La Justicia Federal de Mar del Plata procesó por «abandono de persona» a los dueños del buque pesquero San Antonino, que naufragó en septiembre de 2016 en un siniestro que dejó tres tripulantes fallecidos y otros tres desaparecidos.
El juez Santiago Inchausti, que lleva adelante la investigación del caso, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los empresarios Juan José Antonio Di Iorio, de 60 años, y Alfredo Solimeno (62), como coautores de ese delito, agravado por «el resultado de muerte».
En su resolución, a la que tuvo acceso Télam, el magistrado fijó además un embargo por $10 millones para cada uno de ellos.
A su vez, dictó la falta de mérito para Antonio Solimeno, quien también era dueño en menor proporción del buque pero no estaba vinculado con su actividad pesquera, y para seis miembros de Prefectura Naval Argentina (PNA) y un agente marítimo.
Si bien la investigación no logró determinar aun las causas del hundimiento ni los motivos de las fallas de los equipos de salvamento, el eje del procesamiento fue la presencia a bordo del San Antonino de un marinero que no estaba registrado como parte de la tripulación cuando zarpó del Puerto de Mar del Plata a las 4.30 del 1 de septiembre de 2016.
El pesquero naufragó frente a las costas de Chapadmalal antes de las 6, minutos después de que Claudio Zerboni, el capitán, informara que una entrada de agua sufrida «era irreparable mediante tareas de achique y el hundimiento era inminente», según consta en la causa.
Tras el naufragio, se supo que en el buque no viajaban cinco personas, como constaba en los registros oficiales, sino que había un sexto tripulante: Gonzalo Nicolás Godoy.
La irregularidad terminó de confirmarse cuando el buque Madonna Di Giardini, el primero que llegó a la zona tras declararse la emergencia, halló el cuerpo de Godoy.
También fueron encontrados los cadáveres de Sergio Alejandro Juárez y Carlos Mario Campos, mientras que los de Zerboni, Alejandro Ricardenez y Pablo Pardo nunca fueron recuperados, así lo informó Diario Jonada.
El juez consideró que la falta de inscripción de Godoy entre los tripulantes «lo dejó en una situación de desamparo, desde el momento mismo de su falta de registro» y recordó que esa irregularidad fue advertida «al ser una de las personas fallecidas aparecidas, ya que de otro modo hubiera sido más dificultoso probar su presencia en el buque».
Entre las pruebas que tuvo en cuenta el magistrado figuran el testimonio de la hermana de Godoy, que aseguró que aunque el marinero «no tenía libreta», uno de los dueños «lo fue a buscar» para que se embarcara.
Héctor Ricardenez, hermano de otro tripulante, declaró por su parte que «en ese barco se venía haciendo que salían cinco y una persona más sin libreta».
«En todo momento, quienes llevaron a cabo las tareas de rescate tuvieron en consideración la cantidad de tripulantes, que en definitiva no era real», sostuvo el fallo.
En cuanto a las posibles causas del siniestro, el juez consideró que más allá de peritajes realizados en los restos de la embarcación, hallados a 35 metros de profundidad, «es necesario contar con mayores elementos y continuar la investigación».