Esta semana se ventilará en la localidad de Gastre el juicio a dos policías por “vejaciones y severidades ilegales” en perjuicio de un vecino y el viceintendente de esa localidad. El motivo de movilizar el aparato judicial se debe a la cantidad de testigos que aportarán su declaración: más de 32. Entre ellos policías, médicos y personas que estuvieron presentes en los delitos que se imputan u otros actos de violencia de esos mismos funcionarios policiales. La jueza es Marcela Pérez.
Así lo confirmó la abogada querellante, Ana Sánchez. Representa a Omar Cayupán, una de las víctimas. El viceintendente agredido, según la acusación, es Pablo Cáceres. Los imputados son los policías Emanuel Pailacura y Ezequiel Huincalef, en carácter de coautores.
“Represento a una de las personas detenidas el 30 de septiembre de 2016. Es el compañero del viceintendente de Gastre, Paulo Cáceres, el cual también fue detenido esa misma noche. Ocurrió a la madrugada cuando volvían de una visita a un campo vecino donde cazaban. Volvían en la camioneta de mi defendido”.
“Son interceptados, logran entrar en el terreno de la propiedad privada de Cayupán, que es amplio. Tiene 3 casas. El móvil policial, que era una camioneta, ingresan al terreno. Ahí detiene el vehículo y baja una persona, el funcionario policial Pailacura y comienza a increparlos y amenazarlos con arma de fuego. Ante este amedrentamiento, la gente (padre y mujer de Cayupan, testigo) logran ingresarlo para salvarlo de esta agresión ilegitima. En ese momento, Pailacura huye del terreno pero dejando el móvil policial. Busca a otro compañero y vuelven con la intención de seguir esta agresión a la familia”.
Sánchez agregó que “comienzan las golpizas contra Paulo y Omar. A Paulo lo dejan inconsciente por patadas, golpes de tonfa y lo meten en el móvil policial. A Omar lo golpean , le hacen un corte en la cabeza, le hacen un tajo y le aplican 12 puntos. Cuando van al hospital ingresan , no dejando que se realicen las curaciones”.
Paulo seguía detenido. “Lo llevan a una revisión sin sacarle las esposas. El médico de guardia de Gastre se opone a este procedimiento. Explica con el conocimiento básico que no podía revisarlo así, que tenía que sacarle la ropa. No se lo permiten. No dejan que se terminen de realizar los puntos y curaciones que tenía mi defendido. Ante esta intermitencia de atención médica primaria, no se podía coagular y deben volver a realizar las curaciones. Los funcionarios invitaban a seguir peleando mientras tenía su cabeza abierta”, relató la querellante.
“Pérdida de sangre”
Según relata la letrada, “se le hicieron las curaciones mínimas. Tuvo mucha pérdida de sangre. Cada 3 horas debía tener control. Lo llevan detenido. Va voluntariamente para no seguir siendo víctima de otra cuestión. Lo incomunican. Es un trajín de 72 horas sin acceso a abogado defensor”.
Primero está en el calabozo de la comisaría. “Luego llegan dos funcionarios de Gan Gan y un chofer. Se pliegan a la golpiza. En conjunto los policías siguen golpeando a Cáceres dentro del calabozo. Lo llevan a un cuarto aparte y lo amenazan que si cuenta lo desaparecen como Raimundo Pino, desaparecido en 2011. Un caso que quedó archivado por falta de prueba”.
“Luego lo hacen defecar encima. Lo golpean en la parte del hueso dulce. No lo dejan cambiar de ropa. Lo ingresan todo sucio, arrojan gas pimienta. No pueden respirar por el dolor y las características de ese gas en un calabozo. Los trasladan a Telsen y de ahí a Puerto Madryn. En la audiencia de control de detención se dan cuenta en las condiciones que estaban. Se les inicia con un acta, que hubo resistencia a la autoridad pero no se constatan golpes. Los detenidos quedaron estropeados”, refirió.
Los vecinos
Advirtió Ana Sánchez que al salir a la luz el testimonio de las víctimas, otros vecinos también se animaron a decir que habían pasado por hechos similares. “Tal es así –dijo- que redactaron una nota unas 30 personas en donde aseguran haber pasado por episodios por parte de los mismos imputados”.
La abogada señaló que el debate sobre este tema se está dilatando en función que “uno de los imputados cambió de defensor. Empezó con la defensa pública, luego con otro. El mismo día de la audiencia llegó tarde y presentó otro abogado, nombrándolo ahí. Por el derecho de defensa tiene 10 días para preparar la defensa técnica. Ahora se extendió 10 días más la audiencia de debate, sería esta semana”, deslizó.
Sobre el lugar de realización, apuntó la querellante que “es la primera vez que se hace un debate oral en una localidad del interior. Gente de GanGan y otras localidades van a acercarse. Hay testigos que fueron citados para corroborar. Hay que probar que la persona es culpable. A la hora de imponer la pena entiendo que se debe tener en cuenta el peligro que representa para la comunidad que estas personas sigan ejerciendo como funcionarios. Lo único que se realizó fue pase a disponibilidad”.
Reiteró a Jornada que “hay 32 personas dispuestas a testimoniar: hay policías y médicos, gente que fue testigo presencial de los hechos u otros actos de violencia de estos funcionarios policiales. El delito de vejaciones solamente tiene un máximo de 6 años. Estamos hablando de 3 hechos de vejaciones. Da el máximo de la pena multiplicado. El concurso real suma todos los máximos. Como mínimo del delito que son 2 años y máximo 15 años. Entre ese parámetro tiene que decidir el juez”.
Destacó la importancia de la realización del juicio en esa localidad. “La gente va a poder acceder. Todas las personas podrán escuchar y participar del proceso penal. Hay gente que nunca fue a un juzgado. Que sepan que tienen herramientas para acudir. Y llegar a una condena efectiva. Con estos casos de gravedad no podemos dejarlo librado a condena en suspenso donde la persona puede seguir cuando sabemos que es peligrosa y que debe cumplir con la pena estipulada en el Código”, concluyó.
