La Justicia provincial rechazó los pedidos del diputado radical Eduardo Conde, quien agotó la última instancia en el máximo órgano judicial del país. No está de acuerdo con la suspensión del juicio a prueba para empresarios porque considera que fueron parte fundamental del sistema de retornos de la obra pública.
Conde jugó la última carta en su intento de detener la suspensión del juicio a prueba para los empresarios que se acogieron a este beneficio en la causa que investiga los presuntos pagos de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política.
Entre los empresarios beneficiados se encuentran Patricio Musante de Sudelco; Juan Ignacio Salaberry de Arteco; Oscar Peña de la firma Peña Construcciones; y Esteban Torraca de Edisud.
«La Justicia del Chubut me negó en todas sus instancias la revisión de la decisión del juez penal de la causa «Revelación» que acogió favorablemente otorgar la probation al empresariado alcanzado por los delitos de corrupción política», señaló Conde.
Relató que luego de interponer recursos ante el propio juez Sergio Piñeda, como asimismo ante el Superior Tribunal de Justicia, y que fueran rechazados, «ingresé ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el denominado Recurso de Queja, como la última alternativa procesal en procura de revertir el resultado adverso evidenciado en nuestros tribunales provinciales».
El presidente del bloque de diputados provincial de Cambiemos y querellante en la causa, recriminó que los fiscales y jueces de nuestra provincia «no evidenciaron estar a la altura de las circunstancias, admitiendo la probation para los empresarios que participaron activamente en la consumación de los hechos más aberrantes de corrupción política que se conoce en nuestra provincia desde el nacimiento del Estado, hace más de seis décadas».
El criterio de la Procuración Nacional
Conde resaltó que la Procuración General de la Nación recientemente advirtió que las probation no podrían ser consideradas en casos vinculados a la corrupción.
«No está dicha la última palabra, más aún teniendo en consideración el criterio fijado por la Procuración General de la Nación – que debe dictaminar en el caso antes de que se avoque el Alto Tribunal del país -, de haber instruido a los fiscales federales de la Nación no admitir la aplicación del instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba en los procesos penales vinculados con los delitos de corrupción política», subraya.
El Chubut