La organización Tupac Amaru dijo hoy que se busca “limitar y deslegitimar el derecho a defensa” de su encarcelada dirigente Milagro Sala, luego de que la Cámara de Apelaciones de Jujuy advirtiera que sus abogados «serán pasibles de sanciones” en caso de presentar recursos “dilatorios”, en la megacausa en la que se la investiga por el presunto desvío de unos 1.300 millones de pesos destinados a viviendas sociales que no fueron construidas.
“Milagro Sala recusó al juez Isidoro Cruz en una audiencia de declaración indagatoria de la megacausa realizada el pasado 23 de abril, pero no hubo una presentación formal de ese pedido”, precisó un comunicado de prensa de la Tupac Amaru.
En esa oportunidad, el abogado Luis Paz, de la defensa de Sala, explicó que el juez Cruz “integra una asociación civil que recibe subsidios” del gobierno de Jujuy, y reclamó acceso “a una prueba reservada que está en caja fuerte”, para poder ejercer la defensa.
En este sentido, la defensa técnica de Sala solicitó medidas de pruebas que aporten documentación, incluido todo el expediente de la asociación civil de estudios históricos que preside el juez en cuestión, para luego decidir si sostiene o no la recusación.
Tras este planteo, la Cámara de Apelaciones en lo penal de Jujuy resolvió no hacer lugar a una recusación de Milagro Sala contra del juez Cruz, y advirtió a la imputada y a sus defensores que “ante planteos infundados que obstruyan el normal y correcto trámite del proceso, serán pasibles de las sanciones que les pudieran corresponder”.
En respuesta a esta resolución, los abogados de la dirigente social presentaron un recurso al Tribunal de segunda instancia en el que indican que “no se realizó ninguna petición en los términos en que hace referencia la resolución” de la Cámara.
Además, expresaron que su asistida, “en el marco de su declaración indagatoria, tiene el derecho constitucional de manifestar todo aquello que considere necesario y no puede, de ningún modo, ser advertida en esa instancia que deba restringir su derecho a la defensa”.
En la denominada Megacausa, que transita actualmente la etapa de recolección de pruebas y testimonios, se investiga el presunto desvío de unos 1.300 millones de pesos destinados a viviendas sociales que no fueron construidas.
La investigación motivó la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas, entre ellos ex funcionarios, actuales y anteriores jefes comunales, entre ellos el intendente de la capital provincial Raúl “Chuli” Jorge (UCR-Cambiemos), el ex gobernador jujeño Eduardo Fellner (PJ) y Milagro Sala, que cumple arresto domiciliario.
