La causa que investiga la presunta conformación de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting está a punto de iniciar el debate final para dilucidar la responsabilidad o la inocencia de un grupo de exfuncionarios y particulares.
El Ministerio Pública Fiscal determinó que, el ex mano derecha de Mario Das Neves y por entonces subsecretario de Unidad Gobernador, Diego Correa, junto a su secretario Diego Luthers, su pareja Natalia Mc Leod, el contador Federico Gatica y un grupo de amigos y personas de confianza, pergeñaron una organización a través de sociedades para quedarse con la reparación de viviendas, prestaciones de servicios en eventos y poner en marcha un ambicioso plan de consultorios médicos.
El juicio oral y público retomará después del primer intento fallido en febrero, donde los abogados penalistas de los imputados trabaron la continuidad del proceso con una batería de recursos.
La audiencia de hoy -prevista para las 9 en la Oficina Judicial de Rawson- no será la excepción y el defensor público Omar López, que patrocina a Juan Carlos «Tato» Ramón, planteará que antes de que inicie el juicio oral y público, la Corte Provincial debe resolver la impugnación de la resolución emitida por los jueces Alejandro Defranco, Adrián Barrios y Rafael Luchelli de la Cámara de Apelaciones de Trelew, que rechazaron las solicitudes de probation para seis imputados.
Los penalistas Damián D’Antonio y Fabián Gabalachis también irían en la misma dirección que López y se sumarían a la postergación del inicio del juicio oral y público hasta que el máximo órgano de la Justicia provincial resuelva sobre las probation de Natalia Mc Leod, Giuliana Mc Leod, Juan Carlos Ramón, Sandro Figueroa, el maestro mayor de obra Jorge Godoy y el exdirector de Viviendas Oficiales, Christian Gisande.
La intervención del Tribunal
El planteo sobre si el juicio debe frenarse o continuar producto de la impugnación en el Superior Tribunal de Justicia debería ser resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez.
Las complejidades son dos: En primer lugar, tendrán que aportar claridad con respecto a si el revés de la Cámara Penal de Trelew a los imputados que solicitaron probation es suficiente para que el juicio continúe; y en segundo término, se abre la posibilidad de que los abogados defensores «recuse» al Tribunal de Enjuiciamiento, por entender que ya emitió opinión (negativa) en torno a la suspensión de juicio a prueba.
En este escenario, los penalistas defensores vaticinan que si Soñis, Pérez y Rolón tienen la llave para definir si el juicio continúa o no, tendrían otra respuesta negativa a sus intereses, y en este caso se adelantarían con un pedido de recusación a los jueces.
Si esto sucede, se tendrá que conformar un Tribunal con nuevos jueces para dirimir este planteo.
