes que pertenecían al Instituto de Seguridad Social y Seguros. Se los acusa de diseñar una maniobra para vender esos terrenos ajenos a un grupo de socios de esa mutual. Se incluye un lote en Pellegrini y López y Planes de Trelew, propiedad de Seros, pero que el Círculo Policial vendió a una familia de origen chino.

Ambos pidieron declarar ante el juez Fabio Monti. Insistieron con su inocencia y descargaron la responsabilidad de cualquier irregularidad en el escribano Pablo Fosatti, que presuntamente certificó una firma trucha de Carlos Mantegna, expresidente de Seros, que sirvió para simular que el ISSyS cedía las tierras al Círculo.

“Me cuesta entender la situación que vivimos”, rompió el silencio Rossi. Según su versión, en 2011 la cúpula mutual relevó con qué lotes contaba para ofrecer viviendas a los socios. Encontraron en Trelew los terrenos de López y Planes y Pellegrini. “Nos comunicamos con el Instituto Provincial de la Vivienda y nos dice que tenían que tenían 14 lotes en desuso; en la comisión decidimos vender la mitad y el resto hacer un barrio”.

Buscaron precios y apareció un comprador con su propio escribano: Fosatti. “No lo conocíamos. Consultamos a Agustín Ojeda, nuestro escribano, y nos dice que no había inconveniente para escriturar”. Supieron que estaban a nombre de Seros. “Fosatti nos dijo que haría el trámite, fue a la mutual varias veces con un libro grande, decía que iría a verlo a Mantegna a Seros para hacerlo firmar pero demoraba y decía que no lo ubicaba”. Hasta que les avisa que Mantegna había firmado. “Nos convoca a su escribanía. Era un trámite normal y legal, no podíamos sospechar nada”. Firmaron. Rossi dijo que se encargó la extesorera e integrante más antigua de la comisión, Mónica Weinberger, que había participado de otros barrios. Surgieron 13 preadjudicatarios con un contrato en 60 cuotas.

En 2017 llegó a la mutual una Carta Documento de Seros reclamando información sobre los destinos de los lotes. “Hablé con el vocal Alfredo Prior, que me explicó que estaban relevando bienes para recaudar dinero”. Rossi le explicó lo sucedido. “Prior nos dijo que le llamaba mucho la atención que el presidente haya firmado sin acuerdo del directorio; desconocíamos porque no tenemos acceso a eso”.

Cuando Mantegna denunció la falsificación de su firma y los involucró “lo llamé explicándole que la mutual no tenía nada que ver con la certificación porque la hacía el escribano. Me dijo que entendía pero que iba a seguir adelante”. Llegaron los allanamientos y las detenciones. El acusado deslizó que los preadjudicatarios fueron “incitados” a denunciar.

“Fui Policía más de 30 años. Jamás me oculté ni me fui a ningún lugar, todas mis cosas son transparentes y están blanqueadas; todos saben dónde vivo y qué auto tengo. No oculto nada, siempre estuve a disposición. No entiendo por qué estamos abrazados a esta situación de la cual no somos culpables. Yo no certifico firmas; con Fosatti no teníamos ninguna relación, lo conocimos fortuitamente”, remató.

A su turno, Quilaleo se quejó porque según él, se dio a entender que su patrimonio creció gracias a la maniobra con las tierras. “Trabajo desde los 13 años y antes de ser policía fui operario textil en una fábrica de Trelew”. Es licenciado en Trabajo Social, trabajó en el Ministerio de Educación y fue docente. “Con mi esposa trabajamos ambos por más de 35 años y generamos capacidad de ahorro, acá se dijo con un tono de asombro que era imposible tener un vehículo como el que me secuestraron, pero todos mis autos fueron 0 Km, con ahorro y financiación”.

Aseguró que sus propiedades las logró combinando préstamos, créditos y ahorros. Como tardó en tener su primer hijo, casi no tenía gastos familiares. “La casa comprada en Playa Unión fue a medias con mi suegro, no fueron fondos propios. Necesité su auxilio porque era la oportunidad de comprar algo que vendían a un precio que no existía, era para aprovechar y nos embarcamos”.

Quilaleo sugirió que si hubiese participado de un fraude millonario “no estaría tan ahorcado como estoy ahora”. Se quejó de que “duele y molesta cuando se nos presenta en sociedad ya juzgados”.

“No hubo intención de esconder ni ocultar nada. A Fossati sinceramente no lo conocí, sólo cuando nos avisaron para pasar a firmar la escritura. Es toda mi relación y nunca tuve contacto telefónico”, explicó. “Me afectó que dieran a entender que era imposible que accediera a lo que tenía, porque trabajé toda mi vida. Tengo tranquilidad de conciencia. En Trabajo Social se trabaja para la gente vulnerable y sería descabellado hacer filantropía por un lado y por el otro pergeñar la idea deliberada de perjudicar a compañeros de trabajo que conozco a todos”.

El defensor de ambos, Humberto González, pidió liberar a ambos. Pero el juez avaló los argumentos de la fiscal Silvia Pereira y el funcionario Rubén Kohler: no hay evidencia nueva que sugiera que no se fugarán.

El escribano está imputado de fraude al Estado; Rossi, Quilaleo y Weinberger, de fraude al Estado y estafa. A Rossi, además, se le agrega tenencia de arma de guerra.

Así lo señaló esta mañana el Fiscal Héctor Iturrioz acerca del otorgamiento de la libertad a Cisterna, Oca, Carpintero, Pagani y Ninín; al vencer hoy el plazo de la medida preventiva.

