El afgano de 29 años sospechoso del mortal tiroteo en Washington D.C. que costó la vida a una guardia nacional se radicalizó dentro de Estados Unidos, según confirmaron altas autoridades este domingo.
La fiscalía federal adelantó que, además de cargos por asesinato, podría imputarle delitos de terrorismo y buscar para él la pena de muerte.
De acuerdo con la información reportada originalmente por la agencia Deutsche Welle, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en una entrevista con NBC News que el presunto tirador, identificado como Rahmanullah L., se radicalizó «desde que llegó a este país» a través de «conexiones en su comunidad y estado de origen». El individuo ingresó a EE.UU. mediante un programa de reasentamiento para afganos tras la retirada militar de 2021.
Una investigación con giros políticos
Mientras la fiscal general Pam Bondi señaló al programa de acogida del expresidente Joe Biden por realizar «una investigación mínima o escasa», reportes de prensa revelaron una circunstancia que añade una capa de complejidad política: fue durante el gobierno de Donald Trump cuando se le concedió el asilo al sospechoso en abril de 2025.
«Esta persona no debería haber estado en nuestro país», aseveró Bondi en declaraciones a Fox News. El sospechoso, residente del estado de Washington, había realizado un largo viaje en auto a través del país para llevar a cabo el ataque a pocas cuadras de la Casa Blanca, un hecho que conmocionó a la nación en vísperas del feriado de Acción de Gracias.
Los cargos y el futuro proceso
La víctima fatal, Sarah Beckstrom de 20 años, servía en la Guardia Nacional. Su compañero también resultó herido en el incidente. Rahmanullah L., quien fue reducido y hospitalizado tras el tiroteo, enfrentará cargos por asesinato en primer grado.
La posibilidad de que la fiscalía busque la pena de muerte se enmarca en un contexto donde Estados Unidos experimenta un aumento significativo en las ejecuciones. Según datos de la agencia Associated Press, 2025 es el año con más ejecuciones federales desde 2012, con 35 casos hasta noviembre, un fenómeno impulsado principalmente por estados como Florida, Texas y Alabama.