En la instancia final del juicio por el caso Ciccone, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou, una multa de 90.000 pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, para Núñez Carmona, socio y amigo de Boudou, pidió cinco años de prisión; para el empresario Alejandro Vandenbroele un año y seis meses; para el empresario Nicolás Ciccone, 3 años y ocho meses; para el funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner, 3 años, y para el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri, 2 años y cuatro meses.
Además, para todos, excepto para Vandenbroele, la OA requirió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que Boudou, Núñez Carmona y Ciccone paguen una multa de 90 mil pesos y para Vandenbroele una de 30 mil pesos.
Los pedidos de condena fueron por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho (coimas).
La pena sustancialmente menor para Vandenbroele es por «su aporte en la confesión que permitió corroborar la prueba que se produjo en el debate», explicó Matías Rey que, junto con Natalia Pereyra, fueron los abogados de la OA a cargo del alegato que comenzó a las 10 de la mañana y culminó a las 19 horas.
Sin embargo, en este juicio Vandenbroele no llegó como arrepentido ya que esa condición la tiene en otras causas que todavía se están investigando.
Durante los alegatos, la OA afirmó que quedó demostrado que en 2010 Boudou, cuando era ministro de Economía se interesó en la compra de Ciccone -la empresa calcográfica más importante del país-, que Nuñez Carmona llevó adelante las gestiones y como ninguno podía aparecer como la cara del negocio convocaron a Vandenbroele para que compre la empresa a través de The Old Fund.
«Como ministro de Economía actuó disciplinando a un montón de reparticiones públicas para un negocio privado», señaló la OA sobre Boudou.
También advirtió que los testigos contra el ex vicepresidente fueron amenazados o denunciados por falso testimonio y hasta incluso despedidos del Estado cuando comenzó la investigación en 2012.
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