A Daniel Carrizo lo desplazaron la semana pasada del organismo, cuando los empleados dijeron que les cobraba “un diezmo” para financiar sus pretensiones políticas.
Mariela Uribe, una de las empleadas contratadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que viene denunciando al ex delegado Daniel Carrizo, se presentó en Fiscalía para fundamentar sus acusaciones en torno a las agresiones por parte de quien la semana pasada fue desplazado del cargo. El ex titular del organismo además era señalado por cobrar “pagos voluntarios” o “diezmos”, con los que sospechan que financiaba sus intenciones de ser precandidato a intendente.
“Somos varias compañeras que hemos sufrido el maltrato y a las que además nos pedía el pago ‘voluntario’ para sostener su agrupación política”, dijo en diálogo con ADN Sur. La mujer pidió que se intervenga la delegación en Comodoro Rivadavia del IPV, al tiempo que le solicitó a los fiscales que cuando investiguen “van a encontrar más irregularidades en el organismo”.
Uribe apuntó varias de las situaciones que vivió como contratada en el IPV, que luego sumó el apoyo de otros empleados, tales como maltrato laboral, vigilancia de su actividad en redes sociales y la solicitud de “diezmos” que los trabajadores pagaban por miedo de perder su puesto. Daniel Carrizo fue desplazado la semana pasada del cargo, mientras sigue acumulando denuncias.
En concreto, Uribe señala que ella fue víctima de acoso laboral y psicológico, ya que ella y otras mujeres contratadas por el ex funcionario debían hacer un “aporte voluntario de su sueldo”. “Nos decía que teníamos que pagar para sostener los gastos de su agrupación política, pero no alquilaban ningún salón y funcionaba en el mismo Instituto. Yo le pagué la primera vez 500 pesos y le dije que después le daba el resto, pero después no me pagaba el sueldo”.
Estos hechos forman parte de otra presentación en la justicia formulada por Uribe y otras compañeras de trabajo que ingresaron contratadas al organismo. “Nos dijeron que van a designar a un fiscal para que investigue esos casos. Nosotras hemos aportado información y copias de los mensajes por Whatsapp, pero les dijimos a los fiscales que si quieren investigar, si se meten en el organismo, van a encontrar más irregularidades. Las pruebas están adentro”.
