Un mes después del inicio de la epidemia, España todavía no ha encontrado la manera de contar de forma fiable los muertos causados por el coronavirus. Los datos ofrecidos diariamente por el Ministerio de Sanidad se han revelado como insuficientes para dar una imagen siquiera aproximada de la magnitud de la tragedia. La falta de kits diagnósticos y la decisión de contabilizar solo a los fallecidos que han dado positivo en las pruebas ha dejado fuera de los registros a miles de personas muertas en residencias, domicilios particulares y también en los hospitales más colapsados.
Pero España cuenta con un segundo sistema diseñado precisamente para detectar y medir los episodios de sobremortalidad causados habitualmente por la gripe o las olas de calor. Es el denominado Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que gestiona el Instituto de Salud Carlos III y que aunque ha detectado el fuerte impacto del virus en algunas comunidades —Castilla-La Mancha, por ejemplo, ya triplica la mortalidad esperable—, es incapaz de dimensionar la epidemia ante el colapso de los sistemas de información de los registros civiles, de los que se nutre de datos.
La plataforma informática a la que vuelcan las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones y licencias de enterramiento expedidas el 92% de los 8.100 registros civiles que hay en España se ha quedado desfasada desde que se declaró el estado de alarma. La herramienta, llamada Inforeg, permitiría disponer de una imagen casi en tiempo real de los fallecimientos, pero los registros están en servicios mínimos para limitar la presencia física de funcionarios en las dependencias. En Madrid, por ejemplo, se ha pasado de 180 a 14 funcionarios. En muchos registros pequeños hay solo una persona. Los que acuden a su puesto, aseguran fuentes de Justicia, están centrados casi en exclusiva en tramitar las inscripciones de defunción y las licencias de enterramiento, por lo que, sobre todo en las zonas más azotadas por la pandemia, ha dejado de actualizarse los datos a Inforeg.
Además, la aplicación no estaba preparada para trabajar en remoto y Justicia ha habilitado en los últimos días un sistema para que algunos funcionarios que teletrabajan puedan ir avanzando.
Justicia ha asumido la imposibilidad de actualizar Inforeg y el pasado sábado dictó una instrucción en la que pedía a los registros que enviaran diariamente una relación del número de defunciones, las licencias de enterramiento expedidas, localidad de defunción y si la muerte se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual. Pero la mayoría de los partidos judiciales no están mandando esa información. “Sabemos que es difícil porque es un trabajo añadido y estamos siendo comprensivos”, señalan fuentes de Justicia.
“Es la única forma de poder ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados”, dice la instrucción. Las fuentes consultadas en Justicia sostienen que, en cualquier caso, el objetivo no es hacer un recuento de fallecidos por coronavirus paralelo al de Sanidad, sino saber la carga de trabajo de cada registro y el desfase que acumula Inforeg para valorar si es necesario incrementar los servicios mínimos en algunos partidos judiciales.
“Nos falta mucho aún por conocer de la magnitud real de la epidemia”, admitió en una entrevista reciente a EL PAÍS la directora del Instituto de Salud Carlos III, a que por ahora solo ofrece datos parciales, allí donde dispone de series más largas el MoMo da una idea del gigantesco aumento de la mortalidad que ha causado. El de Castilla y La Mancha entre el 14 de marzo y el 7 de abril asciende al 205% (más del triple), con casi 4.000 fallecimientos registrados en lugar de los 1.300 esperables según las series históricas. Del “exceso de mortalidad” de 2.686 personas, el recuento diario de Sanidad recoge menos de la mitad.
Las otras comunidades con mayores incrementos de la mortalidad son Castilla y León (164%), Navarra (160%) y Madrid (149%). Son datos provisionales. La cifra de fallecidos recogidos por el MoMo sigue aumentando a diario desde hace 10 días a medida que van llegando con inusitado retraso los datos de los registros civiles. Dos ejemplos son la comunidad más golpeada por la epidemia, Madrid, que no dispone de datos desde el pasado día 1, y La Rioja, la que mayor incidencia del virus sufre en relación a su población, que solo recoge información de cuatro días (entre el 20 y el 23 de marzo).
Por ahora no se puede atribuir estos excesos de mortalidad directamente a una sola causa como sería el infradiagnóstico de Covid-19; puede haber otras, como que el colapso del sistema sanitario haya impedido atender correctamente a algunas personas, que enfermos no hayan recurrido a las urgencias por miedo a contagiarse o bien que se haya producido lo que los epidemiólogos llaman “efecto cosecha” o mortalidad adelantada: que los fallecimientos de personas con salud más deteriorada se hayan adelantado unos meses. Este efecto tardará meses en poder comprobarse.
En los últimos días dos tribunales superiores, el de Catilla-La Mancha y el de Madrid, han ofrecido datos de licencias de enterramiento. En el primer caso, los permisos para inhumar a personas fallecidas por coronavirus o con sospecha de padecerlo son casi el triple que el dato oficial. En Madrid, los datos de entierros apuntan a que las muertes por coronavirus pueden ser 3.000 más que las de la estadística oficial, que solo incluye los casos confirmados con test.
Fuente: El País