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El menor, según el padre, no estaba haciendo nada; tomaba mate con unos amigos en una plazoleta al momento en que llegó la policía y los echó del lugar. Cuando se estaban yendo cayó otro patrullero del que bajaron varios uniformados, los interceptaron, hicieron que se pararan contra una pared con las manos arriba y ahí a algunos los golpearon. Al hijo del denunciante “lo cachetearon y le dieron patadas. Tiene clavos en las piernas, se está recuperando de un accidente que tuvo corriendo en bicicleta”, se quejó el hombre, al asegurar que en el hospital cuando lo revisaron le encontraron hematomas en las piernas que tiene en recuperación”.

Encima, dijo que después no quisieron tomarle la denuncia en la comisaría a la que pertenecerían los que maltrataron a su hijo. Vale recordar que por un caso similar el ministro de Seguridad Massoni tiene una denuncia que aún anda dando vueltas en la fiscalía de Trelew.

Ahí se lo acusa de golpear y amenazar a un adolescente de la misma edad, en un hecho que incluso tuvo relevancia nacional y que ocurrió a principios de este año en el barrio INTA.

En aquella ocasión, el violento de Massoni y un grupo de sus policías interceptaron a la víctima cuando iba a comprar a un negocio y se vengaron aparentemente con él de la denuncia que les había hecho el padre, Gabriel Fredes, el albañil que recibió un balazo de goma en la cara por el que casi perdió un ojo, en un ataque desquiciado de un miembro de la Guardia de Infantería, que aún goza de impunidad y continua trabajando en la fuerza como si nada hubiera hecho.

Massoni, está a las claras que protege a los policías violentos, a los que actúan como él, abusando de la autoridad que les confiere el Estado; entonces, los uniformados salen a la calle a atacar o a provocar, buscando la excusa perfecta para justificar la golpiza.

En el caso de las últimas horas, quizás pasó eso con el grupo de chicos que fueron expulsados de la plazoleta en la que –según el padre de uno de ellos—no estaban molestando a nadie.

“Voy a ir a hacer la denuncia a la fiscalía porque no puede ser: me lo agarraron diez policías, lo trataron como cualquier chico, como un pibe de la calle y él no se droga ni nunca cayó preso. Ninguno de mis hijos tiene antecedentes”, aseguró Mario Pulgar, al denunciar también que los agresores policiales amenazaron a su hijo diciéndole que “si volvían a encontrarlo en la calle lo iban a recagar a palos y que después le iban a matar a toda la familia. Nosotros no somos delincuentes, somos gente de trabajo”, insistió Pulgar.

“Encima fui a hacer la denuncia a la (comisaría) Tercera y el oficial salió haciéndose el pesado, no me la quiso tomar y tampoco quiso llamar al médico para que revisara a mi hijo”, contó.

Escuchá la denuncia del padre:

 

Integrantes del Consejo de Bienestar Policial se reunieron con el ministro de Gobierno, José María Grazzini, para buscar respuestas concretas en relación a la deuda salarial que mantiene el Estado con los trabajadores de la fuerza. Después del encuentro se retiraron de Casa de Gobierno sin ninguna contestación alentadora. El sargento primero Claudio López explicó que desde el Consejo habían enviado notas para reunirse con tres ministros, sin mayores respuestas.

Temas sin resolver

El referente dijo: “Vinimos a plantear el tema de una solución sobre los retroactivos 2019 y algunos ítems que quedaron aún para resolver en la plenaria de abril/mayo. Las cláusulas gatillo no cobramos ninguna, estamos desde 2019 con el básico de 18 mil pesos, hay una fracción importante de dinero que se nos debe y eso estamos reclamando que se pague, y en el menor tiempo posible”.

Reclaman la deuda anterior

López reconoció que están cobrando al día los sueldos, pero “no pagaron la deuda anterior que es el dinero que falta, los aumentos de las cláusulas gatillo firmas durante 2019”. También estuvieron presentes los representantes de los retirados y jubilados de la fuerza a quienes se les suman otros reclamos también.

