“Hoy podés comprar plaguicidas en una ferretería, en lugares donde venden alimentos para mascotas, incluso en los supermercados. Tenemos una venta muy flexibilizada y la gente hace uso de ellos sin conciencia de los efectos”, dice Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y presidente de Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal) que nuclea a instituciones, asociaciones y universidades de 11 países de la región que investigan, capacitan y denuncian los efectos nocivos de estos productos en la salud socioambiental.
“Está tan naturalizado el acceso y uso de los plaguicidas que también en forma cotidiana se utilizan en las plazas, sobre los animales y hasta en el pelo de los niños con los piojicidas”, agrega Souza Casadinho que publicó recientemente una investigación sobre el uso en Argentina de plaguicidas altamente peligrosos. El informe indica que 107 productos que se usan acá están prohibidos o no autorizados en otros países. Y de ese total, 36 -es decir el 33%- son plaguicidas altamente peligrosos (PAP) según los criterios establecidos por la OMS y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).
Entre los plaguicidas fuertemente dañinos, que fueron vedados en otras regiones del mundo por su peligrosidad y posibilidad de generar deterioros crónicos en la salud de las personas, se destacan los herbicidas “Atrazina”, usado para controlar el crecimiento de malas hierbas en la agricultura y el “Paraquat”, aplicado tanto en el cultivo del tabaco como en el de hortalizas. El litro de estos productos se consigue en Mercado Libre a un valor de entre $600 y $700.
El medio litro de glifosato marca Roundup se ofrece en Internet a $850 y el envío del “potente preparado que elimina todo” corre a cuenta del comprador. Esta marca de herbicida, perteneciente a Monsanto-Bayer, es la misma por la que un jurado de la corte estatal de Oakland, en California, Estados Unidos, dictaminó que el gigante químico debía indemnizar a una pareja con el pago de 2.045 millones de dólares por causarle linfoma no hodgkiniano tras la exposición reiterada ante el producto. El jurado determinó que la compañía había actuado de forma negligente al no advertir sobre los riesgos asociados a este herbicida.
Políticas estatales que se resisten
Hace 33 años que Souza Casadinho trabaja con productores rurales y cuenta que para muchos de ellos está muy instalada la idea de que “pueden manejar” a los agrotóxicos. “Hay una especie de resistencia. Sobre todo en las producciones más extensivas, muchas veces el productor no vive en el predio y entonces ni siquiera toma dimensión de lo que está pasando y naturaliza el uso de plaguicidas”, señala el ingeniero agrónomo.
En muchos casos las personas expuestas a estos químicos “no toman conciencia porque usan los productos hace mucho tiempo”, otros argumentan que no tienen más opción porque es el único trabajo al que pueden acceder o “toman como fatalismo” cuando alguien les dice que el contacto continuo afecta la salud. “Existe un desconocimiento social sobre las características de los plaguicidas y sus grados de toxicidad. El trabajo pasa por sensibilizar y que el Estado tome decisiones a favor de la salud de las personas”, indica el presidente de Rapal.
“Se naturaliza lo que no es natural”
“Después está la naturalización de algo que no es natural. En Misiones, por ejemplo, se naturaliza que una familia, a su vez, naturalice que de tantos hijos uno va a tener una discapacidad. Se naturaliza que las mujeres, en zonas expuestas a fumigaciones, tengan abortos espontáneos, se naturaliza también que una persona se muera joven”, precisa el docente de la UBA y agrega: “Se naturaliza lo que no es natural y eso es lo que indigna”.
Hay varios motivos por los cuales se llegó a este punto; por un lado, la dependencia de los plaguicidas se fue incrementando en los últimos años con la expansión de los monocultivos y en este contexto del sistema establecido, Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo respecto a la utilización de semillas transgénicas. Por otro lado, tiene que ver con situaciones en las cuales se va creando dependencia de los químicos “que permearon tanto en la soja, el tabaco y también en los árboles frutales y las hortalizas”, dice Souza Casadinho. Se conjugan así algunos elementos, como la falta de regulación sobre plaguicidas que en otros lados están prohibidos y acá los seguimos usando y también, algo no menor, la inacción de implementar políticas de Estado que antepongan la salud de las personas sobre el lucro.
