La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresó su repudio y profunda preocupación por los crecientes casos de violencia institucional denunciados en distintas provincias, principalmente en Chubut, desde que comenzó la cuarentena.
“Desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio se han registrado más de un centenar de casos de violencia por parte de algunos efectivos de las fuerzas de seguridad, en su enorme mayoría contra personas de los sectores vulnerados. Entre las víctimas se registraron personas en situación de calle, vecinos de los barrios populares e inclusive trabajadores en tránsito hacia sus lugares de trabajo”, aseguraron desde la entidad gremial.
“Los casos se registraron en al menos unas diez provincias. Entre ellas Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Jujuy, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. En algunas de estas jurisdicciones miembros se constató el uso de formas de tortura y humillación pública. Este es el caso de Puerto Madryn, provincia de Chubut, donde dos mujeres fueron obligadas por personal policial a desnudarse en una Comisaría”, cuestionaron.
En Chubut, “la metodología represiva salió a la luz luego de que se filtrara un audio del comisario Paulino Gómez (director de Seguridad de la Policía del Chubut), en el que este le ordena a un subalterno que ‘saque detenga y demore gente’. Gómez afirma en el audio que el ministro, por el titular de Seguridad, Federico Massoni, le reclamaba que no había detenidos. Posteriormente al hecho, el ministro Massoni justificó los dichos filtrados en el audio y ratificó a Gómez en su cargo”, criticaron.
Algunas de las denuncias fueron presentadas formalmente por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Otras, no obstante, solo trascendieron por videos subidos a las redes sociales por las propias víctimas y sus vecinos. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha intervenido en varios de los casos mencionados.
Por esa razón, desde CTERA exigió a las autoridades de Chubut la urgente aplicación de las medidas para prevenir la violencia institucional, redoblando los mecanismos de control sobre los efectivos. “En igual sentido reclamamos el inmediato apartamiento de los efectivos acusados por hechos de ésta índole y el pronto procedimiento de los sumarios correspondientes”, plantearon.
La entidad gremial recomendó denunciar todo caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales en los canales dispuestos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que son el teléfono 0800 122 5878 y el correo electrónico dnpcvi@jus.gov.ar
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