“Lo procesal se mantiene en su mínima expresión, como lo dijimos al momento de fundamentar por qué solicitamos la morigeración y el recupero de la libertad ambulatoria. Hemos tardado un poco más del tiempo previsto originariamente para colectar los medios de prueba, las evidencias que van a ser pruebas una vez que sean incorporadas al debate”, sostuvo.

El fiscal enfatizó que “ya hemos terminado con esa etapa. Pedimos un plazo de tres meses porque el procesamiento, la elaboración de la acusación, demanda que se correlacionen todos y cada uno de los elementos que colectamos; y plasmarlos en los fundamentos de lo presentado oportunamente”.

“Lo cierto es que las medidas procesales, las cautelares, solamente perviven mientras lo hacen los riesgos que las motivaron. Si mantenemos medidas cautelares de privación de la libertad ambulatoria sin riesgos procesales, estaríamos actuando de modo ilegítimo”, aclaró.

Y recordó que “el primer día de audiencia, el 23 de mayo del año pasado, dijimos que las medidas de prisión preventiva iban a durar lo estrictamente necesario, atendiendo a los cánones que fijó la Comisión Interamericana de DDHH de razonabilidad, proporcionalidad, necesariedad. No nos creyeron, criticaron que respondíamos a clamores punitivos de la sociedad y que estábamos aplicando penas anticipadas, y no es así. Como debe funcionar el sistema es que todo el mundo transcurra el proceso en libertad, y una vez que se le impone una pena que la cumpla, que sea una condena y no una prisión preventiva”.

“Hay multiplicidad de hechos que se juzgan con prisión preventiva y el día que se le condena se va a su casa, es decir que eso no se computa a los fines de reincidencia como cumplimiento de condena. Entonces hay gente que fue procesada varias veces y no está declarada como reincidente por este vericueto legal. Muchas veces los defensores sostienen eso para sus clientes, ya que la reincidencia es una condición de agravamiento que quita acceso a la libertad condicional”, amplió.

Sobre la respuesta al intento que hará Diego Luthers para evitar el nuevo juicio, Iturrioz dijo que “será negativa por su condición de funcionario público, ya que es expresa la prohibición de conceder tal beneficio a representantes de la función pública. Debe seguir presentándose semanalmente en comisarías para demostrar su permanencia en la zona”.

Y acerca de si hay manera de comprobar si no tienen contacto con otra gente de la causa, o testigos, adujo que “generalmente estos últimos avisan, porque la mayoría de los testigos en esta causa están atemorizados y cuando los intentan contactar, nos avisan. Luthers está con prisión domiciliaria acá, pero está con prisión preventiva en la causa ‘El Embrujo’. Es casi un formalismo que tenga prisión domiciliaria acá, porque no está en su domicilio”.

En tanto sobre que más allá de la renuncia expresa de Iniciativa Ciudadana, y si toman como renuncia tácita la no comparecencia de las otras querellas, fue irónico: “todavía no me recupero de la sorpresa que me generó el aviso que dio la directora de la oficina judicial. No sé si vieron mi cara, quedé como cinco minutos en blanco porque aún recuerdo las declaraciones públicas en audiencia que se iban a presentar e iban a contribuir al esclarecimiento de estos hechos que tanto le hacen a la sociedad, que iban a ir a juicio hasta las últimas consecuencias en la Corte Suprema de Justicia; y hoy encuentro que nada de lo prometido se ha cumplido”.

Finalmente, enfatizó que “en esta instancia no estaba fijado procesalmente cómo tener por desistida la querella, pero el desinterés es obvio. Se generaron costas que deberán cargar con ellas. No sé si me indigna, pero sí me deja sorprendido que nos habían prometido que sigamos con los empresarios, que había imposibilidades probatorias, mucho riesgo de ir a un juicio, pero no se aportó nada hasta la fecha”.

El Comodorense

A los cuatro empresarios a los que se les concedió el beneficio de la probation se les sumarán mañana, al menos, otros 13, como anticipó este medio. Están acusados de pagar sobornos y contribuir a la caja negra de la política. Con esta medida quedan en libertad y no asumen culpabilidad.

Al menos 13 empresarios imputados solicitarán este jueves la suspensión del juicio a prueba (probation) a la que ya se acogieron Musante, Torraca, Peña y Salaberry, a cambio de algunas obras acordadas con las partes.

Estas 13 probation que se acordarán mañana suman, en total, 30 millones de pesos para la ejecución de obras en la provincia. Así lo confirmó a EL CHUBUT el fiscal de la causa “Revelación”, Marcos Nápoli,

En la audiencia a desarrollarse este jueves hay 13 empresarios confirmados que harán el pedido de Probation. Ellos son:

Gustavo García Moreno (Pórtico 3); Luis Igarzábal (OCP Ingeniería y Construcciones S.R.L.); Jorge Andrés Barrionuevo (IPE S.R.L.); Javier Ban (Ingar Construcciones); Diego Cagnolo (Diarco); Daniel Russo (War Construciones); Juan Carlos Villegas (Villegas Construcciones); Carlos Di Benedetto (Didelco SRL); Osvaldo Bergareche (Esquel Construcciones); Gustavo Moretta (Libra Construcciones S.A.); Juan Carlos Bossi (Auda Construcciones); Marcelo Pasquini (Pasquini Construcciones); y Carlos Manuel Castro Blanco (Apicons Elaborados S.A.).

Sin embargo, hay dos empresarios más que aún no confirmaron su presencia pero que pueden sumarse en el transcurso de este día. Se trata de Claudio Gatica (Gatica Construcciones) y Claudio Díaz (CD Construcciones).

El Chubut