– ¿Hay alguna manera de revertir esta situación?
– Primeramente, la distancia prudencial, poner barreras entre plaguicidas y la gente, que no es la panacea pero ya marca algo, ese es un primer paso. Luego es importante determinar de qué manera se prohíben los plaguicidas altamente peligrosos y cómo se puede ir girando a producciones que sean sustentables. Los que trabajamos en esto decimos que se pueden poner barreras, se puede restringir el uso pero el tema es cómo cambiamos el modelo, ese es el gran desafío.
– ¿Es rentable la experiencia agroecológica?
– Sí, de hecho en Córdoba hay muchas experiencias de productores familiares, empresariales que están demostrando que es rentable, porque se baja los costos de producción y en consecuencia los ingresos son mejores. También porque los productores van hilvanando todo el ciclo, desde la autoproducción de semillas, la producción, la industrialización y comercialización, entonces vemos experiencias de media hectárea a 400 hectáreas con altísima rentabilidad. Como dicen muchos productores, mejoran sus condiciones de vida sin la utilización de agrotóxicos y esto lleva a querer producir de otra manera, a tener más tiempo libre, hay muchas cosas interesantes en este proceso. También la gente se pone contenta porque no contamina el ambiente, se relaciona de manera diferente con los bienes naturales. Es importante prestar atención a lo que uno come porque los efectos del plaguicida son progresivos.
El veto de Cosquín
En Argentina se utilizan alrededor de 200 mil litros de glifosato por año para fumigaciones. En este contexto, Damián Marino, doctor en Ciencias Exactas, especializado en química orgánica e investigador del Conicet en la Universidad de La Plata, halló en sus investigaciones que la atmósfera está contaminada y el agrotóxico además puede encontrarse en el agua de lluvia, también está presente en los productos elaborados a través de los cultivos resistentes al glifosato, como el algodón. En una zona fumigada, si uno levanta la cara hacia el cielo un día de precitaciones, recibirá agua y glifosato.
A sabiendas de los efectos del agrotóxico, a fines de septiembre de 2018, en Cosquín, el concejal Raúl Cardinali presentó un proyecto para prohibir la aplicación del herbicida, tanto en el ejido municipal como las reservas principales de la zona. Tras varios meses, el 17 de abril pasado, el Concejo Deliberante aprobó por diferencia de un voto, la ordenanza 3.735 en contra del agrotóxico. Tres semanas después el intendente Gabriel Musso vetó la medida.
A la salida de Cosquín, está el puente carretero y a unos tres kilómetros más adelante hay una estancia donde desde hace unos diez años se cultiva soja y maíz, y cuando se fumiga se hace hasta el alambrado que está pegado a la ruta. Si uno la atraviesa se da con el límite donde empiezan cuatro barrios e inclusive, muy cerca, hay una escuela. Las fumigaciones que alcanzan a esta zona fueron las que originaron el proyecto. “Pese a que las multinacionales digan que no, está archicomprobado que el glifosato tiene efectos letales, como el cáncer, enfermedades tiroidéas, malformaciones genéticas, linfomas y un sin número de enfermedades que se relacionan al uso y el contacto directo con los agrotóxicos”, indicó a este medio Cardinali, que además es médico.
Los argumentos del freno
El intendente, cuando veta, se resguarda en la ley 9.164, artículo 9 e indica que la prohibición del plaguicida resultaría contraria a la normativa provincial al vedar absolutamente en todo el territorio de la ciudad de Cosquín el uso y la comercialización de un producto químicos o biológico de uso agropecuario, “que no ha sido prohibido por la legislación provincial ni por el Senasa”.
“Musso pone como si esto generaría derechos adquiridos y sentara jurisprudencia para que otros municipios del interior puedan hacer lo mismo a nivel provincial y que la aprobación de esta ley sería un peligro para el resto de la provincia”, explica el edil haciendo una lectura sobre la decisión del mandatario municipal y agrega: “Entiendo que haya una jerarquía normativa, Nación, Provincia, municipio y que con el veto se argumente que la ordenanza sería inconstitucional, pero hay muchas leyes que se contraponen y ponen derechos en pugna». Tal vez de eso se trata, a veces, para poder cambiar cosas.