El suboficial mayor retirado Julio César Moreira dijo que ellos como jubilados “tampoco estamos recibiendo los aumentos que le depositan a los activos y a nosotros además nos están debiendo un mes de sueldo”.

El Consejo de Bienestar Policial pidió tener una reunión de «carácter de urgente» con el Gobierno Provincial para tratar los puntos fijados en plenario, entre ellos, retroactivos , clausula gatillo y antigüedad.

En ese marco, el ministro de Gobierno, José María Grazzini, confirmó una reunión para el próximo miércoles en Casa de Gobierno en Rawson.

Claudio López, referente del Consejo de Bienestar Policial por los activos, manifestó en Red 43 que se acercaron a Casa de Gobierno para pedir una reunión con el gobierno, que finalmente fue comprometida para la próxima semana y donde se tratarán «los retroactivos 2019, el incremento salarial y el 2 por ciento de antigüedad».

Posteriormente explicó que en su momento habían solicitado un 35 por ciento en su momento «pero ahora quedamos muy abajo».

Por otra parte, el referente reconoció que en la charla diaria con los trabajadores de la fuerza «se nota que no se llega a fin de mes», y por ello, pidió que las demandas sean escuchadas porque «la canasta básica nos está comiendo».

Julio César Moreira, retirado de policía, reconoció sumamente necesario que el gobierno de respuesta en materia económica porque «Hoy sabemos que el policía esta abajo del sueldo de la pobreza. No estamos bien económicamente, el policía en actividad y el retirado», cerró.

Fuente: El Patagónico

Vecinos del barrio Padre Corti manifestaron su malestar para con los agentes de la subcomisaría. “Que los cambien a todos estos policías que no sirven para nada”, exclamó una de las vecinas, quien además denunció “hay policías con antecedentes y causas por violaciones”.

En la voz de María, los habitantes del barrio Padre Corti manifestaron su malestar con los agentes de la subcomisaría de Ciudadela. “La policía que tenemos acá vive descansando, tomando mate”, enfatizó al aire de El Comodorense Radio.

La vecina cargó contra el jefe de la Policía y el comisario responsable de la subcomisaría Hernán Barría, quienes dijo “en su puta vida vienen” y pidió que “hablen con los vecinos y pongan policías que salgan a caminar”.

“Acá hay tres policías, y si hay cinco, los cinco están tomando mate ahí adentro. No vas a ver ni un solo policía en 20 cuadras”, expresó, y reiteró que los agentes “acá vienen a engordar y tomar mate”.

Asimismo, denunció al aire que en dicha subcomisaría “hay policías con antecedentes y causas por violaciones. Nosotros tenemos hijos, tenemos que confiar en la policía, pero así en la policía que corrupta que tenemos acá no podemos confiar”. Al respecto, pidió que “hasta que no se aclare todo que saquen a esta gente de acá, porque acá nos mandan a todos castigados”.

Para ejemplificar la inacción que denuncia la vecina, aseguró que “los chicos del barrio cruzaron al auto -sospechoso por el acoso a una vecina-, venía otra vez para el barrio. Llaman a la policía y les avisan que el auto involucrado en el caso del domingo estaba ahí, y que por favor se acerquen. Como la policía no se acercó nunca, ellos fueron a la comisaría y el comisario le dijo al muchacho que no podía venir a hacer el trabajo de la policía”.

“Le dijo que no lo podía atender porque él tuvo un antecedente”, detalló sobre el episodio, al que calificó como “una falta de respeto”.

María definió que en el sector “estamos a la deriva”, y explicó: “En Cerro Tres Cruces todos los días y noches, se agarran a tiros, ¿Qué hace la policía? Toca un poco de sirena y no hace más nada”.

“O hacen algo o empezamos a prender gomas acá y van a tener que dar una solución. Que los cambien a todos estos policías que no sirven para nada”, concluyó.

Por suerte no logró herirlo, pero igual terminó preso. El violento y preocupante caso ocurrió en las últimas horas en un sector alejado de la zona céntrica comodorense y se hablaba de un enfrentamiento entre los dos policías, disputándose una relación amorosa con una mujer, que también sería integrante de la fuerza.

