El nuevo Protocolo para la Atención Integral para las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo fue publicado hoy con notables actualizaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina. La resolución es innovadora ya que incluye a las razones de salud psíquica y mental de la gestante entre las variables a considerar para interrumpir un embarazo.
La publicación generó el rechazo del Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel «Tucho» Fernández, que apuntó tanto al gobierno de Mauricio Macri como a la oposición: «El gobierno nacional saliente acaba de publicar en el Boletín Oficial el Protocolo para la interrupción del embarazo. Está hecho, y parece que en este tema se juntan todos», escribió Fernández en su cuenta de Facebook.
El domingo, arzobispo -muy cercano al papa Francisco- había criticado el anuncio del presidente electo, Alberto Fernández, de enviar al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto a la brevedad. La decisión fue también criticada por su antecesor en la Arquidiócesis de La Plata, monseñor Héctor Aguer, que tildó de «abortista» al presidente electo.
El «se juntan todos» de Tucho Fernández pareció englobar, también, al gobernador electo por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: desde su entorno se dejó trascender hoy que se pondrá en vigor el nuevo protocolo para los hospitales de la provincia. La gobernadora María Eugenia Vidal había suspendido su aplicación, un par de años atrás. Vidal finalmente se manifestó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
La actualización del protocolo publicada hoy contempla a la salud «desde una perspectiva integral donde es posible identificar una serie de situaciones relacionadas con factores de vulnerabilidad social como contextos de violencia de género (no sólo violencia sexual sino de todos tipos y modalidades de violencia contemplados en la ley 26.485) inequidades en las condiciones de vida, limitaciones de autonomía, etc… que pueden hacer que un embarazo ponga en riesgo la vida de una persona».
El protocolo, destaca además el derecho a la interrupción del embarazo sin «incurrir en discriminación alguna e incluye en su línea de atención a todas las personas con posibilidad de gestar un embarazo, sin ninguna distinción relativa a su identidad de género ni a las prácticas sexuales que pudiera llevar a cabo».
En la actualidad el aborto no es considerado un delito en nuestro país cuando se solicite para evitar un peligro en la vida o la salud de las personas o cuando el embarazo sea producto de una violación. Pero muchos médicos e instituciones se niegan a practicarlo.
El nuevo Protocolo no solo actualiza las circunstancias para acceder a este derecho, también enfatiza que «todo el personal del efector de salud (incluyendo administrativo y de seguridad) es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a la interrupción del embarazo cuando este ponga en riesgo la vida o la salud de las personas o sea producto de una violación», informó La Nación.