Tres defensores de los imputados de la causa “Embrujo” cuestionaron la legalidad de las escuchas telefónicas que permitieron avances sustanciales en la investigación.
Sin embargo, tras un breve cuarto intermedio, el Tribunal que integran los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón, decidieron por unanimidad rechazar el pedido de las defensas al remarcar que las escuchas «han sido resguardadas conforme el protocolo de actuación que existe para ello» y que «los discos no han sido adulterados», así lo informó Radio3.
Una vez retomada la jornada, continuó declarando Juan Carloz Nuñez quien fue interrumpido a menos de media hora de comenzado su testimonio por los defensores Damián D’Antonio y Omar López, quienes pidieron interrumpir el testimonio y que el principal testigo de los fiscales abandone la sala: objetaron ante el tribunal que el testigo se estaba refiriendo a cuestiones por las cuales no había sido convocado alterando el legítimo derecho a la defensa de los imputados.
Destacaron en el inicio de su argumentación que el Código Procesal obliga a las partes a anticipar los aspectos sobre los que los testigos declararán para de esta manera, ir preparados al debate.
“El cuestionamiento es porque nuestro testigo se está refiriendo a cuestiones que a la defensa no le conviene”, replicó el fiscal general Omar Rodríguez.
Las preguntas de López al testigo Núñez fueron parte de una estrategia de los abogados de los imputados apuntada a la posible alteración de la cadena de custodia. Nuevamente Núñez tuvo que salir de la sala para que los defensores D’Antonio y López argumentaran sobre sus sospechas sobre las intervenciones telefónicas.
“Hay evidencias de que las escuchas fueron alteradas. Por eso no confiamos en la cadena de custodia”, dijo D’Antonio.
En el mismo sentido se refirió a la filtración periodística de esas escuchas en algunos medios de comunicación de la zona y a la falta de participación de los defensores en el control de la cadena de custodia. Basándose en una acordada de la Corte Suprema de Justicia de mayo pasado indicaron además que las escuchas de esta causa “con las nuevas tecnologías bien podrían haberse alteradas o editadas”.
“Esas pruebas son ilícitas”, agregó el defensor López. Fabián Gabalachis adhirió en nombre de los cinco imputados que defiende.
“El comisario Núñez es una persona íntegra, pero no cumplió con lo que dice la legislación sobre la cadena de custodia”, insistió Gabalachis.
CADENA DE CUSTODIA GARANTIZADA
El fiscal Alex Williams se refirió al protocolo que guía la cadena de custodia, los códigos de barras que identifican los cd de las escuchas y la participación que durante el proceso los fiscales dieron a los defensores. “El propio fiscal Rodriguez le llevó el CD al defensor Gabalachis un fin de semana”, dijo Williams.
El fiscal general Rodriguez apuntó que la cadena de custodia que se usó en este caso “es la misma que se aplica en todo el País. La cadena de custodia estuvo garantizada. Si hubiesen tenido los defensores alguna duda en su momento, deberían haber pedido los originales y no lo hicieron”, destacó. Los querellantes adhirieron a los argumentos de los fiscales y pidieron a los jueces que no prospere la nulidad planteada por los defensores.
LA INVESTIGACIÓN DE NUÑEZ
Durante 21 años el ex comisario Núñez ocupó las jefaturas de las brigadas de Investigaciones de Rawson y Trelew. Comenzó a investigar el caso “Embrujo” en diciembre del año 2017 por directivas del fiscal general Omar Rodriguez.
Todo nació de un informe contable de un contador del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. La primera tarea fue la de dar con la sede de Sepat S.R.L. de la calle Velero Vesta de Trelew. Lejos de encontrar la sede de una empresa, se encontraron con un domicilio particular. Así surgieron los nombres de Natalia Mc Leod, pareja de Diego Correa, por entonces a cargo de la Unidad Gobernador del gobernador Mario Das Neves.
De allí en más comenzaron a surgir el resto de las vinculaciones con los otros integrantes de la asociación ilícita que se investigaba, domicilios particulares como sede de empresas, vehículos del grupo, las vinculaciones con la Unidad Gobernador y la contratación de obras y servicio del Estado.
La identificación de cada uno de los integrantes del grupo y las intercepciones telefónicas para registrar llamadas y mensajes varios que se intercambiaban, fueron determinantes para acelerar la investigación. A esta altura de la investigación ya tenían identificadas las empresas, los vehículos de los integrantes y domicilios de cada uno de ellos.
Los numerosos viajes al exterior de la pareja que integraban Natalia Mc Leod y Diego Correa, no solo llamaron la atención, sino también que profundizaron las sospechas y las pesquisas.
“Diego Luters tenía un papel preponderante porque atendía los llamados en nombre de Correa, como si fuera él”, dijo Núñez. Luego comenzaron los planteos de los defensores para tirar abajo su testimonio y en cadena, que caiga toda la investigación.