Fue muy resistida por los gremios de estatales e, inclusive, generó que el martes la Legislatura aprobara casi por unanimidad (25 votos a favor y uno en contra) una ley que protegía a los empleados que cobraban sus salarios a través de la modalidad de horas cátedra (en el ámbito del Ministerio de Educación) y horas guardia (en el Ministerio de Salud).
El instrumento, fechado el jueves 5 de agosto, fue firmado por Félix Sotomayor, secretario general de Coordinación de Gabinete –a cargo del Ministerio ante la ausencia de Sergio Mammarelli, que se encontraba en San Luis y retornó ayer a la provincia-, y por el ministro de Economía, Alejandro Garzonio.
En el texto se aclara que el plazo es por “60 días corridos improrrogables a partir del dictado de la presente”, lo que significa que el Decreto 184 volverá a entrar en vigencia el
próximo martes 5 de junio.
En el texto de la Resolución se aclara que la prórroga se explica en que “en diversas reuniones de trabajo impulsadas por esta jurisdicción (el Ministerio de Coordinación), ha surgido un planteamiento de los organismo comprendidos por el Decreto 184/18 en que se les otorgue un plazo para adecuarse”
Qué dice el 184
El decreto rubricado por Arcioni hace menos de un mes suspendía en su Artículo 1º el Régimen General de Subsidios, y luego seguía con otras medidas de ajuste como la suspensión en toda la Administración Pública Provincial centralizada o descentralizada del reconocimiento y otorgamiento de horas extras.
Además, suspendía el reconocimiento y eliminaba el pago de “Horas Cátedras” en todos los niveles que no sean realizadas en ejercicio de la docencia, frente a alumnos en al aula.
Y advertía con considerar como “falta gravísima” la autorización “fraudulenta” de horas cátedra a un agente público.
El decreto también suspendía el reconocimiento y pago de “Horas Extras” de cualquier naturaleza, y todas las “Comisiones de Servicio” que implique el traslado de un empleado público a lugares de trabajo diferentes de donde deba prestar sus funciones.
El Artículo 7º también generó rechazo, ya que suspendía el pago de las remuneraciones a la totalidad de los trabajadores que gocen de licencia gremial, “sin importar la Asociación Gremial de que se trate o a la que pertenezcan, tengan o no Personería Gremial o simple inscripción, sin interesar el cargo o representación gremial del Agente”.
Más adelante se instruía al Ministerio de Coordinación de Gabinete para que ponga en marcha la licitación de un sistema de control biométrico de ingreso y salida de personal en todos los edificios públicos del Estado Provincial y escuelas la Provincia.
Y, además, la suspensión de uso de vehículos oficiales a todos los funcionarios con rango inferior a ministro, secretario de Estado, presidente de Ente Autárquico o rango similar.
Otros artículos del decreto ordenaban un censo y relevamiento de inmuebles arrendados por el Estado, entre ellas las viviendas alquiladas y la baja de los teléfonos y líneas celulares que no se adecúen.
Otro de los artículos que generó ruido político fue el 15º, que dio de baja a 75 asesores que a partir del decreto debían comenzar a trabajar “ad honorem”.
Además de “asesores” que no tenían un trabajo fijo, figuraban empleados que realizaban tareas en distintas áreas del Gobierno, pero cobran sus salarios como asesores.