La CGT define nuevo paro general contra la reforma laboral.
El escenario de confrontación entre el sindicalismo y el Poder Ejecutivo Nacional ha sumado un nuevo capítulo decisivo. Este lunes, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó que llevará adelante su cuarta huelga general desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La medida de fuerza tiene un objetivo claro: coincidir temporalmente con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, buscando ejercer una presión directa sobre los legisladores en el momento en que el oficialismo intente convertir el proyecto en ley.
Una huelga estratégica sin movilización en las calles
A diferencia de las protestas anteriores, la cúpula sindical ha optado por una modalidad de paro seco, es decir, sin movilización a las puertas del Congreso. La decisión fue tomada tras una reunión virtual de urgencia realizada este lunes de carnaval. Según Clarin, la central obrera se encuentra ahora en una etapa de fuertes gestiones internas para garantizar el éxito de la medida, enfocando sus esfuerzos en lograr la adhesión total del gremio del transporte.
«Como siempre, habrá libertad de acción de los sindicatos», señalaron desde el edificio de la calle Azopardo, dejando en claro que, si bien la directiva es orgánica, cada gremio manejará su logística. No obstante, las miradas están puestas en este miércoles o el próximo 25 de febrero, fechas probables para la sesión en la Cámara Baja. La confirmación oficial de los detalles se espera para una conferencia de prensa que las autoridades de la central brindarán a mitad de semana.
El rol de la UTA y la presión sobre el transporte
Para la CGT, el impacto real del paro depende de la paralización del servicio de colectivos. En la huelga de abril de 2025, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se adhirió debido a una conciliación obligatoria, lo que diluyó el efecto de la protesta. En esta oportunidad, la presión sobre el gremio liderado por Roberto Fernández es máxima. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de la Secretaría General, afirmó que «están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general», aunque desde la UTA aún mantienen cautela y no han confirmado su participación formal.
La interna sindical también juega un papel preponderante. Sectores más combativos, como el gremio de Aceiteros y la UOM, han cuestionado la celeridad de la conducción nacional. Daniel Yofra, de Aceiteros, lanzó una dura crítica al comparar a la central con un «perro que no muerde», señalando que la falta de huelgas previas debilitó la posición negociadora de los trabajadores frente al avance del Gobierno.
El Gobierno acelera el trámite legislativo
Mientras la central obrera organiza su respuesta, la Casa Rosada busca acelerar los tiempos en el Congreso. La intención del oficialismo es obtener dictamen de comisión este miércoles para sesionar el jueves. Sin embargo, persisten diferencias con bloques aliados respecto a puntos sensibles, como la modificación en las licencias por enfermedad. Si estas negociaciones se dilatan, la sesión y, por consiguiente, el paro general, se postergarían para el miércoles 25 de febrero.
La reforma laboral representa el nudo gordiano de la relación entre el capital y el trabajo en esta etapa política. Con la CGT apostando a un golpe de efecto que paralice el país durante el debate legislativo, el desenlace en Diputados no solo marcará el futuro de las leyes del trabajo, sino también la fortaleza de la conducción sindical argentina ante un modelo que busca cambios estructurales profundos.
