El 7 de mayo comenzó la audiencia preliminar en la que los fiscales Díaz Mayer y Oro presentaron la acusación pública por los delitos de usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra que involucra a varios miembros del denominado lof en resistencia Cushamen. En esa misma audiencia retiraron la acusación. El 11 de mayo el juez entendió que el procedimiento fue irregular y dio intervención al Procurador General. El 21 de mayo, Miquelarena emitió la resolución 71/18, coincidiendo con el criterio del juez y disponiendo la conformación de un nuevo equipo de fiscales para que den respuesta a los planteos de las defensas. Este lunes los fiscales Marcelo Crettón, Fidel González y el funcionario Carlos Richeri, respondieron a los planteos y se escucharon las contra réplicas de las defensas. El jueves, en un horario que sería cercano a las 20 hs., se conocerá la decisión del juez Martín Zacchino.
Lo central a resolver es si se abre o no la etapa de juicio. Si se abriera esa etapa, cuál será la descripción de los hechos y calificaciones legales que se debatirán y cuál es la prueba de la que podrán valerse tanto las acusaciones, pública y privada, como las defensas.
Zacchino deberá analizar si tienen asidero procesal, o de fondo, los planteos de nulidad realizados por los defensores, si son cuestiones a dilucidar en esta etapa o son temas que requieren producción de prueba y por lo tanto deberán ser materia de discusión en el juicio. También deberá analizar qué descripción de los hechos es la que debe tomarse por válida. Los fiscales indicaron que la descripción oralizada en la audiencia del 7 de mayo, no es la que fue homologada en la audiencia de apertura de investigación y pretenden que llegue a juicio la que se dio a conocer a los imputados al momento de formalizar la apertura de la investigación en su contra.
Otro de los aspectos debatidos es la prueba que podrá admitirse y la que no. Tanto la Fiscalía como las Defensas realizaron cuestionamientos sobre la prueba de la contraparte. Es el juez quien tendrá que analizar cuáles son las evidencias pertinentes en relación a los hechos a juzgar y cual no.
El próximo jueves se conocerá la resolución.
Pedido de explicaciones
Un capítulo aparte merece una situación inusual ocurrida durante el primer cuarto intermedio, en horas de la mañana. Por orden del juez federal Guido Otranto, personal de la Policía Federal llevó a cabo la sorpresiva detención de Matías Santana, cuando este salía de la sala de audiencias. La situación generó momentos de gran tensión, fundamentalmente para todas las personas que se encontraban en los tribunales provinciales que desconocían lo que estaba sucediendo.
El juez Martín Zacchino informó al retomar la audiencia, que envió oficios a tres jueces federales requiriendo que se le informe si desde sus respectivos juzgados habían ordenado dicha detención y en tal caso a qué fines. Solo uno de los magistrados respondió de modo negativo. Zacchino indicó que pudo informarse por los medios de comunicación que la orden había sido emanada del juzgado federal de Esquel. En tal sentido, adelantó que interpretó la situación, al menos como una alteración del orden en el desarrollo de una audiencia e informaría al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que tome intervención en el asunto.