Si bien los nombres de los involucrados no trascendieron, se supo que uno de ellos trabaja en la seccional Tercera y el otro en la Cuarta al igual que mujer policía por la que se pelearon.

El caso se dio justo en las horas en que Massoni, el ministro de Seguridad, estaba en Comodoro Rivadavia utilizando a la policía para hacer campaña y haciendo sus shows mediáticos con esos fantasmales operativos, en los que lo máximo que llegan a secuestrar son dos porros de marihuana y algunos litros de cerveza.

La pelea entre los empleados policiales fue la medianoche del martes pasado, en avenida Polonia casi 10 de Noviembre y las autoridades que acudieron al lugar se enteraron por los vecinos que enseguida llamaron al 101, cuando oyeron las detonaciones de los tiros que uno de los participantes de la refriega le disparó al otro, según dicen, solo para intimidarlo.

La comisaría Sexta intervino en el lugar y de manera inmediata se llevó preso al que anduvo a los tiros. También le incautaron la pistola a la mujer policía.

 

El proyecto que apunta a combatir la violencia institucional por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá este miércoles el debate sobre un proyecto integral contra la violencia institucional que buscan prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

La iniciativa se comenzará a analizar en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos que se realizará a las 18 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.

El proyecto establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».

Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.

Los detalles del proyecto

La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».

De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».

Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional «tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima».

También podrán solicitar «acompañamiento psicosocial por parte del Estado» y dispone que cada «jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia».

Esta semana se reúne el Consejo de Bienestar Policial, a la espera de una respuesta del Ejecutivo de Chubut sobre la deuda salarial y la necesidad de analizar un aumento para el personal. «La Policía está muy mal, desde 2019 que no recibimos aumento, estamos por debajo de la línea de pobreza», afirmó el suboficial Mayor Retirado, Julio Moreira, integrante del Consejo de Bienestar Policial.

Moreira advierte que la situación del personal policial es grave desde el punto de vista económico y socia, «hemos golpeado puertas con el Consejo de Bienestar y el señor Ministro Massoni, prometió que nos iba a atender y dijo que se preocupaba por la Policía, pero llegó marzo y no nos atendió, se burló de nosotros».

«Estamos todos los días custodiándolos a ellos y sus familias, y no reconocen el sacrificio del policía, que todos los días se juega la vida con la pandemia y la delincuencia. Hoy, la situación está muy complicada», expuso Moreira, quien denunció que «actualmente, en Puerto Madryn, un policía percibe un sueldo entre los $42.000 y $43.000 mensuales, tenemos un básico de $18.000».

Asimismo, detalló que «en Comodoro Rivadavia están ganando $53.000 y un suboficial mayor tiene un básico de $23.000, y la verdad es que cualquier empleado provincial está más alto que nosotros en ese ítem».

Notas dentro de un cajón

Por otro lado, Moreira manifestó que «estamos reclamando que se nos debe un mes a quienes están en actividad», sumando a ello que «a los jubilados y retirados nos deben los dos meses, los aumentos y ya estamos cansados, es un montón de dinero».
«Hace dos días se pasó una nota y el Jefe se comprometió a dar una respuesta en 72 horas, por lo que el viernes la tendríamos respecto de qué van a hacer con nosotros», indicó Moreira al señalar que esa respuesta sería tratada en reunión del Consejo de Bienestar Policial.

«No queremos llegar a eso»

Consultado sobre eventuales medidas de fuerza, considerando que la actual normativa impide que los integrantes de la Policía se sindicalicen, Moreira anticipó que «es algo que se verá con compañeros de toda la provincia, pero hay un malestar bastante complicado, es como si el policía hoy estuviera con temor» y aclaró que «tampoco incentivamos a que se haga un acuartelamiento o retención de servicios, porque ya vemos que somos fundamentales, pertenecemos a una institución que debe cuidar la seguridad y no queremos llegar a eso».

