Audiencia preliminar por hurto agravado y abuso de autoridad
Días pasados se efectuó en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia prelimianar por un hecho acontecido el pasado 1 de abril de 2018 que tiene como imputados a dos miembros de la fuerza policial, Guillermo Díaz y Cristian Arroyo. El funcionario de fiscalía oralizó la acusación, ofreció prueba y requirió se eleve la causa a juicio. Por su parte las defensas no se opusieron a la elevación de la causa a juicio y también ofreció prueba de parte.
La audiencia preliminar fue presidida por Jorge Odorisio, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Facundo Oribones, funcionario de fiscalía; por la defensa de Guillermo Díaz actuó Fiorella Picón defensora particular; en tanto que la defensa de Cristian Arroyo la ejerció Ivo Di Taranto de la Defensa Pública.
En un primer momento el funcionario de fiscalía se refirió al hecho incluido en la acusación cuando el día 01 de abril de 2018 siendo las 05.30 hs. aproximadamente, en circunstancias en que las dos víctima se encontraban a bordo de un vehículo Renault 9 color gris, en inmediaciones a la plazoleta Petroleros sito en la calle Candelaria y Alas Argentinas, del barrio Prospero Palazzo de nuestra ciudad. Allí se hicieron presentes el Sargento Primero, Cristian Aurelio Arroyo y el Cabo Primero, Francisco Guillermo Díaz, ambos con prestación de servicios en la Comisaria Dto. Gral. Mosconi, a bordo de un móvil policial, y previo exigirles que desciendan del rodado, registraron el mismo sin orden judicial ni motivo habilitante, sustrayendo de su interior dos teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas. Posteriormente se encontró en el interior del móvil dicho policial, oculto debajo de la alfombra detrás del asiento del conductor, un teléfono celular.
Calificando jurídicamente el mismo como “hurto agravado por ser cometido por un miembro integrante de las fuerzas de policía, en concurso real con abuso de autoridad” en calidad de coautores para Arroyo y Díaz.
Asimismo el funcionario de fiscalía ofreció prueba documental y testimonial para deponer en el debate. También ofreció prueba la defensa de Díaz.
Finalmente el juez penal resolvió admitir la prueba ofrecida por las partes y elevó la causa a juicio oral y público ante un tribunal unipersonal, ya que la expectativa de pena para ambos imputados es de un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la función pública por dos años.
