La actividad no convencional en materia de hidrocarburos no es algo que se haya explotado mucho en la provincia. De hecho, el yacimiento D-124, hasta el momento aparece prácticamente virgen. Uno de los motivos está vinculado a los altos costos para explorar.
Inversión millonaria
Se estima que sólo por un pozo se requiere un desembolso de 10 millones de dólares. Y es una inversión puramente de riesgo, porque se trata de exploración y en caso de dar negativa la prueba, no hay ningún tipo de retorno. Y si el pozo “sale bueno”, se tardan dos años en recuperar lo invertido.
En julio podría comenzarse con cuatro pozos convencionales para explorar en la Cuenca San Jorge, aunque mucho dependerá del equipamiento. Se está trabajando para abaratar los costos o se maneja la posibilidad que pudieran bajar equipos desde Vaca Muerta en Neuquén, aunque dicha posibilidad es lejana teniendo en cuenta el ritmo al que avanza el yacimiento.
Se debe ir a una profundidad de 4.200 metros y hoy en Chubut no hay instrumentos para hacer semejante perforación.
Aranceles
En otro orden, dentro de la discusión petrolera en la Mesa del sector, se planteó l una reducción de aranceles a la importación de insumos, que hoy varía entre el 12 % y el 14%. La posibilidad de eliminar las retenciones ha sido descartada ante la necesidad recaudadora del Gobierno Nacional.
Según las voces del sector, se podría llegar a recurrir a una Resolución que data de 2017 para solicitar un 10% de reducción de la tasa, por ejemplo, de polímeros que se traen para producir desde Alemania o China.
El razonamiento tiene que ver con el doble aporte de la industria en la Cuenca del Golfo San Jorge, tanto por las retenciones, como por los derechos de importación a los insumos necesarios para poner en funcionamiento la producción.
Mes a mes el Gobierno Nacional retiene 60 millones de dólares por retenciones a las exportaciones petroleras de Chubut. Esto a partir de una decisión del año pasado que afectó también a la industria, algo que nunca había ocurrido, pero que surgió como una meta fiscal dentro del acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional.