El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una batería de medidas de prueba en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de verificar el descargo presentado por su defensa.
La investigación se centra en dos ejes fundamentales: la comprobación de operaciones realizadas con criptomonedas y la reconstrucción del historial financiero y patrimonial del matrimonio junto a su esposa, Bettina Angeletti.
Verificación forense de billeteras de criptomonedas
Uno de los puntos centrales del requerimiento judicial apunta a validar las ocho direcciones de Bitcoin presentadas por la defensa, que abarcan operaciones entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Según los argumentos del exfuncionario, la liquidación de esas tenencias le reportó unos 591.544 dólares, fondos que habrían servido para justificar los 565.000 dólares en efectivo consignados en su declaración jurada inicial bajo el rubro de venta de activos.
Para corroborar la titularidad y trazabilidad de los fondos, Pollicita solicitó la intervención de un especialista informático y del perito de parte, quienes deberán realizar una verificación criptográfica mediante una herramienta compatible junto al personal técnico de la Policía Federal Argentina (PFA). Todo el procedimiento será registrado en video, mientras que las claves privadas permanecerán bajo estricta custodia de la defensa, sujeta a la autorización del juez de la causa.
Reconstrucción de ingresos, bienes e historia fiscal
Ante la postura de la defensa de que gran parte del capital proviene de ahorros previos acumulados desde 2014 mediante la actividad profesional de ambos, la fiscalía exigió profundizar la investigación sobre los años anteriores al período originalmente investigado.
Entre las medidas ordenadas se destacan:
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Historial laboral y previsional: Solicitudes a la ANSES para relevar aportes, remuneraciones, empleadores y registros de autonomías o monotributo de Adorni (desde febrero de 1998 hasta diciembre de 2011) y de su pareja (desde octubre de 2000 hasta fines de 2011).
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Registros de propiedad e inmuebles: Requerimientos a los registros inmobiliarios de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires para rastrear todas las propiedades registradas a su nombre, porcentajes de titularidad y antecedentes de compraventa.
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Parque automotor y sociedades: Informes a la DNRPA sobre vehículos y motovehículos, junto con auditorías en la Inspección General de Justicia (IGJ) y organismos provinciales para determinar si participaron en sociedades o firmas comerciales.
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Antecedentes profesionales y secreto fiscal: Pedidos de informes a los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y una ampliación del levantamiento del secreto fiscal ante el organismo tributario (ARCA), abarcando declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales y el registro de operaciones de compra de moneda extranjera entre 2011 y 2015.
Con estas medidas, la fiscalía busca dilucidar la congruencia entre la evolución patrimonial declarada y los ingresos genuinos respaldados en los registros formales.