Los médicos bolivianos, apoyados por estudiantes de medicina y trabajadores de hospitales públicos y consultorios privados, se declararon en huelga en rechazo a una flamante ley que en uno de sus artículos sanciona la mala praxis con privación de libertad (de dos a seis años), inhabilitación de ejercer la actividad laboral y reparación económica. Consideran que la norma criminaliza su labor.
Los directivos del colegio médico se oponen además a la creación de una Autoridad de Fiscalización y Control en Salud (Asinsa), que fijará el arancel médico en los consultorios privados.
En una segunda invocatoria en las últimas 24 horas, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Alberto Gonzales, dijo este viernes que en el gobierno “tenemos la certeza que todos los problemas e inquietudes pueden resolverse existiendo la voluntad de ambas partes”.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, abrió la posibilidad de entablar negociaciones, pero desestimó la posibilidad de suspender la huelga, que está acompañada de protestas callejeras diarias en las principales ciudades bolivianas, algunas de ellas con esporádicos choques con la policía antimotines.
En medio de estas manifestaciones callejeras, reforzadas este viernes por una multitudinaria columna de universitarios de La Paz, Gonzales dio señales para flexibilizar la norma. “Todo es posible en el ámbito del diálogo”, apuntó, pero reprochó que con las medidas de presión “se diluye la posibilidad de construir espacios de encuentro y diálogo”.
La Iglesia católica instó también a ambas partes al diálogo, mientras la oficina local de las Naciones Unidas consideró “necesario, urgente y conveniente reiniciar el diálogo, con los servicios de salud funcionando en pleno”.
El gobierno atizó la situación al confirmar la llegada al país en los últimos días de 40 médicos cubanos para reforzar las atenciones de especialidades del sistema médico público.
Un Comité civil de Lucha Contra la Negligencia Médica estableció recientemente que en los últimos 25 años se han registrado en Bolivia unos 5.000 casos de mala praxis y que sólo 5% ha tenido una solución legal favorable a las víctimas, después de engorrosos procesos judiciales.
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