La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le propuso al gobierno mexicano la reinstalación del grupo de expertos que participaron en la investigación del caso de los 43 estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, al considerar que los resultados de la investigación obtenidos hasta ahora «han sido infructuosos».
Mediante un comunicado publicado anoche, la CIDH informó que el pasado 3 de diciembre envió al Ejecutivo la propuesta de reinstalar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Explicó que después de cinco años de la emisión de la medida cautelar, la Comisión activó varios de sus mecanismos para atender las solicitudes de los familiares y dijo que en su trabajo de seguimiento, la CIDH «ha podido constatar el interés en avanzar en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, aunque los resultados han sido infructuosos».
Además, la Comisión «ha notado que persiste una serie de desafíos en la investigación», entre otros, la falta de detenciones o la liberación de personas presuntamente vinculadas.
La CIDH recordó que desde que tomó conocimiento sobre la desaparición de los 43 estudiantes solicitó al Estado mexicano «tomar medidas para la búsqueda, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas de los ataques», reportaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Posteriormente, en consenso con el Estado y los representantes de los familiares, la CIDH creó el GIEI, que brindó asistencia técnica a las autoridades estatales y presentó las conclusiones de su trabajo en dos informes con recomendaciones dirigidas al Estado.
Sobre los retos de la investigación, la CIDH destacó que existe una investigación fragmentada, la falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada y la falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión.
Además, expresó «su preocupación por las decisiones judiciales que condujeron a la liberación de personas presuntamente vinculadas con los hechos y que podrían tener información valiosa sobre el paradero de los estudiantes».
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Según la versión oficial, los estudiantes fueron incinerados en un basurero y sus restos lanzados a un río.
Sin embargo, el GIEI creado por la CIDH, que investigó el caso, echó abajo la versión al considerar imposible científicamente que los cuerpos fueran quemados en el basurero de Cocula.
Además, pidieron investigar el tráfico de droga en colectivos de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, las redes de telefonía, así como la actuación de los militares esa noche.
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, el caso se reabrió creándose una comisión especial únicamente para el caso que causó grandes trastornos a su antecesor Enrique Peña Nieto, blanco de críticas de todos los sectores de la sociedad por su fracaso en las investigaciones, señaló Télam.
