El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reclamó al gobierno de Michel Temer que efectivice la autorización al ex presidente Lula da Silva para realizar campaña desde la prisión, como candidato a las elecciones presidenciales del 7 de octubre en Brasil.
“Es una decisión de efecto inmediato y obligatoria”, indicó al diario Folha Paulo Sergio Pinheiro, titular de la comisión de la ONU que investiga la situación de los derechos humanos en Siria. Sin embargo, la Cancillería brasileña emitió un comunicado donde señala que el pronunciamiento del Comité tiene apenas “carácter de recomendación” y “no posee efecto jurídico vinculante”.
Según Itamaraty, la comisión es “un órgano de supervisión del Pacto de Derechos Civiles y Políticos”, integrado por peritos y no por países. Añadió, además, que “Brasil es fiel cumplidor del Pacto de Derechos Civiles y Políticos” que suscribió, para subrayar que el gobierno “implementa en forma puntillosa la independencia del poder judicial”. Quien también habló sobre la resolución de las Naciones Unidas fue el ministro de Justicia Torcuato Jardim. Sostuvo que la determinación la ONU es “una intromisión política e ideológica indebida en un tema técnico-legal”.
La Comisión de Derechos Humanos “es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», que Brasil firmó en 1986, bajo el gobierno de José Sarney. En esa condición se basó el comité para “requerir al Estado brasileño que tome todas las medidas necesarias para garantizar al ex presidente el disfrute y el ejercicio de sus derechos políticos mismo dentro de la prisión, como candidato a las elecciones presidenciales de 2018”.
Pide también que se incluya “el acceso apropiado a los medios de comunicación y a dirigentes de su partido político”. Esos son los derechos que asisten a Lula hasta tanto se analice y se dictamine respecto de todos los recursos que fueron presentados contra las condenas de primera y de segunda instancia.
Según indicó Pinheiro, la decisión que adoptó la ONU “es el resultado de un largo proceso de informaciones. Esta medida era de esperar”. Dijo también que el no cumplimiento de la decisión por parte del gobierno de Brasil implicará una “sanción moral y una mala fama internacional”. Para evitar estos percances, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil deberá cursar al gobierno federal la nota de la ONU y luego informar de la misma al Tribunal Superior Electoral y a la Corte Suprema de Justicia.
La postulación del ex presidente Lula para un nuevo gobierno brasileño fue presentada el miércoles en la corte electoral en Brasilia. Y, de acuerdo con una ley votada en 2010, el ex mandatario no tendría condiciones para continuar en carrera debido a que tiene una sentencia en contra en segunda instancia, por un tribunal de Porto Alegre.
Pese a carecer, según la Cancillería brasileña de “vínculos jurídicos”, el ministerio resolvió encaminar la resolución al poder judicial. El ministro de Justicia, Jardim, insistió que la medida “no tiene ninguna relevancia”, lo que indica una postura en ese sentido del propio presidente Michel Temer. El funcionario, que es también jurista, insistió en la tesis de la “manipulación política” por parte de la organización internacional: “Es la manipulación sectaria que se permite la ONU”. Dada la complejidad de la situación, que creó la detención del ex jefe de Estado (por un caso de corrupción vinculado a la supuesta propiedad de un departamento en la playa de Guarujá), ha provocado un desplazamiento del foco de interés electoral. Hoy se da atención prioritaria a los entretelones de la situación legal del candidato Lula antes que a las propuestas programáticas de los distintos partidos y alianzas.
Clarín