«Se viene fea la mano»

«Confiamos en el ministro Massoni y nos mintió, y nosotros no andamos con vueltas», sostuvo Moreira al remarcar que es necesario que se solucione la situación salarial, «porque se viene fea la ‘mano’», fundamentando que «hoy día, el policía a veces almuerza, pero no cena».

«Ellos nos dicen que esperemos a que ‘arreglen’ todos los gremios, pero nosotros no somos gremialistas ni tenemos gremio, queremos arreglar nuestro sueldo aparte; pero hoy hay un Consejo de Bienestar Policial puesto por ley», apuntó, remarcando que «algunos tenemos más de 30 años en la fuerza y queremos disfrutar de nuestra familia y de nuestros nietos».

Fuente: El Diario Web

Un testigo clave en el juicio en Estados Unidos contra el policía blanco acusado de asesinar al afroamericano George Floyd intentó evitar su comparecencia, debido a que podría incriminarse a sí mismo por otros cargos, mientras un instructor de uso de la fuerza de Minneapolis, donde ocurrió la muerte por asfixia que reabrió las heridas acerca del racismo en el país y generó masivas protestas, dijo que el agente fue entrenado para evitar precisamente la presión en el cuello de un detenido.

Floyd, de 46 años, fue arrestado el 25 de mayo afuera de un negocio de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minesota, luego de ser acusado de intentar paga con un billete falso. El video de un transeúnte mostró a Floyd llorando porque no podía respirar mientras otros espectadores le gritaban al policía Dereck Chauvin, acusado de asesinato y homicidio involuntario, que soltara al hombre negro, a quien inmovilizó tomandolo por el cuello durante más de nueve minutos .

Los fiscales buscan demostrar que la muerte de Floyd fue por asfixia, mientras que la defensa de Chauvin afirma que se debió a drogas ilegales encontradas tras la autopsia en el cuerpo de la víctima. Morries Hall, quien estaba con Floyd en su automóvil poco antes de su muerte, por lo que es un testigo clave, está bajo custodia y apareció hoy en la audiencia a través de un video tras haber sido citado para testificar.

El abogado de Hall dijo que «hay una acusación de que el Sr. Floyd ingirió una sustancia controlada mientras la policía lo sacaba del automóvil… Esto deja al señor Hall potencialmente incriminándose a sí mismo». De hecho, el defensor de Chauvin, Eric Nelson, confirmó que quería preguntar a Hall si había vendido o dado drogas a Floyd.

Luego de que la defensa de Hall argumentara que era imposible que su cliente testificara sin incriminarse a sí mismo, el juez Peter Cahill dijo que «hay un resquicio muy pequeño y estrecho que podría ser permisible», y que más tarde decidirá sobre la solicitud de no testificar, informó AFP.

En lugar de cerrar filas para proteger a un compañero, varios de los miembros más experimentados de la Policía de Minneapolis condenaron abiertamente el accionar de Chauvin ante Floyd y calificaron sus acciones como excesivas.

A la policía de Minneapolis se le enseña a sujetar a los sospechosos combativos con una rodilla en la espalda o los hombros si es necesario, pero se les dice que «se mantengan alejados del cuello cuando sea posible», testificó el teniente Johnny Mercil, un instructor de uso de la fuerza que se convirtió en el último miembro de la Policía en subir al estrado como parte de un esfuerzo de los fiscales para desmantelar el argumento de que Chauvin estaba haciendo para lo que fue entrenado cuando puso su rodilla en el cuello de Floyd.

Según el testimonio y los registros presentados este martes, Chauvin tomó un curso de 40 horas en 2016 sobre cómo reconocer a las personas en crisis, incluidas las que sufren problemas mentales o los efectos del consumo de drogas, y cómo usar técnicas de desescalada para calmarlos. Los registros muestran que Chauvin también recibió capacitación en el uso de la fuerza en 2018.

Mercil dijo que a los que asistieron se les enseñó que la santidad de la vida es una piedra angular de la política departamental y que los oficiales deben usar la menor cantidad de fuerza requerida para que un sospechoso cumpla.

