La Justicia de Brasil decretó la prisión inmediata del ex gobernador y ex senador brasileño Eduardo Azeredo, después de que un tribunal negara el último recurso presentado en segunda instancia por el político, condenado a 20 años de cárcel por corrupción.
Azeredo, uno de los fundadores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue condenado por malversación y lavado de dinero, pero el exsenador y exdiputado entró con varios recursos que le permitieron permanecer en libertad hasta el momento.
Sin embargo, los cinco jueces del Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJ-MG) rechazaron por unanimidad la última apelación posible en dicha corte y determinaron la inmediata prisión del político, recogió la agencia de noticias EFE.
El caso por el que Azeredo fue condenado se remonta a 1998, año en que el político buscaba la reelección como gobernador del estado de Minas Gerais y, según la justicia, se valió de una red de captación ilegal de recursos para financiar su campaña, en la que se implicaron empresas públicas y privadas.
Azeredo fue denunciado por la Fiscalía hace más de 10 años, fecha en que era parlamentario y gozaba de fueros especiales, por lo que no podía ser juzgado por tribunales de la Justicia común.
No obstante, en 2014 el político renunció a su mandato en momentos en que el Tribunal Supremo se preparaba a juzgarlo por acusaciones de corrupción y perdió el fuero.
Su caso pasó entonces a un tribunal en primera instancia, donde fue condenado a 20 años y 1 un mes de cárcel en 2015. Dicha sentencia fue ratificada por un tribunal de segunda instancia en 2017 y reafirmada hoy por los cinco magistrados de la quinta Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Minas Gerais.
Los magistrados encaminaron el documento que autoriza el encarcelamiento de Azeredo a un juez de la Sala de Ejecuciones Penales, que definirá las condiciones y el lugar de la prisión, según explicó la defensa del ex gobernador tras conocer la decisión del tribunal, informó el diario brasileño O Globo.
El abogado de Azeredo, Castellar Guimarães, también declaró a los medios locales que el político deberá entregarse a la Justicia, aunque espera que una votación aún pendiente referente a un «habeas corpus» en la Corte Suprema de Brasil pueda librarle del encarcelamiento.