La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley una reforma al Código Procesal Penal Federal que actualiza la normativa e incorpora varias leyes aprobadas por el Congreso para agilizar la administración de justicia, lo cual fue celebrado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien sostuvo que esto «permitirá una justicia más rápida y transparente».
El nuevo Código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años.
También dispone implementar el sistema acusatorio en el servicio de justicia que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.
En el debate parlamentario la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), afirmó que «era necesario sancionar leyes y herramientas para que la justicia pueda funcionar».
«Necesitamos que este Código Procesal Penal entre en vigencia», sostuvo Burgos, al explicar los alcances de la norma aprobada en el recinto por 134 a favor, 55 en contra y 4 abstenciones.
A su vez, el jefe del interbloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, dijo que la reforma significa «un avance en el sistema procesal penal argentino» porque la sociedad «demanda que la justicia de una respuesta rápida y efectiva».
La presidenta del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, recordó que el Código Procesal Penal se sancionó en 2014 «con mayoría automática y en un tiempo récord en dos semanas: fue a las apuradas, a las cachetadas, sin consenso».
Luego de la sanción, el ministro de Justicia, Germán Garavano, resaltó que la reforma posibilita avanzar hacia un sistema acusatorio dado que diferencia la función de investigar de la de juzgar y señaló que eso «permitirá una justicia más rápida y transparente».
Garavano agregó que este nuevo Código «permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso».
El Ministerio de Justicia sintetizó en un comunicado que las reformas aprobadas por el Congreso «modernizan los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado».
Además, sostuvo que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.
Por su parte, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, señaló que el nuevo
Código impulsa la gestión digital de los casos, la incorporación de tecnología y la investigación penal inteligente «fortaleciendo y modernizando las instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad».
El proyecto de reforma surgió de reuniones en el marco del programa Justicia 2020 con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil donde se diseñó una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal.