Lo confirmó el subsecretario de Hábitat y Vivienda Popular del Municipio, Carlos Vargas, respecto a las cinco viviendas sociales destinadas a familias en situación de vulnerabilidad de derechos. Las mismas fueron licitadas a fines del año pasado y son financiadas con presupuesto del Ejecutivo local en distintos barrios de la ciudad. “Son muchas las estrategias que elaboramos desde el área para llegar con soluciones a cada lugar en donde se nos necesita”, aseguró.
Cabe recordar que, los beneficiarios de este tipo de viviendas se definen de acuerdo al grado de vulnerabilidad de derechos de los grupos familiares, situaciones complejas de salud o la necesidad inmediata por haber sufrido la destrucción total de los hogares a causa de incendio.
En ese marco, el funcionario municipal explicó que “desde la Dirección de Emergencia Habitacional de la Subsecretaría, contamos con un equipo de profesionales, especializados en la construcción y asistencia social que interviene en este tipo de casos, realizando un seguimiento de cada pedido de vivienda para posteriormente llamar a licitación y dar una respuesta a la problemática habitacional”.
“En el caso de estas cinco familias, la obra de las viviendas sociales fue licitada el año pasado, con un plazo de ejecución de 180 días, en los barrios Stella Maris; San Cayetano; Fracción 14; Ciudadela y Jorge Newbery”, detalló e informó que “por razones sociales, familiares, no se ha podido dar inicio a la vivienda del Jorge Newbery que esperamos poder resolver para el mes en curso”.
En ese tenor, el subsecretario señaló que “estamos avanzando, brindando respuestas a todas las familias que necesitan un techo; en algunos casos con la construcción de una vivienda social y en otros, con la entrega de materiales para el mejoramiento de la infraestructura con la que ya cuentan”.
“La idea es poder dar el acompañamiento necesario a estas familias desde el Estado, en pos de mejorarle la calidad de vida”, sostuvo y reconoció que “desde principios de año, se ha registrado una demanda en aumento por la crisis económica-financiera a nivel general y, tenemos más de 500 pedidos formales, en su mayoría originados por la problemática del desempleo, lo que nos obliga a evaluar cada caso, según otros ejes que antes no considerábamos”.
