Una explotación de litio en el Salar de Cauchari-Olaroz, en las altiplanicies andinas de la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino. El gobierno dice que aspira a atraer inversiones por 30.000 millones de dólares para desarrollar la minería. Crédito: Cámara de Minería de la Provincia de Jujuy
BUENOS AIRES, 2 nov 2017 (IPS) – Argentina no tiene la tradición minera de otros países sudamericanos, pero la historia podría empezar a cambiar. El gobierno pretende atraer inversiones extranjeras por 30.000 millones de dólares para aprovechar el gran potencial minero que tiene de desde el norte al sur del país la vertiente oriental de la cordillera de los Andes.
Sin embargo, a las complejidades que de por sí presenta la tarea de seducir a los grandes capitales, se suma un obstáculo muy significativo: la resistencia del movimiento ambientalista contra la minería a gran escala, que en muchos lugares del país ha movilizado a comunidades enteras y ya obtuvo grandes triunfos.
“Tenemos una gran oportunidad de desarrollar un recurso que la Argentina tiene y que puede ser más importante todavía que lo que nos genera la agricultura”, dijo el presidente Mauricio Macri en junio en la Casa Rosada, sede del gobierno, durante un acto en el cual estuvo acompañado por gobernadores y vicegobernadores de 12 de las 23 provincias del país.
En aquella oportunidad se firmó el Acuerdo Federal Minero, que establece algunas pautas uniformes para todo el país en cuanto a las regalías a ser cobradas por los gobiernos provinciales y a aspectos mínimos de cuidado ambiental.
Pero, sobre todo, el gobierno buscó dar hacia el exterior una señal de compromiso nacional con la actividad y disipar las dudas de los inversores, en un país donde la minería ha sido repudiada por muchas comunidades.
En Argentina, según lo establece la Constitución, los recursos naturales pertenecen a las provincias, que son las que fijan las reglas en cuanto a protección del ambiente.
Actualmente son siete las provincias donde, debido a la presión social, están vigentes normas que prohíben la minería a cielo abierto o con la utilización de cianuro y otras sustancias riesgosas, que suelen emplearse para separar los metales valiosos de la roca.
La pionera en la materia fue la sureña provincia de Chubut, en la Patagonia, que dictó su ley en 2003, luego de que la población de la ciudad de Esquel se movilizara contra una minera canadiense que pretendía extraer oro y plata.
La presión forzó la convocatoria de un plebiscito, en el cual más de 80 por ciento de los votantes rechazó la actividad. Aquel hito se considera el nacimiento del movimiento antiminero en el país.
“El movimiento social contra la minería es uno de los mejor organizados y más poderosos de América Latina”, dijo Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
“Esa es la principal preocupación del gobierno nacional y las compañías, como lo demuestra el hecho de que el Acuerdo Federal Minero impulsa que en las escuelas se enseñe la importancia económica de la actividad. Se busca adoctrinar a los más chicos, cosa que rechazamos”, agregó Viale a IPS.
El presidente Mauricio Macri (delante) y gobernadores de distintas provincias argentinas en La Casa Rosada, sede del gobierno, cuando firmaron el Pacto Federal Minero, con lo que dieron una señal para las multimillonarias inversiones que pretenden atraer al sector. Crédito: Presidencia de la Nación.
Macri se mostró desde el comienzo de su mandato como un gran impulsor de la minería y de hecho en febrero de 2016, cuando solo llevaba dos meses de gobierno, eliminó los impuestos a la exportación de minerales, como también lo hizo con la mayor parte de las materias primas agrícolas.
Además autorizó a todas las compañías a girar dividendos al exterior, lo que estuvo restringido hasta 2015, dentro de unas medidas con las que se buscaba favorecer la inversión y la creación de empleos.
Sin embargo, los más recientes números de la minería no son óptimos.
Las exportaciones del sector en 2016 alcanzaron los 3.619 millones de dólares, un seis por ciento más que en 2015, pero en los primeros ocho meses de este año las exportaciones alcanzaron los 2.186 millones de dólares, que es un 0,8 por ciento menos que en el mismo período de 2016.
Así lo dice un informe de la consultora económica Abeceb, que agrega que hay 84.000 empleos en el sector, pero que la progresión muestra una caída interanual de puestos de trabajo del 1,8 por ciento en el tercer trimestre de este año.
Ante este contexto negativo, Javier Cao, líder de proyectos de Abeceb, aclara que, “sin estas medidas favorables a la minería, los últimos números seguramente habrían sido peores”.
El especialista puntualizó a IPS que “hay que tener en cuenta que varios emprendimientos importantes estaban llegando al final de su vida útil cuando asumió el gobierno. Y esa realidad fue paliada. Se consiguió, por ejemplo, que se extendiera la explotación de la Alumbrera”.
Se trata de la mina a cielo abierto más grande del país, que desde 1997 produce cobre, oro y molibdeno en la provincia de Catamarca, al noroeste del país.
Cao añadió que también conspira contra las inversiones que todavía el gobierno no haya definido cuáles son las zonas de cordillera donde hay glaciares.
Eso genera incertidumbre sobre la aplicación de la Ley de Protección de Glaciares, promulgada en 2010, que prohíbe la minería sobre esas masas de hielo donde nacen los ríos que bajan de las montañas hacia los valles.
“Nadie va a invertir las enormes sumas que requiere la minería con el riesgo de que luego le digan que está sobre un glaciar y le cierren la explotación”, opinó.
La norma ordena hacer un “inventario nacional de glaciares”, que ni el gobierno anterior de Cristina Fernández (2007-2015) ni el de Macri han realizado, lo que mantiene demorada su aplicación.
Ese es uno de los grandes argumentos de quienes cuestionan al gobierno porque sostienen que prioriza el desarrollo minero por sobre la preservación del ambiente.
Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, apuntó que “en el Acuerdo Federal Minero se impulsa el control de las actividades que se desarrollen sobre glaciares, cuando la ley, que todavía no se aplica, prohíbe allí la minería de manera absoluta”.
“Ese tipo de cuestiones nos demuestran que el discurso oficial favorable a una minería ambientalmente sustentable no tiene un correlato con la realidad”, agregó en su diálogo con IPS.
Marchegiani señala que los principales inversores extranjeros en la minería argentina son Australia, Canadá y Estados Unidos y que todavía tiene muy poco peso China, que parece ser la potencia que tendrá creciente peso en el futuro en el sector, como pasa en otros países de América Latina.
Esa es justamente la puerta que quiere abrir el gobierno argentino.
En septiembre, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, viajó a China junto a empresarios del sector y dijo que “la minería se ha convertido en un nuevo pilar de la relación entre ambos países”.
Capello presentó en distintas ciudades de la potencia asiática el programa que el gobierno denominó “Minería, una política de Estado”, con una exposición digital en que sostiene que 750.000 de los 2.800.000 kilómetros cuadrados de la superficie argentina tiene un “alto potencial minero”.
Este año, una compañía china, Shandon Gold, ya compró en 960 millones de dólares 50 por ciento de la mina de oro y plata Veladero, en la provincia noroccidental de San Juan, que operaba la canadiense Barrick Gold, cuestionada por sectores sociales y políticos debidos a reiterados derrames de cianuro que afectaron cursos de agua a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Editado por Estrella Gutiérrez
