Espacio insuficiente. La Escuela 302, que alberga a los afectados pero que necesita más espacios y recursos.
Personas con discapacidad reclamaron la continuidad de un plan especial. El Estado no cumplió y lo sancionaron.
Una jueza de Familia de Comodoro Rivadavia multó con 483 mil pesos al Estado provincial por no garantizar los recursos humanos y materiales para la continuidad del Servicio Educativo Recreativo, un programa de enseñanza para personas con múltiples discapacidades. El SER nació en 2007 pero ya no cuenta con docentes y espacio para atender la creciente demanda.
El fallo es del 15 de noviembre. Pero como Provincia no acató y ya había una multa de 7 mil pesos extras por día de incumplimiento, la suma ya supera el medio millón de pesos.
El reclamo judicial original fue de los padres de once afectados impedidos de concurrir a escuelas comunes por su discapacidad. Demandaron al Estado para que les garanticen un espacio educativo. La respuesta fue la creación del SER. Pero ante el riesgo de que cierre, la magistrada María Marta Nieto otorgó un mes de plazo para que Provincia sostenga “el mínimo de las condiciones básicas para que los actuales alumnos y los ingresantes en matricula de espera, puedan continuar con el proceso educativo”.
La condena incluyó proveer a los hijos un espacio físico e infraestructura suficiente para que el SER siga. También recursos materiales y humanos acordes a las necesidades actuales para garantizar la educación especial.
Los padres habían cuestionado a Provincia por su “proceder omisivo” al no adoptar las medidas indispensables para garantizar el SER.
Hasta 2006 la mayoría fue a la Escuela N° 514, que les brindó la educación especial. Pero en noviembre de ese año hubo una reunión con los padres de los chicos que egresaban ese año ya que “habían concluido las alternativas que el sistema educativo ofrecía.”
“Los entonces egresados se encontraron totalmente desamparados al no existir, en el sistema educativo que ofrecía Chubut, un nivel o ciclo superior que garantizara la posibilidad de seguir con el proceso de aprendizaje que iniciaran a temprana edad”, dice el fallo. No existía un instituto con los recursos materiales y humanos adecuados para que personas con discapacidad tuvieran la oportunidad de continuar su aprendizaje una vez concluido el ciclo de la educación básica.
Interrumpir su proceso educativo desarrollado por años ocasionaría “irreparables perjuicios” para su evolución y sus logros.
Por de una primera demanda, en agosto de 2007 el Ministerio de Educación creó el SER. Los afectados podrían seguir su educación en un espacio de la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria 302 “Atilio Rebello”, anexo de la N° 514.
Se asignaron dos cargos docentes y tres cargos asistentes juveniles. Sería un espacio para actividades escolares y recreativas “cuya finalidad es la interacción con la comunidad y su integración. Fue diseñado para que las personas multimpedidas puedan satisfacer las necesidades acordes a su edad, desarrollando a ese efecto talleres para jóvenes adultos”.
Aunque funcionó con cierta normalidad, a medida que el SER recibió más alumnos egresados, el espacio “comenzó a resultar claramente insuficiente” en infraestructura y recursos materiales y humanos.
Desde 2007 ingresaron doce alumnos más y otros seis en lista de espera. “El espacio cedido y existente carece de capacidad para albergar la cantidad de alumnos y los docentes son insuficientes”.
Si Provincia no toma medidas urgentes “el SER será cerrado y los jóvenes multimpedidos que actualmente concurren como así también quienes se encuentran en matrícula de espera no podrán continuar con ese proceso con un irreparable perjuicio”.
La jueza Nieto visitó el lugar y concluyó “sin margen de error, que en la actualidad, el diseño de políticas educativas, en el particular caso no sólo resulta insuficiente sino violatorio de derechos humanos básicos”. Constan fotos de la falta de espacio y de baños y muebles adaptados.
Según las evidencias, Provincia no garantizó la continuidad del SER ni para los alumnos de la matricula ni para la lista de espera.
“Por el contrario, a más de 10 años de la creación del programa, no se encuentra incluido en la política educacional o presupuestaria provincial con la estabilidad y suficiencia que permita afirmar que funciona de manera satisfactoria y acorde al derecho para el cual fue creado: no se le asignaron nuevos recursos profesionales, ni espacio físico adecuado a la cantidad de alumnos, ni acondicionado la estructura edilicia acorde a las necesidades del alumnado”.
La Cámara de Apelaciones comodorense coincidió. “Quedó en evidencia la insuficiencia de las previsiones normativas en la puesta en funcionamiento del Servicio, pues si de inicio la matrícula fue reducida, se incrementó notablemente y paralelamente se dificultó su funcionamiento”.
Hay un solo ambiente no adaptado para jóvenes con problemas motores, dos baños sin adecuar y mesas comunes amplias que no pueden mover porque pertenecen a otra institución. Y un solo camastro para la actividad física de los jóvenes.
Ya en 2008 el Equipo Técnico Interdisciplinario del Poder Judicial recomendó como prioridad contar con un espacio propio y un predio exterior, que permita actividades como vivero y otras, un plantel docente estable y material didáctico. El caso ya está en el Superior Tribunal de Justicia para una decisión definitiva.
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez