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Con la renuncia del ministro Daniel Báez al Superior Tribunal de Justicia, el cuerpo vuelve a estar incompleto hasta que el gobernador Nacho Torres envíe una propuesta a la Legislatura con un postulante. Sin embargo, no se descarta plantear la conformación con un integrante menos.

La presidenta del STJ, Camila Banfi, considera que si bien seis integrantes es lo óptimo, pueden trabajar con uno menos sin inconvenientes. “Se puede sesionar con cinco miembros, de hecho sesionó con dos. Se sorteará ese tercer voto que es de la Sala Penal. En ese aspecto estamos organizados”, aseveró.

En cuanto al proyecto para modificar la cantidad de ministros, la ministra tiene entendido “que es un proyecto que viene desde hace bastante pero depende de lo que establezcan el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en cuanto a cómo integrar el Superior”.

“Seis es un buen número porque son tres miembros por Sala, es una dinámica de trabajo que viene hace muchos años y facilita la división de asuntos penales en una y los civiles en otra”.

“Pero también es cierto que hay muy buenos resultados con cinco –explicó-. Hace poco estuve en una reunión con ministros de otros Superiores y varios tienen cinco miembros. Se organizaron de una manera en la que hay sorteos, algunos tienen por sala, otros sala única, cualquiera de esas organizaciones es posible y no altera la dinámica del trabajo”.
En otro orden, en principio Banfi dará su informe anual a la Legislatura el martes 26 de marzo a las 9, aunque no está confirmado. “Probablemente sea la última semana de marzo o la primera de abril”.

Con los diputados ya hubo encuentros por proyectos enviados a la Legislatura, como la modificación a la ley de juicios por jurados. “Tenemos un par de artículos que necesitamos que los trabajen para la logística de lo que pudimos monitorear durante un año y medio”.

“Ya tenemos algunos ajustes porque todavía tenemos los bolilleros vigentes, hay que modificar algunas cuestiones que tienen que ver con las salas de audiencias, la depuración que hace el Tribunal Electoral Provincial, lo que se está transformando en una situación muy engorrosa para los jurados, porque el TEP tiene su sede en Rawson, entonces tener que venir a brindar alguna información a Rawson genera una situación burocrática”.

“Se les puso en conocimiento de las dos comisiones y lo tomaron para tratarlo o al menos estudiar el proyecto ya que nos facilitaría la dinámica”, acotó.

Banfi hizo estas declaraciones en el acto en el cual el Tribunal Electoral Provincial entregó los diplomas a las juezas y jueces de paz elegidos en los últimos dos años. La ministra destacó el alcance que tiene la justicia de paz en todo el territorio, siendo el primer contacto de los habitantes de muchas localidades con el sistema judicial.

“La justicia de paz es una justicia de proximidad, y el trabajo de las juezas y jueces es nuestra mayor fortaleza”, dijo.

Recibieron sus diplomas los titulares de los Juzgados de Paz de 28 de Julio, Bárbara Larrosa; de Aldea Beleiro, Estela Tapia; de Alto Río Senguer, Luciano Funes; de Buen Pasto, Micaela Rodríguez; de Camarones, Ruth Salazar; de Corcovado, Horacio Sánchez Marín; de Dique Florentino Ameghino, Evaristo Méndez; de Dr. Ricardo Rojas, Miryam Espinoza; de El Hoyo, Mónica Trangol; de Facundo, Marcelo Fernández; de Río Pico, Valentín Saavedra; de Paso de Indios, David Reginao; de Telsen, Alberto Martínez; de José de San Martín, Pablo Behar; de Lago Blanco, Nieves García Castillo; de Colán Conhue, Mirta Lisazu; de Las Plumas, Gladys Carranza; de Paso del Sapo, María Barrera y de Carrenleufú, Vanesa Rosas.

En medio de los pedidos de juicio político que avanzaron en la Legislatura, el ex fiscal de Puerto Madryn presentó la renuncia al máximo tribunal provincial argumentando razones «estrictamente personales».

A poco más de 2 años de haber asumido como ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), este martes se conoció que Daniel Báez presentó la renuncia a la presidenta Camila Banfi Saavedra. El ex fiscal general de Puerto Madryn esgrimió razones «estrictamente personales», por lo que pudo conocerse a través de fuentes.

En tanto, se pudo conocer que la renuncia no será inmediata, sino que Báez seguirá cumpliendo funciones hasta el 31 de marzo, ya que debe terminar de cumplir su rol en varias causas en las que integra el tribunal.

Vale señalar que la presentación de la renuncia se da en medio de denuncias y pedidos de juicio político que se presentaron ante la Legislatura provincial, de los cuales dos han avanzado a la Sala de Acusar, el paso previo al juicio político propiamente.

Báez fue propuesto para el máximo tribunal por el ex gobernador Mariano Arcioni en 2021 y obtuvo el aval de la anterior conformación de la Legislatura, asumiendo como ministro el 22 de diciembre de aquel año.

El Tribunal Electoral Provincial (TEP) autorizó el despacho de la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia debido sobre el fallo del organismo encargado de organizar el comicio del 30 de julio en Chubut, donde se rechazó la adhesión de boletas de los partidos Renovación y Desarrollo y el partido Crecer de Lago Puelo.

El TEP había considerado que las presentaciones se realizaron de manera extemporánea, ya que el vencimiento del plazo fue el 31 de mayo.

Con la resolución del tribunal, los apoderados de JxC podrán apelar ante el máximo organismo judicial de Chubut, quienes deberán expedirse y determinar si estos partidos podrán adherir con sus cuerpos de candidaturas municipales a la fórmula provincial integrada por Ignacio Torres y Gustavo Menna.

LA RESOLUCIÓN:

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut ha dado cumplimiento al sorteo de autoridades para el periodo 2023/2024 y a través del Acuerdo Plenario N° 5168/2022 se ha designado como Presidente y Vicepresidente del cuerpo, con mandato entre el 01 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024, ambos inclusive, a la Dra. Camila Lucía Banfi Saavedra y al Dr. Daniel Esteban Báez.

También quedó establecido que la Dra. Silvia Alejandra Bustos ocupe la vicepresidencia segunda del STJ, en tanto que la Sala Civil será presidida por el Dr. Ricardo Alberto Napolitani y la Sala Penal será presidida por el Dr. Alejandro Javier Panizzi.

A través de la acordada antes mencionada se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución de la Provincia del Chubut, que establece que la “la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia se turnará anualmente entre sus miembros”, y también al artículo 15 de la Ley V N° 174. Esta norma establece que “La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida por una/o de sus Ministras/os, por turnos anuales, a contar desde el 1 de abril de cada año, cuyo orden será determinado por Acuerdo del Pleno o desinsaculado mediante sorteo entre ellos” y que esta elección debe concretarse en el mes de diciembre de cada año.

De este modo y en un hecho histórico para la provincia del Chubut, una mujer presidirá por primera vez el Poder Judicial y al mismo tiempo, encabezará uno de los tres poderes del estado provincial. En la actualidad, el Dr. Mario Luis Vivas y el Dr. Alejandro Javier Panizzi ocupan dichos cargos y sus mandatos vencerán el próximo 31 de marzo de 2023.

En orden a lo dispuesto por las normas constitucionales, al existir al menos dos ministros que manifestaron a sus pares el deseo de presidir el cuerpo, se acordó entre los seis integrantes de la corte cumplir con el sorteo establecido, de modo que la Dra. Banfi resultó electa presidenta y el Dr. Báez vicepresidente.

La Dra. Camila Banfi Saavedra al igual que el Dr. Báez, la Dra. Silvia Alejandra Bustos y el Dr. Ricardo Alberto Napolitani asumieron en sus funciones a fines del año 2021 y en el primer acuerdo plenario concretado a principios de este año asumió funciones como presidenta de la sala penal, al igual que la Dra. Bustos se hizo cargo de la presidencia de la sala civil del STJ.

A la par del desarrollo de la labor jurisdiccional, la Dra. Banfi ha trabajado de manera vinculada con la Oficina de la Mujer del STJ para desarrollar distintas actividades capacitación y concientización sobre la problemática de género, especialmente en contexto de encierro y también hacia la comunidad.

En lo operativo le ha tocado reemplazar al Dr. Panizzi -con licencia por motivos de salud durante un tiempo – en la vicepresidencia del cuerpo y cumplió funciones institucionales en el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, como así también en un par de sesiones del Consejo de la Magistratura.

Por otra parte, y ante la necesaria aplicación de la Ley Provincial XV N° 30 -Ley de Juicio por Jurados- tanto Banfi como Báez han tenido a su cargo la coordinación de la “Comisión para la implementación, seguimiento, mejora y capacitación del sistema de Juicio por Jurado y Juicio por Vocales Legos”.

El máximo tribunal de justicia de la provincia revocó una medida cautelar que había dictado en febrero pasado el juez sustituto de El Bolsón que prohibía las tareas de prospección, cateo o explotación en territorios donde viven comunidades

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro admitió la apelación presentada por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la medida cautelar que había dictado el juez sustituto a cargo del juzgado multifueros de El Bolsón, Marcelo Muscillo, que prohibía las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera en territorios donde viven comunidades mapuches.

Con los votos de la jueza del STJ Liliana Piccinini y de sus pares Ricardo Apcarian y Sergio Ceci quedó sin efecto la medida cautelar que Muscillo había dictado el 11 de febrero pasado. La jueza Cecilia Criado se abstuvo, junto con el vocal del STJ Sergio Barotto. El máximo tribunal de justicia rionegrino dictó este jueves la sentencia, que se público el la página web oficial del Poder Judicial.

Piccinini recordó que el juez sustituto había ordenado además en la cautelar la prohibición del ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas correspondientes a las comunidades que presentaron un amparo colectivo contra la Provincia de Río Negro.

Sostuvo que el magistrado consideró «el impacto irreversible o de muy difícil remediación que conllevan las actividades mineras -desde sus inicios- en los territorios donde se desarrollan, lo cual significaría tornar ilusoria una eventual sentencia favorable, siendo ese el fundamento primario de cualquier medida cautelar».

Las comunidades mapuches presentaron la acción de amparo colectivo para frenar las exploraciones autorizadas, según surge del Boletín Oficial para las sustancias minerales de primera y segunda categoría en los Departamentos Pilcaniyeu, 25 de Mayo, Ñorquinco, 9 de Julio y El Cuy de Río Negro.

La Fiscalía de Estado alegó que si el objeto del amparo es paralizar la actividad minera, «mal puede disponerse como cautelar -mientras dure el proceso- impedir aquella». Sostuvo que el fallo era arbitrario, «en tanto omite considerar que la minería es una actividad lícita y se encuentra regulada normativamente mediante procesos que contemplan la explotación sustentable del recurso, la protección del ambiente y la participación de la autoridad de aplicación correspondiente».

Destacó que el otorgamiento de permisos administrativos de cateo/exploración por parte de la Secretaría de Minería se rige por la Ley 4941 de Procedimiento Minero «y se encuentra lejos de afectar el ambiente o los derechos de las comunidades».

Adujo que la resolución «es dogmática, prematura y desproporcionada por cuanto el sentenciante soslaya que las tareas que se vienen realizando son de exploración y no de explotación, sin impacto al ambiente ni acciones extractivas, como también elude toda consideración en torno al daño».

La defensora Oficial patrocinante de la comunidad Ancalao, Teresa Hube, solicitó que se rechace el recurso de apelación «por considerar que el Juez de amparo se limitó a decidir una medida preventiva que le impone la Ley General del Ambiente 25675».

El abogado Ezequiel Palavecino, invocando gestión procesal de Nehuen Loncoman, Felisa Curamil, Orlando Carriqueo, Ignacio H. Rivas, Paulo Pouso, Damiana L. Villanueva, Raul F. Llancaqueo, Norma E. Quidel, Carlos C. Huayquil, Sabino Morales y Sofía Bordenave solicitó que se rechace la apelación interpuesta por la Fiscalía de Estado.

Precisó que el objeto del amparo «no es paralizar la actividad minera sino hacer efectivo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas en Argentina» que prevé el Convenio OIT 169.

El procurador Jorge Crespo dictaminó a favor de la apelación interpuesta y sugirió revocar la cautelar «por considerar que el fallo avanza en cuestiones que hacen al fondo del asunto». Advirtió que aun «no existe certeza acerca de cuál es el territorio que habitan los requirentes y si este coincide -total o parcialmente- con las áreas que comprenden los permisos de cateo».

Fundamentos del fallo

Piccinini sostuvo que las prohibiciones dispuestas cautelarmente «coinciden -en esencia- con el objeto de la acción, conforme los términos en que se encuentra redactada la demanda, lo cual configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, razón por la cual corresponde admitir el agravio en consideración».

Planteó que las constancias de la causa «demuestran que no existe certeza -aun después del dictado de la sentencia en crisis- acerca de cuál es el territorio que habitan los requirentes ni si este coincide -total o parcialmente- con las áreas que comprenden los permisos alcanzados por la cautelar».

Afirmó que la resolución del juez sustituto «luce desprovista de un examen objetivo de los elementos de la causa y solo se sostiene en afirmaciones genéricas del magistrado que evidencian el carácter dogmático de la sentencia».

«Merecen ser atendidas las explicaciones brindadas por los recurrentes en el memorial, en cuanto enfatizaron que solo existen permisos administrativos de exploración -otorgados mediante procesos administrativos concebidos a tal fin y con intervención de la autoridad de aplicación correspondiente- sin impacto en el ambiente, según se indica en los informes técnicos acompañados al contestar la demanda», destacó Piccinini, con el apoyo de Apcarian y Ceci. Por eso, propuso admitir la apelación y revocar la cautelar.

Con fecha 31 de marzo de 2022, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, se remitió una nota al Presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Dr. Alejandro J. Panizzi, requiriendo nuevamente la eliminación del sistema de turnos para la concurrencia de los profesionales a los estrados judiciales (sistema implementado durante la vigencia de la pandemia de COVID-19).

Asimismo se solicitó la modificación del esquema de subrogancias oportunamente implementado mediante el Acuerdo Nº 4899/2020 en orden a los inconvenientes que el mismo genera en la tramitación de los expedientes judiciales.

“Aguardamos que las inquietudes planteadas sean receptadas y que podamos trabajar para mejorar el servicio de justicia, tanto en beneficio de los justiciables como de los profesionales del derecho”, destacaron desde el Colegio de Abogados.

Este lunes será el inicio del jury para juzgar al fiscal de Comodoro Rivadavia por mal desempeño en sus funciones. Será en el STJ de Rawson. También había sido cuestionado por el mismo organismo por su actuación en la causa ‘Revelación’.

Desde las 9 de la mañana de este lunes, en el Superior Tribunal de Justicia en la localidad de Rawson, comenzará el jury contra el fiscal comodorense, Héctor Iturrioz por mal desempeño en sus funciones. Piden su destitución.

El cuestionamiento a Héctor Iturrioz se basa en la evaluación que el Consejo de la Magistratura realizó sobre el desempeño de sus funciones. El fiscal comodorense también había sido cuestionado por el mismo organismo por su actuación en la causa ‘Revelación’.

El juicio – que había sido postergado en diciembre último – buscará juzgar al fiscal a raíz de que el Consejo de la Magistratura declaró insatisfactorio el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la evaluación que se realiza después de los tres años del nombramiento de los magistrados.

El Tribunal de Enjuiciamiento será presidido por Mario Vivas, actual presidente del Superior Tribunal de Justicia, en tanto los vocales serán los diputados provinciales Rody Ingram (Chuosoto) y Mónica Saso (FDT). Además, los abogados Eduardo Pinsker (foro de Trelew) y Juan Gutiérrez Hauri (foro Comodoro Rivadavia). La acusación estará a cargo del procurador general, Jorge Miquelarena.

El cuestionamiento a Iturrioz se basa en la evaluación que el Consejo de la Magistratura realizó sobre el desempeño de sus funciones, que asumió en 2014, por lo que uno de los cuestionamientos de la defensa fue que dicha evaluación se hizo vencido el plazo de 3 años que marca la ley, concretándose en 2019.

El fiscal también había sido cuestionado por el mismo organismo por su actuación en la causa ‘Revelación’, cuando ordenó la detención del ex ministro Martín Bortagaray, por lo que en su momento también se le realizó un sumario que derivó en un pedido de juicio político, pero luego quedó sin efecto por el principio de igualdad ante la ley.

En aquella circunstancia, también el fiscal Marcos Nápoli había requerido la detención del funcionario, que gozaba de fueros por su función política, mientras que el juez Piñeda había emitido la orden solicitada por los fiscales, pero tanto fiscal como juez no fueron sancionados por el Consejo.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, recibió ayer a representantes de la primera Asamblea Provincial y Pública de Jubilados, Pensionados y Retirados provinciales. Durante el encuentro, realizado en la Sala de Acuerdos del edificio judicial en Rawson, el sector planteó al ministro de la Corte que agilice el pago de los aportes patronales para los pensionados y retirados del Poder Judicial.

Panizzi recibió a Rosa Contreras, Claudia Iun y Sonia Serantes, representantes del sector de los pasivos de la administración pública provincial, quienes expresaron su preocupación por la constante demora en percepción por parte del Issys de los fondos correspondientes a aportes y contribuciones patronales de los trabajadores activos del Poder Judicial del Chubut.

La remisión de eso fondos, establecidos en la Ley XVIII Nº 32, se hace operativamente desde el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, y en ese sentido los representantes del sector pasivo solicitaron al STJ que se realicen las gestiones tendientes a normalizar las partidas, de manera de asegurar que los jubilados, pensionados y retirados del Poder Judicial puedan acceder a las actualizaciones de sus montos en el mejor tiempo posible.

Panizzi, junto al director de Administración del STJ, Mariano Pardini, se interiorizaron sobre el tema y expresaron su compromiso de viabilizar los mecanismos en pos de normalizar la situación.

La flamante nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi en diálogo con Crónica se refirió a distintos temas; habló sobre su nombramiento como jueza del Superior Tribunal de Justicia y de las críticas que se hicieron en torno al tratamiento de su pliego, destacó el hecho de que dos mujeres hayan llegado al máximo órgano de justicia de la provincia por primera vez, y también se refirió a la zonificación minera y al supuesto “blindaje” que tuvo por parte del gobierno el cuestionado proyecto. “Ahora que soy ministra del Superior Tribunal, pienso que, desde mi lugar, voy a poder darle una perspectiva diferente a ciertas temáticas”, sostuvo la abogada especializada en derecho penal.

Camila Banfi nació en Mendoza, en el año 1974. Se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en el año 2006 y se especializó en derecho penal. Su carrera estuvo marcada desde un principio por una gran pasión por la rama penal. “Estudié en la UBA, inicié la carrera en 1999. Cuando llegué al ciclo profesional orientado, decidí dedicarme a la rama del derecho penal. En el último año de la carrera, teníamos prácticas profesionales, que se hacen dentro de la universidad. En esa época, a mí me había interesado un trabajo que estaba haciendo el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Estuve trabajando un año en la cárcel de Ezeiza, ahí fue cuando di mis primeros pasos en temas de género y penales, siempre orientado hacia mujeres y hombres privados de su libertad”, contó la abogada.

