Se trata de Natalia McLeod, esposa de Diego Correa y el empresario Sandro Figueroa.
El abogado Gabalachis asegura que el Juez Piñeda «se equivocó» al dictar la medida y pidió el arresto domiciliario. Los jueces Zaratiegui y Moreno deben resolver el planteo.
Se desarrolla en Rawson la audiencia de revisión de la prisión preventiva para dos de los detenidos en el marco de la causa denominada “embrujo”, que investiga una presunta asociación ilícita en la que estaban involucrados exfuncionarios del gobierno familiar, empresarios y personas allegadas.
La audiencia fue solicitada por el Dr. Fabián Gabalachis, abogado defensor de Natalia McLeod y Javier Figueroa, dos de los imputados.
Ante el tribunal constituido por los Jueces César Zaratiegui y Mirtha Moreno, Gabalachis planteó una revisión de la medida de coerción que el viernes pasado el Juez Sergio Piñeda dictó por el plazo de seis meses para sus defendidos.
En su presentación, el abogado penalista sostuvo que “las imputaciones en general que le apuntan a Diego Correa –uno de los exfuncionarios detenidos – no se le achacan a McLeod y Figueroa”
“El Juez Piñeda se equivocó y lo hizo groseramente”, dijo el defensor y agregó que “mucho peor el caso de McLeod, que no se atendió que tiene dos hijos, uno menor de 11 años al exclusivo cuidado de su defendida”, sostuvo.
Los jueces Zaratiegui y Moreno deben resolver si continúan o no en prisión.
Natalia McLeod es la esposa de Diego Correa, y como el resto de los imputados, permanece detenida en el marco de la investigación que intenta dilucidar si la pareja junto a Diego Lüters, Figueroa, Juan Carlos “Tato” Ramón y Daniela Souza conformaban una banda ilícitamente asociada con el fin de defraudar al estado a través de mecanismos de compra vía contratación directa.
Gabalachis dijo que “otro groso error de Piñeda fue que no ventiló individualmente la conducta” de sus asistidos y pidió el arresto domiciliario, tanto para Figueroa como para McLeod.
Por su parte el fiscal Alex Williams dijo no compartir en nada la presentación del defensor particular y reiteró que los pedidos de prisión preventiva se fundaron en los presupuestos que establece el código, tales el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
“Los imputados tienen facilidad para salir del país” dijo Williams y recordó que la expectativa de pena para el caso abre la probabilidad de una pena de cumplimiento efectivo.
Tras escuchar a las partes, el Juez César Zaratiegui dispuso un cuarto intermedio de una hora en la audiencia, para luego dar a conocer su resolución.
