La diputada del PJ-FpV Estela Hernández presentó en la última sesión un proyecto de declaración repudiando el decreto
683/2018, firmado por el presidente de la República Argentina, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, y el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, por resultar antidemocrático, inconstitucional y contrarios a los interesas de todos los argentinos.
Hernández recordó que el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reforma militar con la publicación del decreto que modifica la
reglamentación por ley formulada por Néstor Kirchner, que garantizaba el uso de las Fuerzas Armadas únicamente para ataques externos perpetrados por otros Estados, pero este gobierno “basados en las ´nuevas amenazas´, modificó el artículo principal para permitir que las tropas militares sean empleadas ante cualquier otra forma de agresión externa, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
La diputada indicó que el presidente desde Campo de Mayo volvió a anunciar el cambio de doctrina en política de defensa y
seguridad nacional, que incluye «colaboración»; de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de «seguridad interior»; y su
participación «en la custodia y protección de los objetivos estratégicos»
El presidente afirmó que «es importante» que las fuerzas militares «puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente
brindando apoyo logístico en la zona de frontera, interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégicos». Dijo que desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, integrado por decenas de organismos de derechos humanos, recordaron que Macri dijo en el acto que la Argentina necesita “fuerzas armadas que sean capaces de enfrentar” los “desafíos y amenazas” del siglo XXI, como el narcotráfico y el terrorismo internacional. Es el mismo gobierno que “dijo que Santiago Maldonado estaba en Chile”, el que “respaldó a la Prefectura ante el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel”, el que “reprimió a trabajadores, legisladores y vecinos con cacerolas, que se oponían a la Reforma Previsional” y el que “reivindica la teoría Chocobar y el gatillo fácil”. Por eso, “no podemos dejar que este plan avance».
Comisión por la Memoria
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también en un comunicado expresó “su rechazo ante mencionado decreto del
PEN, puesto que vulneran las leyes de defensa nacional y seguridad interior. El decreto del presidente Macri echa por tierra
uno de los avances más significativos de la democracia, retrotrae la legislación a los tiempos de la dictadura militar y atenta contra la soberanía”.
El organismo, presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, expreso que es una reforma altamente regresiva
en materia de seguridad y derechos humanos y que desconoce las luchas de la sociedad argentina por definir un marco institucional al accionar de las FFAA que limita su capacidad de intervención” y que “la seguridad del pueblo no son las FFAA, la seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirma que la Argentina las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en
temas de seguridad interior. Este es un acuerdo que sostuvo el sistema político a lo largo de casi 35 años de democracia. El
Gobierno Nacional pretende la reforma de una ley por decreto, sin debate correspondiente en el Congreso.
“El propósito del Poder Ejecutivo es incrementar los niveles de represión interna con el falso argumento de “proteger objetivos
estratégicos”, construir un “enemigo interno”, acallar las protestas sociales y contener las crecientes movilizaciones que, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, enfrentan hoy las políticas de hambre y miseria que el gobierno de Cambiemos lleva adelante. Desde los Organismos de Derechos Humanos advertimos que involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior viola la legislación vigente, lesiona gravemente el consenso social construido tras el retorno a la democracia y el debido respeto a los derechos humanos, por lo que tanto hemos bregado a lo largo de todos estos años.”