Las muertes silenciosas de Ituzaingó
En Córdoba existe la ley 1208 aprobada en 2014 que legisla la política ambiental, y en ella se prevé específicamente en el artículo tercero, la creación de una fiscalía especializada en delitos fiscales. Lleva ya cinco años sin materializarse, “eso muestra la falta de voluntad de darle a estos temas un marco de superioridad”, dice el ex fiscal Carlos Matheu quien siguió muy de cerca el reclamos de las madres de barrio Ituzaingó Anexo, cuando en el 2001, preocupadas por la notoria cantidad de casos de cáncer entre los vecinos, sin entender mucho por dónde empezar a cuestionar, se movilizaron por el derecho a vivir libres de fumigaciones. Trascendió que finalmente el juicio comenzaría, tras casi dos décadas de espera, en febrero de 2020, pero nadie hasta el momento salió a confirmarlo.
Matheu actualmente está jubilado y en los últimos años como funcionario público esperó por la concreción de la nueva fiscalía para poder abocarse de lleno a los casos de daños al medioambiente. Se cansó, pidió la jubilación y creó una fundación desde donde trabaja en causas como la contaminación del lago San Roque, o el caso de presencia de abesto en el colegio Garzón Agulla.
– ¿Qué representa el caso de la lucha de los vecinos de barrio Ituzaingó?
– Este caso es el originario. La denuncia se realizó en el año 2002 presentado por la Fundación para Defensa del Medio Ambiente (Funam), donde está el biólogo Raúl Montenegro. Él junto a muchos vecinos del barrio, que varios ya murieron, se pusieron este tema al hombro. En el 2008 trabajando como fiscal de Cámara tuve otra denuncia que la hizo en ese entonces el subsecretario de la Municipalidad de Córdoba, informando que el 1 de febrero de 2008 habían fumigado en esa zona. Empecé a investigar y en un año elevamos la causa a juicio, se llevó adelante el proceso y logramos la condena. Ahí se condenó a Francisco Parra, un productor agropecuario y Edgardo Pancillo, que fue el fumigador aéreo. Ambos fueron condenados a dos años de prisión en suspenso, con tareas comunitarias en centros con personas con cáncer. El Tribunal Superior confirmó la condena y sentó jurisprudencia. La apelación llegó a la Corte Suprema y ahí también se avaló la condena, rechazó el recurso y quedó firme el fallo. Ese peregrinaje sentó precedente. Ese juicio fue un apéndice del reclamo que al día de hoy lleva 17 años esperando.
– ¿Cuáles considera que serían las medidas más urgente para frenar las fumigaciones sin control?
– Lo primero es que desde fiscalía provincial debería haber un impulso a los fiscales de instrucción para que investiguen esto, sobre todo en el interior porque la mayor cantidad de casos están en esas localidades. En Marcos Juárez, por ejemplo, la tasa de mortalidad por cáncer es el doble que en Córdoba.
Hay mucha ineficiencia por parte de la Justicia, no es una sensación, es real. El caso Ituzaingó es el ejemplo de la inacción judicial.
Los efectos son nocivos y hay que investigar y regular. Por ejemplo, el registro de tumores de la provincia de Córdoba es muy contundente, ahí se ve que en los departamentos del interior se duplica la muerte por enfermedad de cáncer. Todo lo que es la pampa del sudeste provincial, allí, la tasa de mortalidad de cáncer es superior. Los registros muestran que hay 135 casos de cáncer en Córdoba capital cada 100 mil habitantes y en el interior provincial, en Marcos Juárez, San Justo, todo el sudeste, hay 269 casos de muertes por cáncer cada 100 mil habitantes. Y Canals es un caso muy notorio, desde el 1 de marzo de 2017 al 1 de marzo de 2018, es decir, en un año, murieron 111 personas en total, de las cuales 75 fueron por cáncer. La Justicia mira con indiferencia mientras los agrotóxicos cosechan estas muertes silenciosas.
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