El ámbito petrolero tendrá en la última semana de marzo un marco de definiciones que permitirá conocer si las inversiones de este año se mantendrán o se reducirán, según el planteo advertido por el sindicato, que iniciará un plan de acción directa el 3 de abril.
Además de esa situación en sí misma, que involucra a los trabajadores, un número no precisado de pequeñas y medianas empresas está en riesgo de desaparecer, a partir de servicios que no tendrán continuidad y por redefiniciones de contratos en el marco de la búsqueda de reducción de costos planteada por las operadoras.
De los 15.000 trabajadores que en épocas de plena actividad se desempeñan directamente en yacimientos petroleros de Chubut, la gran mayoría pertenece a empresas de servicios. De allí que el riesgo de pérdida de empresas no ataña sólo al ámbito empresario, sino que va en directa proporción a la posibilidad de que la caída de puestos laborales no haya encontrado aún su piso.
En concreto, muchas empresas vinculadas a la actividad de perforación, cuyos servicios dejaron de ser demandados, están en riesgo de tornarse inviables por una suma de factores, entre los que la retracción en el número de pozos aparece como un corolario de situaciones pre existentes.
Así se ha advertido desde el sindicato, al enumerar a firmas contratistas de YPF con dificultades y que estarían en riesgo de transformarse en “otra SP”, en referencia a una firma en concurso de acreedores y con un oscuro horizonte por delante. En ese marco, el gremio también reiteró en los últimos días el riesgo que correría el plan de perforaciones de PAE, descartada prácticamente la posibilidad de incentivos para el precio del gas, ya que una parte de ese programa de nuevos pozos espera aprovechar recursos gasíferos.
UTILIDAD EROSIONADA Y SIN POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
La situación de algunas pymes de servicios se acumula a lo largo de los últimos años. “Las empresas chicas han ido sufriendo el deterioro por no contar con una estructura de negociación suficientemente fuerte para discutir con las operadoras –evalúa uno de los empresarios de este ámbito-, en distintas situaciones: desde la adecuación de tarifas en base a datos reales de la inflación, hasta la interpretación de los convenios de trabajo, que en algunos casos tienen un grado de ambigüedad que posibilita distintas interpretaciones. En esas discusiones, las empresas chicas son como una lancha torpedera contra un porta aviones”.
Esto se refleja en hechos que van erosionando la utilidad empresaria. Los plazos de pago, que se corren a 90 ó 120 días, pueden provocar efectos devastadores en ese aspecto. Hay firmas que no encuentran posibilidad de financiamiento en el circuito bancario, entre otras razones por la situación de atraso en pago de cargas sociales u otros indicadores de morosidad, lo que cierra puertas en el sistema formal. Es entonces cuando muchos apelan a la venta de cheques, que aun en el mejor de los casos (cuando se trata de empresas legalmente habilitadas para tal fin) deducen comisiones que pueden ser del 30% anual. “Sobre un cheque a 120 días, la comisión puede ser hasta el 12%”, explican en firmas del barrio Industrial habituadas a este salvataje.
Por ello hay expectativas de que se cuente con algún tipo de instrumento desde el Banco Chubut, para lo que se han realizado gestiones en las últimas semanas. Referentes de la Cámara de Empresas dijeron que están a la espera de definiciones, tras las gestiones que se vienen realizando ante autoridades bancarias.
Más allá de auxilios puntuales, el problema presenta otras aristas: “Si yo quiero aguantar los 90 días, o los 120 días de plazo de pago, tengo que subir el precio, pero al haber competencia esto no es posible. Esta lógica destruye la cadena de valor”, advierte otro empresario. “Hoy ya no hay empresas de 3 generaciones trabajando en esto: las que crecieron se fueron y el resto desapareció”.
En las descripciones se suman otros componentes. La alta conflictividad, la sobre estructura en muchos sectores y la afectación de la actividad por conflictos satélites, es decir no inherentes a la propia actividad, hicieron en el último tiempo un cóctel difícil de digerir para una actividad económica viable.
SIN AUXILIO EXTERNO
Quienes están cerca de las mesas de discusión con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, reconocen que no habrá medidas para inyectar un shock de actividad a esta cuenca. Los incentivos de precio reclamados para el gas parecen ya una remota posibilidad, debido a que una medida de ese tipo requiere financiarse con más déficit fiscal o con nuevos incrementos tarifarios a los usuarios. “Lo que sí se ha percibido es que si nosotros hacemos algo para mejorar, ellos van a dar una mano”, se sinceró uno de los participantes. “Pero nadie va a venir con un operativo de perforaciones para reactivar la cuenca, tenemos que olvidarnos de eso”.
“No sólo la perforación mueve la actividad; la producción se puede mantener con la reparación y mejoramiento de los pozos existentes”, analizan en despachos de operadoras.
¿Por dónde pasa la mejoría de la región? Los acuerdos de productividad serían, desde la expectativa empresaria, una forma de avanzar en la reducción de costos (mejora de tiempos de actividad, etc). Desde esa perspectiva, se busca llegar a que la actividad cierre con un barril de 50 dólares. Para los sindicatos, si bien ha habido avances en estos objetivos, el límite es ceder derechos plasmados en el convenio de trabajo. De la búsqueda de ese equilibrio surgirá la posibilidad de atenuar un impacto que, como tal, a esta altura ya nadie duda de que se producirá.
La advertencia queda formulada no sólo desde el ámbito sindical y el inicio de un plan de lucha lanzado par el 3 de abril, sino también desde lo que saben los propios empresarios: “hay que estar atentos a lo que va a pasar en los próximos días, porque el reacomodo de contratos va a dejar a muchos jugadores afuera”.
Por Raúl Figueroa
ADNSur