La Comisión de Derechos Humanos visitó a Facundo Jones Huala en la cárcel y dialogó con las querellas y las comunidades mapuches. Hoy se reúnen con el juez Lleral.
Este jueves se constituyó en la ciudad chubutense de Esquel la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. El viaje no contó con la “autorización oficial” del presidente de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, quien había expresado en los días previos su negativa a avalar a ese cuerpo legislativo en su objetivo de sesionar en la ciudad donde se tramita la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Pese al rechazo macrista, la comitiva de diputadas y diputados se constituyó igual en Esquel. Allí viajaron la presidente de la comisión Victoria Donda (Libres del Sur), los diputados del Frente de Izquierda Nathalia González Seligra (PTS) y Juan Carlos Giordano (IS), Facundo Moyano y Horacio Alonso (Federal Unidos por una Nueva Argentina), Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular), Silvia Horne (Movimiento Evita), Santiago Igon y Walter Santillán (Frente para la Victoria-PJ).
La primera acción de la Comisión fue visitar al preso político Facundo Jones Huala, lonco de la comunidad Pu Lof de Cushamen. Allí le brindaron su solidaridad y se comprometieron a seguir exigiendo su libertad inmediata y a oponerse a su eventual extradición a Chile.
Luego las diputadas y los diputados realizaron una reunión en la sede del sindicato municipal de Esquel (Soeme), donde dialogaron durante largo rato con parte de las querellas de la causa Maldonado y con miembros de las comunidades originarias de la región.
Allí estuvieron Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, representantes de otras querellas como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el CELS; y miembros de otros organismos como la Comisión por la Masacre de Trelew y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Por las comunidades originarias estuvieron miembros de Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Vuelta del Río, Gualjaina, Nahuel Pan y Costa del Lepá.
Las y los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados plantearon primero con qué objetivo decidieron constituirse en Esquel, pese a la negativa del presidente de la cámara, el macrista Emilio Monzó, y de los diputados de Cambiemos que integran la comisión. El objetivo, dijeron, es “fortalecer la pelea por la aparición con vida de Santiago Maldonado”, acompañando a las querellas, a la familia de Santiago, a las comunidades mapuches y a los organismos de derechos humanos de la región, “que son quienes desde el primer momento denunciaron a la Gendarmería y dejaron a la luz el encubrimiento oficial”.
En ese marco, Verónica Heredia dijo en la reunión que cada vez que desde el Gobierno “se niegan a reconocer la desaparición de Santiago están cometiendo el delito de desaparición forzada, que es permanente”. Y pidió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja que que se impulse la adecuación del artículo 142 del Código Penal “para que también alcance a las autoridades que no impidieron la consumación de la desaparición, porque también son responsables”.
Durante el intercambio, tanto las comunidades mapuches como los organismos de derechos humanos denunciaron con insistencia, relatando hechos concretos y dando un marco general, la situación de persecución, amedrentamiento y criminalización que sufren. Algo que sucede desde hace muchos años pero que a partir de la desaparición de Maldonado se recrudeció. Ese hostigamiento lo reciben las comunidades, la propia familia de Santiago y los organismos de derechos humanos que encabezan la denuncia desde el primer momento.
Donde más se produjo esa escalada violenta fue justamente en Pu Lof de Cushamen, con el caso extremo del allanamiento realizado al mando del juez Otranto y del secretario del Ministerio de Seguridad Gonzalo Cané el 18 de septiembre en ese territorio, seguido de la quema de casas en la comunidad aledaña de Vuelta del Río.
Ese amedrentamiento constante, coincidieron los participantes, es un claro intento por poner a la defensiva a los testigos de las comunidades que saben qué es lo que pasó el 1° de agosto en Pu Lof y a su vez seguir ejerciendo un control militar sobre la zona recuperada por los mapuches.
En el debate también se puso de manifiesto el tema de fondo, que es la pelea de las comunidades por la tierra, lo que explica en última instancia el por qué de tanta saña de parte de los terratenientes y sus sicarios y del Estado y sus fuerzas represivas. En ese sentido desde las comunidades aportaron a las diputadas y diputados nombres y cargos de varios funcionarios de Chubut y nacionales que con sus intervenciones o sus indiferencias actúan deliberadamente en favor de los terratenientes y grandes capitalistas de la región.
La comisión de Diputados se comprometió a tener una entrevista este viernes con el juez de la causa Gustavo Lleral, donde le plantearán sus inquietudes sobre el caso y le exigirán la aparición con vida de Santiago Maldonado. También se comprometieron a tomar la causa de Facundo Jones Huala (ya pidieron una entrevista con la defensora del lonco), a rechazar la extradición y a seguir pidiendo su libertad. Y a su vez se comprometieron a pelear desde la Cámara de Diputados porque se apruebe la Ley de Tierras y se trate una ley de Propiedad Comunitaria para beneficiar el reclamo histórico de los pueblos originarios.
Nathalia González Seligra, diputada del PTS/FIT, dijo a este diario tras la reunión que “es muy importante como Comisión de Derechos Humanos constituirnos acá en Esquel y brindarles el apoyo a quienes denunciaron desde el primer momento a la Gendarmería y a los funcionarios del Gobierno de Macri que la encubren. Como siempre lo denunciamos desde el Frente de Izquierda, acá hay una defensa cerrada del Gobierno sobre los intereses de Benetton, Lewis y demás capitalistas del sur argentino. Por eso después de lo de Santiago Maldonado continúa el hostigamiento y la represión a las comunidades mapuches. Nuestro compañero Nicolás del Caño estuvo presente en enero en Pu Lof cuando se había producido una represión brutal. Lejos de aplacarse ese ataque constante a los mapuches con la crisis abierta por haberse llevado a Santiago, la situación empeoró para ellos”.
De hecho, recordó la diputada, “cuando Marcos Peña fue interpelado en la Cámara de Diputados sobre el accionar del Gobierno alrededor del caso, mantuvo siempre una defensa rígida de todo lo que se hizo desde el Ministerio de Seguridad y hasta dijo estar ‘orgulloso’ de la intervención de Patricia Bullrich en el caso. Pero cuando Peña habló en Diputados ya estaba totalmente demostrado que la participación del jefe de Gabinete del Ministerio, Pablo Noceti, antes, durante y después de los hechos fue fundamental en esta historia”.
En referencia a la necesaria solidaridad con la familia de Santiago y con la comunidad mapuche, González Seligra planteó que “el camino es la movilización constante y la denuncia y visibilización a nivel nacional de esta situación. Eso es lo que tiene que aportar esta visita de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados”
La Izquierda Diario