Posteriormente, en el año 2006, Banfi se mudó a la provincia de Río Negro y comenzó a trabajar como abogada en el Patronato de Liberados. Más adelante, en 2007, decidió rendir un concurso para ser jueza de faltas. Trabajó en el municipio de San Carlos de Bariloche hasta el 2010, momento en el que se radicó en Comodoro Rivadavia. “El derecho penal siempre fue mi primer amor. Desde que elegí la carrera, supe que quería dedicarme a esto. Hice muchos cursos de especialización en esta rama, más allá de que también me gusta mucho la docencia. Durante mi estadía en Bariloche, hice muchos trabajos que tenían que ver con capacitación a diferentes entidades municipales. Por razones familiares, en el año 2010 vine a vivir a Comodoro. Empecé siendo funcionaria de Fiscalía y tuve la posibilidad de trabajar en casi todos los sectores. En el 2013, rendí un concurso para ser Fiscal General. Cuando ingresé en ese puesto, empecé a trabajar en delitos contra la propiedad, después tuve un tiempo en delitos contra la integridad sexual, y finalmente me dediqué a homicidios y delitos complejos”.

La tarea del fiscal: “Es un rol que te templa mucho el carácter”

Con el paso de los años, la nueva ministra del Superior Tribunal de Justicia fue progresando en su carrera dentro del Ministerio Público Fiscal. Así fue como en el año 2021, el Procurador General de la provincia le pidió a la mujer oriunda de Mendoza que ingresara como Jefa de Fiscales, tarea que comenzó en junio del año pasado. “La tarea del fiscal es apasionante, es un trabajo muy lindo, sobre todo el rol que tenemos en el proceso penal, no solo porque investigamos y obtenemos pruebas, sino porque, además de ser los titulares de la acción, tenemos que exponer las pruebas, la parte investigativa. Fue algo que viví con mucho entusiasmo durante todos los años en los que trabajé en la Fiscalía. Es un rol que te templa mucho el carácter, hay situaciones muy difíciles que uno tiene que enfrentar”, se sinceró la entrevistada.

El año anterior a asumir como Jefa de Fiscales, a Camila Banfi le habían consultado por la posibilidad de ser ministra del Superior Tribunal de Justicia. La propuesta llegó desde un sector del Partido Justicialista. Fue algo que la tomó por sorpresa, tal es así que la abogada especializada en derecho penal se tomó su tiempo para dar su respuesta final. “Me sorprendió el hecho de que, entre los nombres que se barajaban, apareciera el mío. Al principio me sorprendió, después, reflexionando, pensé en lo mucho que duele que las mujeres no puedan acceder a estos lugares de toma de decisión. La doctora Bustos y yo somos las primeras mujeres en llegar a la corte provincial en sesenta y tres años de historia. Yo estaba muy comprometida con mi tarea como fiscal, pero prometí analizar la propuesta. Ahora que soy ministra del Superior Tribunal pienso que, desde mi lugar, voy a poder darle una perspectiva diferente a ciertas temáticas, profundizar, por ejemplo, el trabajo en la oficina de la mujer del Superior Tribunal. Pienso que podemos hacer un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género”, sostuvo Banfi.

Compromiso con la institucionalidad

En otro tramo de la entrevista con este diario, Camila Banfi habló sobre su designación y cómo se dio el proceso en la Legislatura. La entrevistada destacó el orden que dieron los legisladores para la asunción de los nuevos ministros y se refirió a sus motivaciones más profundas para asumir el desafío de ser jueza del Superior Tribunal de Justicia. “Yo no veo a las mujeres como refundacionales, porque ya hay mujeres en otros lugares de toma de decisión”, resaltó Banfi.

“Cuando fui a la Legislatura, se dio un orden para que los ministros asumieran. Se quiso dar una impronta diferente, entonces juramos primero las mujeres, primero yo, después la doctora Silvia Bustos, y finalmente los hombres. Esto tiene un sentido, me parece que quisieron remarcar una prioridad para las mujeres. Pienso que, ahora, no es que están poniendo mujeres en el Superior Tribunal por el hecho de que tiene que haber mujeres, sino por el hecho de que hay temas especiales a trabajar, como la perspectiva de género”, reflexionó Banfi sobre su nombramiento y el de Silvia Bustos como ministras de la Suprema Corte provincial.

