Ayer se dio a conocer la confirmación de la sentencia de primera instancia para los diez integrantes de la banda que cometía ilícitos en perjuicio de la administración pública provincial.
Los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) Alex Williams y Omar Rodríguez estuvieron “muy satisfechos” con la confirmación del fallo, ambos coincidieron que es un momento muy especial, recordaron momentos difíciles de la investigación y los escasos recursos con lo que contaron. Fue una investigación muy compleja para los fiscales y la confirmación del fallo fue “culminante”.
Para ambos fiscales, es la primera vez en el país que se logra la confirmación de una condena bajo la figura de “asociación ilícita” y” lavado de dinero de la corrupción”, con penas altas y el recupero de aproximadamente $ 100 millones el Estado.
El Tribunal integrado por los jueces de Camara, Alejandro Gustavo Defranco, Roberto Adrián Barrios y Rafael Lucchelli tras analizar cada una de las impugnaciones planteadas por los abogados defensores, en un fallo de 247 páginas, resolvieron confirmar la sentencia de primera instancia impuesta oportunamente por los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolon, en la cual fueran condenados Diego Miguel Correa, Diego Lüters, Daniela Souza, Natalia Mc Leod, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Cristian Gisande, Jorge Aníbal Godoy y Federico Gatica. Cabe mencionar que en el fallo de segunda instancia, solo se modificó la condena a Natalia Mc Leod, los camaristas concluyeron en bajar su condena, a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional, con inhabilitación perpetua para acceso a cargos públicos y el pago de la multa de $ 525.000 y dispusieron su libertad.
Para ambos fiscales la difusión pública en la causa “Embrujo” fue muy importancia, ambos coincidieron en que la gente tiene que ver qué pasó y tiene que tener la publicidad que ha tenido este caso. “Fue uno de los objetivos nuestros que la sociedad sepa que hacíamos y cómo. Qué pasó en determinada época con determinados funcionarios. Consideramos que la sociedad es el único órgano que puede controlarnos a todos. ¿Qué hacen los fiscales?, ¿Hacen bien su trabajo?, ¿Lo hacen mal, más o menos? El gran desafío nuestro era primero mostrarles a los jueces lo que nosotros habíamos encontrado. Y después mostrar la película completa a la sociedad. Después vinieron por supuesto las sentencias, que son sentencias muy importantes, con penas altísimas, 10 años supera el mínimo de un homicidio. No son penas menores”. La sentencia de Cámara confirma el gran esfuerzo que realizaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Wiliams junto a todo su equipo de trabajo.
El resto de las condenas fueron confirmadas de la siguiente manera, para Diego Correa, confirmaron la pena de 10 años de prisión y al pago de la multa de $ 22.294.000 más otros $ 5.000.000, e inhabilitación perpetua, por considerarlo autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para el Secretario Diego Lüters se confirmó la pena de 5 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y al pago de la multa de $ 750.000 por considerarlo autor de los delitos de miembro de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para Daniela Souza se confirmó la pena de 4 años de prisión por considerarla autora de los delitos de miembro de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe, y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Para Sandro Figueroa se confirmó la pena de 3 años y cuatro meses de prisión por considerarlo autor del delito de miembro de asociación ilícita. Para Juan Carlos “Tato” Ramón se confirmó la pena de 3 años y tres meses de prisión por considerarlo autor de los delitos de miembro de asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipe necesario. Para Rubén Darío “Bedo” Reinosos se confirmó la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor. Para Cristian Gisande se confirmó la pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en carácter de autor. Para Jorge Aníbal Godoy se confirmó la pena de 2 años y ocho meses de prisión en suspenso por considerarlo autor del delito de enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario. Para el contador de la ciudad de Trelew, Federico Gatica se confirmó la pena de 4 años de prisión y pago de una multa de $ 5.000.000 por considerarlo autor del delito de lavado de activos.
Los protagonistas de una lucha contra la corrupción y su difusión
Para ambos fiscales la difusión pública en la causa “Embrujo” fue muy importancia, ambos coincidieron en que la gente tiene que ver qué pasó y tiene que tener la publicidad que ha tenido este caso. “Fue uno de los objetivos nuestros que la sociedad sepa que hacíamos y cómo. Qué pasó en determinada época con determinados funcionarios. Consideramos que la sociedad es el único órgano que puede controlarnos a todos. ¿Qué hacen los fiscales?, ¿Hacen bien su trabajo?, ¿Lo hacen mal, más o menos? El gran desafío nuestro era primero mostrarles a los jueces lo que nosotros habíamos encontrado. Y después mostrar la película completa a la sociedad. Después vinieron por supuesto las sentencias, que son sentencias muy importantes, con penas altísimas, 10 años supera el mínimo de un homicidio. No son penas menores”. La sentencia de Cámara confirma el gran esfuerzo que realizaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Wiliams junto a todo su equipo de trabajo.
“Embrujo” una causa emblemática de asociación ilícita y lavado de dinero
La causa Embrujo nace cuando el olfato de un integrante del equipo multidisciplinario de la Procuración General observa un dato clave: la dirección de una de las empresas involucradas en el contenido del denominado “sobre bomba” –el que fue dejado en la Legislatura Provincial- coincidía con la dirección particular de Diego Correa. Se trata de la empresa insignia denominada Dual Core. Allí, comienza una investigación donde se detecta que las cosas van mucho más de lo que se pensaba y los delitos por corrupción en el Estado se iban sumando sin solución de continuidad.
La causa recibe su nombre (Embrujo) después de que una escucha detecta que uno de los involucrados y posteriormente condenado, Juan Carlos Ramón, tenía una especie de “asesor” en su vinculación con Correa que lo guiaba en cuanto a los pasos que tenía que dar sobre todo cuando la plata comenzó a faltar en la organización. Con acento de algún país caribeño, el hombre comenzó a actuar con un verdadero “mano santa”. De allí, el “apodo” con el que se conoció la causa, primero entre los investigadores y después en la opinión pública.
En aquel momento, Diego Correa era el secretario privado del ex gobernador Mario Das Neves y siempre fue sindicado como el verdadero jefe de la organización ilícita dedicaba a saquear al Estado. La figura de la Asociación Ilícita era la calificación justa para su rol. Y efectivamente Correa fue condenado por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta a 10 años de cárcel.
Producido por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Publico Fiscal -Oficina Rawson.