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En la CGT aseguran que el Gobierno ya tiene definido que fijará por decreto el pago de un bono de $ 5.000 para los trabajadores del sector privado. Lo único que falta resolver, según la central sindical peronista, es la forma de pago de ese bono extraordinario.

El ministro de Producción y Trabajo Dante Sica les pidió a los dirigentes cegetistas en la tarde de este lunes «una semana de plazo» para estudiar la metodología de la bonificación. Antes quieren evaluar el impacto, sobre todo, para las Pymes.

«Podría ser en un solo pago en septiembre o dividido en dos en septiembre y octubre», informó a Clarín un importante dirigente de la CGT. Los jubilados no estarían contemplados en el bono.

Por lo que se detalló en la reunión entre los dirigentes cegetistas (estuvieron los cosecretarios generales Carlos Acuña y Héctor Daer, Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Calo (UOM) y Armando Cavalieri (Comercio) y los ministros Carolina Stanley y Sica el bono será «no remunerativo».

El dirigente Gerardo Martínez dijo: «El Gobierno tomó conciencia de los planteos que hicimos como CGT de las necesidades y urgencias de la crisis y de los daños colaterales que está provocando».
A fines de agosto pasado, y a través del Boletín Oficial, el Gobierno oficializó un bono de $ 5.000 para los trabajadores de la administración pública. Ese pago extraordinario apuntó a atenuar el impacto de la disparada del dólar y su traslado a precios tras las primarias.

Tras la reunión en la Casa Rosada, los dirigentes de la CGT se juntaron en UPCN. Allí se sumaron, entre otros, los sindicalistas ferroviarios Sergio Sasia y Omar Maturano.

Se detalló que la conducción de la CGT le había reclamado al Gobierno que se le destraben a las obras sociales los alrededor de $ 7.500 millones que la Superintendencia de Salud tiene retenidos.

También que la central sindical solicitó que se forme un «gabinete social» en el que los gremios tengan participación. Puntualmente, que los sindicatos puedan indicarle al Gobierno en qué lugares de sus actividades hay mayores necesidades de asistencia alimentaria, así lo reseña Clarín.

Dirigentes sindicales estatales estuvieron ayer en la Legislatura insistiendo ante los distintos bloques en que se apruebe el proyecto que busca elevar los impuestos a empresas del ámbito privado.

Sin embargo, atento a que la crisis también viene golpeando a las compañías de distintos sectores, incluso en muchos casos tratando de sostener el empleo pese a las condiciones actuales del país y de la provincia, varios legisladores encontrarían al menos incongruente aprobar esa iniciativa que reclaman desde la Mesa de Unidad Sindical.

La crisis del Estado chubutense tiene repercusión directa en el sector privado, y si a eso se le suma más carga impositiva, el combo podría ser explosivo, señalaron sectores del empresariado, pero también de las PyMEs que son las que más vienen padeciendo los golpes de la economía.

Santiago Goodman de la Atech y Tomás Montenegro de la CTA se reunieron ayer con todos los bloques de la Legislatura con la finalidad de tratar la ley Tributaria Extraordinaria. Por el momento no hay consenso y las petroleras ya advirtieron que irán a la justicia si se aprueba.

Chubut Somos Todos advirtió que el proyecto no será acompañado y dejaron en claro que una ley de estas características «necesita de grandes consensos» y principalmente contar con la voz de las principales compañías involucradas como las petroleras, hidroeléctricas, pesqueras, el agro y los casinos.

Desde Cambiemos, la postura es similar y por el momento no darán luz verde al proyecto que declara la emergencia en la educación, la salud y la seguridad y crea un Fondo Especial a través de mayores aportes de las grandes empresas de Chubut.

El posicionamiento en el Frente Para la Victoria está más alineado al de los gremios, aunque también son cautos y advierten la necesidad de lograr «fuertes consensos» para sacar adelante esta iniciativa.

Desde el sector empresarial aseguraron a EL CHUBUT que el proyecto «afecta el derecho a la propiedad privada» de acuerdo al artículo 17 de la Constitución Nacional, y en ese sentido «es confiscatorio y viola el principio de razonabilidad de la norma». Además, esgrimieron que «afecta el derecho constitucional del libre comercio y fomentan una doble imposición tributaria», ya que no solo prescribe adelanto «sino también incremento del porcentaje de regalías».

