La Justicia designó un interventor informante para una red de farmacias patagónicas vinculadas a las supuestas maniobras de lavado de activos adjudicadas al entorno del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.
Se trata de las sociedades farmacéuticas «Del Pueblo SA», «Del Sur SA», «Farmacia Río Turbio SCS», «Farmacia Moderna SCS», «Llaneza Hermanos SA», «Llaneza y Asociados SA», «Llaneza y Asociados Río Grande SA», «Llomar SRL», «Patagonia Sur Salud SA» y «Santa Cruz Salud SA».
Sus representantes legales, los hermanos Rubén y Leonardo Llaneza, están procesados como presuntos coautores de «lavado de activos de origen delictivo agravado» en la derivación del caso cuadernos que investiga a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti y su supuesta red de testaferros.
El interventor informante fue designado por 12 meses con posibilidad de prórroga por el juzgado de Claudio Bonadio, en una decisión avalada por la Cámara Federal.
Para intervenir las sociedades farmacéuticas, se sostuvo que «en virtud de la investigación llevada a cabo, podía sostenerse que parte de los bienes y sociedades propiedad de los nombrados habrían sido adquiridos con dinero espurio o podrían haber sido utilizados para el lavado de dinero, por lo cual resultaba prudente designar un interventor informante en las empresas».
El interventor deberá confeccionar primero un «informe de situación económica de las firmas al comienzo de la actividad, dando cuenta de la composición societaria y patrimonial y movimientos financieros» y luego enviar informes cada 30 días.
La defensa de los dos empresarios intentó sin éxito revocar la medida porque, argumentó, «es falso lo señalado» en cuanto al origen del dinero utilizado para la adquisición de las empresas. Según esta postura, Muñoz y Pochetti «no invirtieron fondos» en las farmacias sino que el fallecido ex secretario de Kirchner, «sólo compró acciones de algunas sociedades» y el dinero de esa compra «quedó en manos de los accionistas y no de las firmas en cuestión».
Además aludieron a falta de definición de las tareas encomendadas al interventor informante.
La Cámara ratificó el nombramiento. «La medida dispuesta resulta razonable, ante la necesidad de asegurar los elementos de prueba y demás fines del proceso».
En esta parte de la investigación se analiza la «posible» participación de los Llaneza y los demás imputados en la hipótesis delictiva: la adquisición de las firmas con «dinero espurio o su utilización para el lavado de dinero». Aparecieron como socios de otro procesado, Temístocles Cortez.
«El camino comercial de ambos indica que el ex secretario del presidente Kirchner se asoció con Cortez y los socios de éste -Rubén y Leonardo Llaneza-, al instituirse en accionista del grupo «Llaneza y asociados». De este modo, mediante el aporte de U$S 3.000.000, cuyo destino fueron diversas cuentas suizas, Muñoz se vinculó al rubro farmacéutico en el sur de la Argentina», sostuvo la Cámara cuando confirmó los procesamientos.
