La semana que se inicia tendrá como evento descollante la Asamblea General de Naciones Unidas, UNGA. Todas las tragedias del mundo en una semana y días, para el hemisferio occidental hay una que se destaca sobre cualquier otra: Venezuela. Allí en Nueva York, cinco países latinoamericanos denunciarán al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Referirán el caso a la Fiscalía de la Corte, en la terminología técnica. Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, y tal vez alguno más, le solicitarán a la Fiscal que inicie una investigación plena de los responsables de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como táctica represiva.
Jamás ocurrió denuncia semejante, por ello debe destacarse la valentía de estos cinco presidentes. Debe elogiarse el liderazgo de Iván Duque, sin él ni siquiera habría existido suficiente capacidad de acción colectiva para esta iniciativa. Nada de esto habría sido posible con Santos en la presidencia, quien tenía a Maduro como garante de su proceso de paz con las FARC, nada menos.
Lo de Duque no sorprende. Siendo senador ya había denunciado a Maduro ante la Corte junto a senadores colombianos y chilenos. La denuncia es elemental política de seguridad nacional. Un millón de venezolanos carenciados en alimentación y atención medica han migrado a Colombia, cuya generosa política de brazos abiertos no obstante significa una pesada carga fiscal y de salud pública.
Al mismo tiempo, Venezuela se ha convertido en refugio del ELN y otros grupos delictivos, el narcotráfico entre ellos. Todo lo cual continuará mientras Maduro siga en el poder. El éxodo forzado y la protección de dichas organizaciones criminales también es una estrategia de agresión de la dictadura venezolana hacia Colombia.
La denuncia se hará en base a dos documentos que se enviarán adjuntos: el informe del panel de juristas al Secretario Almagro del 31 de mayo pasado, el cual examina la evidencia presentada en la OEA durante audiencias celebradas en 2017, y el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 22 de junio último. Ambos reportes coinciden que existe más que razonable evidencia de la comisión de dichos crímenes y que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables. Por ello exhortan a la Corte Penal Internacional a involucrarse en la materia.
Es decir, a iniciar una investigación criminal acorde. El caso ya está bajo “examen preliminar” lo cual puede no significar demasiado; hay casos que permanecen en dicha condición durante años, sino décadas. Es el lugar perfecto, burocráticamente hablando, para quien no desea realmente investigar el caso.
Esa es la impresión que dio la Fiscal Bensouda en el propio texto de aquel examen preliminar. Allí recurrió a la falacia de equiparar las violaciones cometidas por funcionarios del régimen—quienes actúan en nombre de, y con recursos del, Estado—con acciones de individuos que podrían haber cometido algún crimen contra funcionarios policiales. Con dicha lógica, la Fiscal Bensouda habría suscripto de la tesis de la guerra sucia y los dos demonios, de haber tenido que intervenir en el cono sur en los años setenta. Con ella a cargo, el Plan Cóndor no habría sido investigado jamás.
Inesperadamente, además de lidiar con sus propias contradicciones, la Fiscalía de la Corte tiene que lidiar con John Bolton, el Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien ha amenazado a la Corte Penal Internacional con sanciones. No ha detallado qué tipo de sanciones exactamente, pero la Corte tiene ahora un aliciente para aliviar la presión de Washington. Tal vez allí resida la mala fortuna de Maduro.
Es una nueva época. América Latina muestra coraje. Nadie es perfecto en la región en términos de derechos humanos, pero nadie está dispuesto a convivir con el crimen como política de Estado. La dictadura venezolana ya no se sostiene, y la conversación va en dirección de acabar con ella como sea. La palabra “genocidio”, y la obligación de prevenirlo, ya está sobre la mesa. Habrá que conversar y decidir si se trata únicamente de un problema cuantitativo.
Pues, ¿cuántos muertos hacen un genocidio? Hay genocidios con bombas y con cámaras de gas en la historia, lo hemos leído. Pero también han existido genocidios sin plomo, causados por hambre como el Holodomor de Stalin. Maduro pertenece a esta categoría. Es hora, la Corte Penal Internacional debe actuar.
El País