El presidente Alberto Fernández informó durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa que ordenará el «ascenso post mortem» de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en las profundidades del Atlántico Sur en noviembre de 2017 sin encontrarse aún fehacientemente esclarecidas las razones de la tragedia que enlutó al país.
“Quiero dedicar un instante a las víctimas del submarino ARA San Juan”, dijo Alberto Fernández al promediar su discurso de este domingo pasado el mediodía y recordó que ese trágico hecho no sólo había marcado a los familiares y a los camaradas de los tripulantes caídos, sino al país entero. “Ha marcado a la sociedad argentina: los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas -dijo el Presidente. Vamos a honrar y mantener viva la memoria del los submarinistas ordenando el ascenso post mortem de cada uno de ellos”.
La decisión ya había sido adelantada por miembros de su gabinete a los familiares de los tripulantes, cuando el 10 de febrero pasado, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió en su despacho a buena parte de las 44 familias de los marinos y les comunicó la intención presidencial de considerar oficialmente como “muertos en acto de servicio” a todos los integrantes de la tripulación militar de la embarcación -tal como lo establece la legislación vigente-, adelantándoles que el anuncio se haría durante la apertura de sesiones, lo que finalmente ocurrió este domingo.
En simultáneo con el anuncio presidencial, Rossi expresó en redes sociales: «Desde el primer día de nuestra gestión nos comprometimos con los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan a trabajar por la memoria y el honor de los 44. El anuncio del Presidente @alferdez es un reconocimiento a todos ellos. #AscensoPostMortem».
https://www.facebook.com/1426373070912699/posts/2472436536306342/
“Muerto por la Patria”
Según informa diario Infobae, en la práctica, la decisión presidencial de ascender a los tripulantes del ARA San Juan tiene dos efectos curiosamente contrapuestos. Por un lado, implica uno de los máximos reconocimientos que la Nación otorga a un militar fallecido, al exaltar su condición de “muerto por la Patria”. Pero lo paradójico es que, de la mano del ascenso post mortem, terminará el pago por parte del Estado Nacional de los sueldos militares tal como se está realizando.
En efecto, la Armada Argentina dejará de pagar haberes, y los familiares con derecho a pensión comenzarán a percibir éstas -de un monto obviamente menor- a través del IAF (Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares).
Así, la viuda de un tripulante del San Juan dejará de percibir el total del sueldo correspondiente al grado de su esposo o pareja, para pasar a cobrar alrededor del 50% de lo que corresponderá al sueldo del nuevo grado que se le concedió al difunto.
Además, muchos padres o hermanos que en su carácter de “apoderados” perciben hasta el presente los haberes de sus “poderdantes”, dejarán de hacerlo, ya que la pensión se le reconoce sólo a esposos o convivientes y a los hijos. Los padres y hermanos no heredan jubilaciones o pensiones salvo que estuvieran legalmente a cargo del difunto.
Antecedentes
Usualmente, se requiere alrededor de tres años para que la justicia civil transforme la desaparición de un tripulante en servicio en “desaparición con presunción de fallecimiento”. Es recién a partir de este estado civil, que la familia sobreviviente puede iniciar trámites sucesorios y tener acceso a la pensión correspondiente, entre otros trámites.
Si bien el pecio -nombre que reciben los restos de un barco hundido- del San Juan está perfectamente identificado, la imposibilidad de recuperar los cuerpos de los fallecidos, creó un cierto limbo judicial que comenzó a esclarecerse hace algunos meses cuando la justicia expidió el primero de los certificados de desaparición con presunción de fallecimiento.
Fuentes cercanas al presidente Alberto Fernández aseguraron a Infobae que se evalúa el envío al Congreso Nacional de una ley específica que regule una pensión diferencial -similar a la que reciben los Veteranos de la Guerra de Malvinas- a fin de que la fuerte merma salarial que sufrirán las familias de los difuntos sea compensada con un haber complementario y que también los padres de los 44 tripulantes reciban una compensación. Actualmente las pensiones de guerra a nivel nacional rondan los $ 48.000 mensuales.