«Ante la crítica situación que transita nuestra provincia, la Federación Empresaria del Chubut (Fech) hace un nuevo llamado al diálogo a todos los actores del sector público y privado, comenzando por los poderes Ejecutivo y Legislativo del Chubut», solicitaron desde la entidad mediante un comunicado difundido ayer.

Explicaron que el objetivo es «construir estrategias que permitan dar certidumbre y paz social a los chubutenses en el corto plazo, rechazando enfáticamente toda expresión de violencia».

Además, dejaron constancia que en muchas oportunidades solicitaron al gobernador Mariano Arcioni establecer un canal de diálogo para encontrar una solución a los problemas que enfrentan los chubutenses. Agregando que «entre otras promesas incumplidas, las empresas privadas seguimos aguardando el pago de deuda correspondiente a los años 2015-2017».

«Las empresas proveedoras del Estado -indicaron en el comunicado de la Fech- han sido sumamente flexibles al aceptar un acuerdo que comprende la consolidación de deuda al 2018 y el compromiso de entrega de bonos a dos años, con una liquidación de intereses que ya han sido licuados por la devaluación y la inflación».

Sin embargo, apuntaron desde la entidad que «de este pasivo, que supera los $ 2.500 millones, solamente se ha abonado un 10% a empresas constructoras».

No dejaron de lado que Chubut tiene «una masa salarial que representa un elevado porcentaje de los ingresos del Estado Provincial y los crecientes compromisos financieros asumidos para sostener una imprudente estructura de gasto». Pero «en este momento nos enfrentamos a una nueva situación crítica. El impago de los salarios a los empleados estatales afecta directamente a la actividad privada, generando dificultades para pagar los salarios y cargas sociales a los más de 100.000 empleados privados de Chubut. Asimismo, será difícil afrontar el pago de impuestos municipales, provinciales y nacionales. Muchas Pymes ya están quedando en el camino».

FUTURO INCIERTO

Desde la Fech se marcó además, por todo lo expuesto en el documento, que «vemos un futuro incierto, nos preocupa la situación en la que está inmersa la provincia. Los hechos de violencia demuestran que esta apreciación no es exagerada».

Ante esa situación, enfatizaron que «las Pymes queremos seguir dando trabajo, crecer y mejorar para seguir contribuyendo al crecimiento de Chubut y los chubutenses. Las Pymes queremos tener oportunidades de desarrollo para el crecimiento de una provincia que tiene muchos recursos».

Hicieron un pedido directo al gobernador Arcioni y sus colaboradores para que asuman el compromiso con «cordura y serenidad, reiterando el ánimo de colaborar en esta difícil situación; esperamos poder sentarnos en una mesa de diálogo para exponer con sinceridad y compromiso los destinos de todos y de las Pymes».

Son $2500 que forman parte de una compensación que estableció el Gobierno en noviembre de 2018. El primer tramo se cobró en diciembre.

Los trabajadores del sector privado percibirán en sus salarios de enero la segunda cuota del bono de fin de año que estableció el Gobierno en noviembre pasado. Serán $2500 que se sumarán a la cifra de igual cantidad que se pagó en los primeros días de diciembre.

El martes 13 de noviembre de 2018, el Gobierno publicó el decreto 1043/2018 a través del cual estableció la compensación para el sector privado. Por aquellos días se acordó pagar $ 5000 en dos cuotas y se determinó que el bono sea no remunerativo, es decir, que no tribute aportes ni cargas sociales.

¿Quiénes lo cobran?

El artículo 1 estableció que la asignación no remunerativa será “para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado”. Es decir, incluye tanto a quienes estén amparados por un convenio colectivo de trabajo como a los trabajadores formales que no lo estén.

Pagar como se pueda

Empleadores y representantes de los trabajadores tienen la facultad de adecuar “la implementación del decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”, según el artículo 3° del borrador del decreto.

A cuenta de paritarias

Los montos no remunerativos podrán ser tomados a cuenta de las revisiones paritarias de 2018, “salvo que (las partes) acuerden expresamente su no absorción”.

Sector público, excluido

“Quedan excluidos de los alcances del presente decreto los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal”, dispone el artículo 5°.

 

ADN Sur