“No podemos esperar que arreglen todo de la noche a la mañana”

Camila Banfi hizo hincapié en los problemas que tiene actualmente el sistema judicial de la provincia, y puso el foco de análisis en el Superior Tribunal de Justicia, que viene trabajando a lo largo de los últimos años con dos ministros. Para tener en cuenta, hay que destacar que durante muchos meses hubo solo un juez, Mario Vivas, debido a que Alejandro Panizzi estuvo abocado a cuestiones de salud. Que el Superior Tribunal de Justicia haya trabajado solamente con un ministro, representa un hecho inédito. El hecho de que el gobierno haya avanzado para completar el tribunal, tiene que ver con una deuda que se tenía desde hace tiempo con el Poder Judicial, algo que fue celebrado por sectores de la política y también desde el mismo sistema de justicia.

“Lo primero que me mueve para ingresar al Superior Tribunal es un profundo compromiso por la institucionalidad. Sé que hoy atravesamos una crisis, que es un momento difícil pero, justamente, estos son los momentos en los que más fuerza tenemos que tener, los que ponen a prueba nuestra tarea. No podemos esperar que arreglen todo de la noche a la mañana. La nuestra fue una jura histórica, es muy importante que dos mujeres integren el Superior Tribunal de Justicia, creo que vamos a poder dar una impronta que esté referida a la perspectiva de género. En lo personal, es algo que voy a impulsar dentro del tribunal, creo que es una institución en donde podemos trabajar fuertemente este tema. Yo no veo a las mujeres como refundacionales, porque ya hay mujeres en otros lugares de toma de decisión. A partir de ahora, tenemos que sentarnos en un plano de igualdad con los varones” afirmó.

La Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que advirtió sobre lo sucedido en la sesión del 15 de diciembre y la investigación que se anunció respecto a la jornada legislativa donde se aprobaron los 4 pliegos para el Superior Tribunal, se designó al Fiscal Anticorrupción y se aprobó la Megaminería. Advirtieron que ante las sospechas, si los Magistrados asumen no se garantizará “la independencia interna y externa del Poder Judicial” para avanzar en la investigación.

La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial emitió un nuevo comunicado en el que volvió a insistir en las irregularidades y observaciones hechas respecto a la designación de los 4 ministros del Superior Tribunal de Justicia.

Esto lo hicieron los magistrados ante el anuncio efectuado el Procurador General de disponer “la formación de una comisión para investigar todos los delitos que se habrían cometido ‘de uno y otro lado’ en el seno de la Legislatura” el 15 de diciembre.

En dicha jornada se aprobó la “Zonificación” que fue derogada “en el marco de una coyuntura social extraordinaria, en la cual la ciudadanía le dio una lección de democracia directa al poder político”.

Es por ello que en medio de este contexto “la Asociación aguardaba, por parte de las personas seleccionadas para acceder a la máxima Magistratura provincial, el gesto ético de supeditar la asunción en el cargo hasta tanto se compruebe la existencia o inexistencia de delitos” en la jornada legislativa.

Esto no solo porque en esa sesión se aprobaron los pliegos sino que también se designó al Fiscal Anticorrupción y se aprobó la Ley de megaminería. Apuntaron que en el caso de los pliegos, “el proceso de selección no respetó la Ley V Nº 152 y se ignoraron numerosos cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales respecto de las postulaciones”.

Es por ello que se esperaba este “gesto ético” para “preservar la legitimidad del Poder Judicial, por cierto muy cuestionada por toda la ciudadanía y de velar para que el Superior Tribunal de Justicia no se vea impregnado de sospechas”.

Lamentaron que esas sospechas “subsistirán mientras no se dilucide que fue lo que realmente ocurrió y las motivaciones por las que se tomaron determinadas decisiones”.

Sin embargo, pese a este escenario, el STJ “ha decidido adelantar el acto de asunción de los designados”, apuntando la trascendencia del acto ya que por 1ª vez “en 60 años asumirán 2 mujeres, sin dimensionar el alto valor simbólico que tiene para la lucha por la igualdad de la mujer”.

Por ello, sentenciaron que “con la asunción de estas personas, seleccionadas en un acuerdo político confirmado en la cuestionada jornada legislativa (del 15 de diciembre), se configurará un cuadro de grave afectación a la independencia interna y externa del Poder Judicial en relación a tales investigaciones”.