Bajo el contrainterrogatorio del abogado de Chauvin, Mercil testificó que los agentes están entrenados en algunas situaciones para usar su rodilla sobre la espalda o el hombro del sospechoso y emplear su peso corporal para mantener el control.

Pero Mercil agregó: «Les decimos a los oficiales que se mantengan alejados del cuello cuando sea posible».

Nelson ha argumentado que el oficial blanco ahora despedido «hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer durante sus 19 años de carrera», y ha sugerido que las drogas ilegales en el sistema de Floyd y sus condiciones de salud subyacentes fueron la causa de su muerte y no por la asfixia de Chauvin.

Pero Chauvin había sido certificado para realizar resucitación cardiopulmonar, y la oficial de Minneapolis Nicole Mackenzie, que entrena a miembros de la fuerza en atención médica, testificó el martes que la política del departamento requería que comenzara la ayuda antes de que llegaran los paramédicos, si es posible.

Chauvin, quien fue despedido de la policía después del asesinato, se declaró inocente de los cargos y se enfrenta a una pena de hasta 40 años de prisión si el jurado lo encontrara responsable del cargo más grave que se le imputa, homicidio en segundo grado.

El hecho de violencia se registró este domingo por la madrugada, cerca de las 3, en Río Pico cuando un grupo de ebrios intentó ingresar a un bar ubicado en inmediaciones de la avenida San Martín y comenzó a generar disturbios.

Al tomar intervención el personal policial se constató que se trataba de un grupo de más de 20 personas, encabezados por el vicepresidente del Concejo Deliberante de la localidad; quienes ante la arenga del edil comenzaron a atacar a los uniformados.

Con golpes de puño y rebenques, el grupo comenzó a violentar a los uniformados que se vieron superados en cantidad y debieron pedir refuerzos a la Comisaría local, convocándose a efectivos que estaban de franco. Sin embargo, seguían en minoría por lo que se convocó a refuerzos de Gobernador Costa.

Luego del hecho, los sujetos de dieron a la fuga a contramano, alcoholizados y en 4 autos (un Volkswagen Voyage, un Ford Fiesta, un Citroën C3 y un Renault 9), festejando lo ocurrido y llevándose de “trofeo” la gorra de uno de los uniformados.

Una vez en la localidad, los efectivos de Gobernador Costa realizaron una recorrida y localizaron al Voyage e identificando a dos sujetos, los cuales comenzaron a insultar a los uniformados y terminaron siendo detenidos.

En cuanto al resto de las personas, están identificadas en su mayoría pero no hubo detenciones al momento.

En lo que respecta a los policías que fueron agredidos físicamente, uno sufrió la pérdida de un diente y otro lesiones en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, uno sufrió la rotura de su chaleco antibalas y el patrullero terminó con daños materiales.

El ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, encabezó este miércoles una reunión virtual con los 19 jefes de Policía y los directores generales de su cartera, para coordinar los operativos para evitar aglomeraciones en todo el país durante la Semana de Turismo.

Según el sitio Subrayado, Larrañaga informó que, desde el 21 de diciembre pasado, cuando entró a regir la limitación del derecho de reunión, hasta ahora se realizaron 4.400 operativos “que han demostrado ser eficaces, eficientes, para buscar controlar las aglomeraciones”.

“Ahora cambia el contexto, la situación es más compleja”, afirmó el ministro y adelantó que se destinarán unos 2.500 efectivos policiales para controlar las aglomeraciones en todo el país.

“Tenemos el aval del Poder Legislativo por 120 días más para seguir actuando en la limitación del derecho de reunión y para controlar las aglomeraciones”, enfatizó.

Larrañaga comprometió los máximos esfuerzos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior “para luchar contra el Covid y para preservar la salud de la población”.

“Para continuar con el esfuerzo de procurar lo que es objetivo del gobierno y objetivo nacional, que las vacunas le ganen a los contagios, que las vacunas y la inmunización puedan ir hacia adelante para disminuir los contagios y poder controlar la epidemia”, subrayó el titular de Interior.

Fuente: M1