Elisa «Lilita» Carrió asumió su condición de imputada en la causa que investiga en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla sobre una red de espionaje ilegal para promover una recusación clave. El objetivo fue el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, identificado con Justicia Legítima y a quien la diputada de Cambiemos acusó en el Consejo de la Magistratura en 2016.
Slokar integra la Sala II de la Cámara de Casación. Es la sala designada para revisar las decisiones que lleguen a esa instancia en la causa que se abrió en Dolores por la que fue detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio. La Sala II está conformada también por los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
Casación ya tuvo un primer pronunciamiento cuando consideró inadmisible un planteo de la defensa del fiscal Carlos Stornelli que promovía la recusación del juez Alejo Ramos Padilla cuando lo imputaron y llamaron a indagatoria. También confirmó las prisiones preventivas de los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, señalados como parte de la banda de D’Alessio.
Sin embargo, la expectativa está puesta en un fallo que tiene que definir la competencia de Ramos Padilla en esta causa, en donde se analiza una red de espionaje ilegal con lazos en el mundo político y judicial dedicado a hacer extorsiones y operaciones .
La resolución de Casación podría respaldar a Ramos Padilla al frente de la investigación o derivar el caso a Comodoro Py, como lo han pedido el fiscal de Dolores, Stornelli y el propio D’Alessio. Aunque Slokar es solo uno de los tres que deberán analizar la cuestión, en los pasillos de Comodoro Py se presupone que avalaría la competencia de Ramos Padilla -en sintonía con la Cámara de Mar del Plata-. Por eso, eyectarlo del expediente obligaría a convocar a otro magistrado de Casación que podría tener una mirada más favorable para que el caso llegue a los tribunales de Retiro.
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La recusación de Carrió para Slokar está motivada en una denuncia que ella hizo contra el camarista en el Consejo de la Magistratura y que hasta ahora no había tenido grandes movimientos. Esa presentación se hizo en 2016 pero se activó recién en las últimas semanas. Si para los primeros días de agosto no hay una definición, será archivada por el paso de los tres años establecidos por el organismo.
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El martes pasado estaba previsto votar la citación de Slokar por el artículo 20 (una suerte de indagatoria) en la comisión de Disciplina, que hasta ahora estaba encabezada por Miguel Ángel Pichetto. El anunciado alejamiento del senador del organismo luego de su decisión de competir en la carrera presidencial junto al presidente Mauricio Macri, complica las aspiraciones oficialistas para conseguir los dos tercios en cualquier decisión importante, como la promoción de un juicio político.
En 2016, Carrió denunció a Slokar por entender que frenó la causa de José López, el ex secretario de Obras Publicas condenado recientemente por enriquecimiento ilícito y devenido en arrepentido en la causa de los cuadernos.
Según Carrió, Slokar «no sólo ha faltado en forma manifiesta al principio de celeridad de justicia, y a la imparcialidad que debe imperar en todo proceso judicial sino que aprovechándose de la notoriedad pública que adquirió el caso del Ex Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, José Francisco López». Afirmó que por la detención en el convento «Slokar decide que es el momento ‘oportuno’ para resolver el recurso de casación interpuesto» en la causa, que había ingresado a esa sala en setiembre de 2013, «es decir casi tres años después el magistrado decide impartir ‘justicia'».
Con copias de esta recusación y artículos de diarios, Carrió sostuvo ante Casación el pedido de apartamiento de Slokar en la causa de Dolores: «Habiendo sido notificada de mi carácter de ‘imputada‘ en la causa en los términos de los arts. 73 y 279 del Código Procesal Penal de la Nación, por parte del Dr. Ramos Padilla -y sin perjuicio del proceder que al respecto adopte en el expediente principal-, constituye mi derecho solicitar el inmediato apartamiento del magistrado señalado, para todos los actos e instancias de la causa, que a partir de este momento, me tendría como imputada», según se desprende de la documentación a la que accedió Infobae.
La diputada afirmó que «es evidente que un juez no puede juzgar con absoluta imparcialidad a una persona que promovió su juicio político, como lo hizo la suscripta». Carrió incluyó en su petitorio que «para el improbable supuesto que no se declara admisible el planteo recusatorio impulsado» se ordene que «Slokar se inhiba de conocer en la presente causa».
Ahora, Slokar deberá responder si se aparta de la tramitación del expediente, como reclama Carrió. Y en caso de rechazarlo, serán sus pares los que analizarán los argumentos de la diputada y del juez para decidir si corresponde su apartamiento.